Imposible creer

Más vale que las Farc declaren sus capitales y reparen a sus víctimas antes de hacer política legal.

Todo indica que las Farc van a desmovilizarse sin aceptar que disponen de cuantiosos recursos y que, mucho menos, van a reparar a las víctimas de su propio bolsillo. Las declaraciones de 'Marcos Calarcá' a RCN son reiterativas en esa posición: “No tenemos posibilidades económicas de reparar. Nosotros brindamos nuestra propia fuerza de trabajo para hacer las reparaciones necesarias”.

Hasta ahora nadie le ha preguntado al Gobierno y a las propias Farc lo más obvio, que se desprende de la negativa a reconocer su riqueza: ¿qué va a suceder si se comprueba, luego de firmado el acuerdo final, que las Farc poseen capitales ocultos bien sea directamente o a través de testaferros? ¿Perderán los beneficios judiciales pactados? ¿Cuál será el destino de esos capitales y bajo qué tipo de justicia se procederá a su expropiación, si es que se va a proceder?

Es crucial que el asunto se discuta antes de que las Farc comiencen a participar en la política legal. De lo contrario, las suspicacias que levantará el gasto en movilizaciones, campañas, publicidad y toda actividad proselitista será una espada de Damocles sobre las Farc. La clase política y la oposición serán reacias a aceptar los resultados electorales de los partidos y movimientos asociados a las Farc ya en la legalidad, así como la veracidad de su capacidad de convocatoria. Reclamarán que son el producto de una financiación ilegítima.

Hay buenas razones para la desconfianza. Las Farc han podido negociar en términos muy distintos que los paramilitares porque han demostrado ser una organización capaz de centralizar sus decisiones y disciplinar sus distintos frentes. Se sabe también que la centralización incluye el manejo de las finanzas. Por lo que es apenas lógico suponer que luego de décadas de beneficiarse del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y, recientemente, de la minería ilegal, dispongan de una caja de al menos varios cientos de millones de dólares. Es imposible creer que todas estas ganancias se fueron en financiar la guerra. Sobre todo si se tiene en cuenta que, de nuevo a diferencia de los paramilitares, han sido una organización que no paga sueldo a sus combatientes.

Más vale, entonces, que las Farc declaren sus capitales y reparen a sus víctimas antes de hacer política legal o, por lo menos, que se muestren dispuestas a asumir la pérdida de beneficios judiciales si se comprueba lo contrario.

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