Domingo 22 de Octubre del 2017

Impunidad e inmunidad

Alias “Andrés París”, uno de los caradura de las Farc que negocia en La Habana con el gobierno la “paz” en Colombia ha fijado los términos precisos de las ambiciones de dicha banda, muy a tono con el acuerdo que firmaron hace algunas semanas donde brilla por su ausencia la mención, así sea tangencial, de la responsabilidad del grupo narcoterrorista en la escalada de violencia que ha vivido el país, ni de la necesidad de que responda ante la justicia por ello. Un silencio clamoroso que sus razones tendrá.

 

Expresó “París” a un noticiero el pasado 10 de septiembre que el Marco Jurídico para la Paz (MJPP) no los satisfacía. “En la mesa –indicó arrogante- debemos construir un nuevo marco legal que contemple las amnistías, que contemple los indultos. Que contemple, ante todo, antes de las formas jurídicas, las formas políticas que den la garantía a la fuerza insurgente para transformarse”. Y añadió: “La no extradición está garantizada por nuestra postura. No la aceptamos. No va a ser elemento que se incorpore en un proceso como amenaza o chantaje. Sencillamente, es irrealizable un proceso de paz poniendo en la perspectiva la extradición de los comandantes guerrilleros. Está más cerca Uribe Vélez de pasar por estas instancias que los comandantes guerrilleros”.

 

Amnistía, indulto, garantías políticas a los insurgentes, no extradición: he ahí el inventario preciso de las exigencias de los “insurgentes”. Y su tono es perentorio. Si los paramilitares aceptaron suspensión condicionada de las órdenes de extradición, las Farc no permitirán que se “incorpore en un proceso como amenaza o chantaje”. Primero se va Uribe Vélez extraditado que los “comandantes guerrilleros”. No es una comparación inocente: es el anuncio reiterado de las intenciones de las Farc en La Habana, expresado por varios cabecillas. De ese tamaño son las pretensiones de los narcoterroristas.

 

El asunto pinta espinoso. Muchos se preguntan si es posible que la dirigencia de las Farc acepte confesar los delitos cometidos, ser juzgados y condenados, pagar cárcel, comprometerse a no reincidir so pena de perder los beneficios obtenidos, y que sobre sus cabezas penda la extradición. Y de contera perder la posibilidad de ejercer derechos políticos como el de ser elegidos u ocupar cargos públicos. No parece. De entrada han negado cualquier conducta criminal: los secuestros son “retenciones económicas” (una especie de procedimiento administrativo para cobrar impuestos); no tienen vínculos con el narcotráfico; no han hecho sufrir a nadie en Colombia, simplemente son víctimas que han sido forzadas por el Estado y la oligarquía a defenderse. (Podría uno preguntar, de insolente: ¿y entonces para qué amnistía e indulto, si son unos ángeles impolutos?)

 

De todos modos el Estado (gobierno, congreso, aparato judicial) está metido en el berenjenal y por lo que se palpa anda afanoso buscándole salida. Ya anunciaron el Mininterior Carrillo y el presidente del Senado –el “loco Barrera” como lo calificó su cofrade Benedetti- que no habrá leyes reglamentarias del MJPP hasta que no se definan en La Habana estos temas. En el entretanto una bandada de consejeros presidenciales y asesores, parlamentarios, “pazólogos”,  magistrados de altas Cortes, anda devanándose los sesos para idear las fórmulas que permitan a los criminales el tránsito virginal de las selvas al Capitolio (y a la Casa de Nariño, si fuere el caso), como atravesando un cristal, para usar un símil bíblico, “sin romperse ni mancharse”.

 

Lo que uno palpa es que en esas esferas abunda “voluntad política” para cranear subterfugios.  Contando con ella no será difícil hallar las fórmulas para hacerle el quite al Tratado de Roma que prohíbe tales amnistías e indultos, o despescuezar la Carta para eliminar la extradición, entre otras lindezas. Preguntado Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en entrevista que publicó El Tiempo el 8 de septiembre, sobre cómo hacerlo, respondió: “Ya lo dijo el Presidente de la República: habrá que recurrir a imaginación e innovación.” No dudamos que en la cúpula del régimen hay cacumen de sobra para estos menesteres. Ya el mismo Santos nos dio una lección imperecedera de imaginación para torcerle el cuello a la Constitución y las leyes con el desmonte aparatoso de la reforma a la justicia. El magistrado Zapata, al igual que varios de sus colegas de la CSJ, no es menos avezado. Baste recordar la iluminada tesis que aplicaron para imponer la candidata de Santos a la Fiscalía, la señora Viviane Morales: una precisa norma legal puede desconocerse sin problema por ellos, basta que sea “por una sola vez”. Ni para qué mencionar la ingeniosa doctrina que llevó a anular los correos de los computadores de alias “Raúl Reyes” como prueba judicial.

 

Lo que nos viene pierna arriba es alarmante. Quiero comentar a manera de ejemplo dos declaraciones recientes sobre el particular. En primer lugar, las contenidas en la entrevista aludida al presidente de la CSJ, que inexplicablemente han pasado desapercibidas para la opinión crítica, y que son un adefesio, proviniendo sobre todo de tan alta jerarquía. 

 

El principio rector de Zapata es que la paz está por encima de todo, inclusive de la justicia, de la cual uno supone que es celoso guardián. Al leerlo se colige que sin una dosis elevada de impunidad es imposible pensar en la paz. “No podemos tapar el sol con las manos: ha habido masacres, miles de muertes de inocentes, y eso deberá examinarse, pero no como algo insuperable. Para eso existe la llamada justicia transicional, que es una novísima técnica de ingeniería social que no solo concibe la justicia con carácter retributivo -procesos penales nacionales e internacionales-, sino que también contempla la justicia con carácter restaurativo -comisiones de investigación, de la verdad, fondos de reparación-, pero también la justicia transicional tiene un carácter institucional -reformas de toda índole y la consolidación del Estado de derecho-.” Masacres, muertes de miles de inocentes, ese no es un problema “insuperable”; para eso está la “justicia transicional”, para lavar los crímenes a través de una “reingeniería social” que transforme la vieja justicia punitiva, el derecho penal basado en el castigo, por la justicia “restaurativa” (basada en la ausencia del mismo, se supone).

 

Comisiones de investigación, comisión de la verdad, fondos de reparación… Una burla a la justicia, sin duda, pero eso no es todo. El mismo MJPP es ambiguo y algunos parlamentarios lograron introducirle limitantes, como excluir de la “conexidad” con el delito político los crímenes de guerra y lesa humanidad. De allí que Zapata clame: “Desde el punto de vista jurídico, en los próximos meses debemos emplear toda la creatividad y el conocimiento para desarrollar la reglamentación del marco legal para la paz, con instrumentos de justicia transicional que conecten y equilibren los deberes del Estado de investigar y sancionar con la expresa voluntad de la guerrilla de reincorporarse a la vida civil.” ¿Puede haber “equilibrio” entre los intereses de la guerrilla y el deber del Estado investigar y sancionar los delitos? No creemos. O hay la sanción merecida o prevalece la impunidad. 

 

Pero la tarea de desatar ese nudo gordiano no es imposible, en este país de leyes y doctrinantes. Juristas de la talla de Zapata, solo comparable a los egregios Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla en su momento, no se arredran ante tamaña empresa. Preguntado si puede concederse amnistía, dadas las limitantes conocidas, aseveró sin inmutarse: “La ley la hace el hombre. Los obstáculos jurídicos, como la proscripción de amnistías e indultos, se superan con instrumentos adecuados como los que le mencionaba y la firme voluntad de los alzados en armas de someterse a ellos.” El MJPP ofrece un escape expedito: la selectividad. El Congreso en su sabiduría (¡!) estableció que, como la aplicación de la ley de Justicia y Paz no se ha dado de manera cabal pues de miles de paramilitares juzgados solo unos pocos han sido condenados, la solución en este caso no es corregir las falencias del proceso anterior para que la justicia penal sí sea expedita y eficaz, si no declararse derrotada de antemano, incapaz de abocar el fenómeno delincuencial y reducirse a juzgar unos casos especiales, “seleccionados” dentro del total, excluyendo el resto, es decir renunciando a su persecución judicial.

 

“De lo que se trata es de corregir errores anteriores. Se debe priorizar, volver selectiva la persecución penal”, pontifica Zapata, como si nada. Valiente guardián de la justicia. Qué dirán las víctimas sobre semejante adefesio. Al igual que de manera irresponsable, para satisfacer a la guerrilla y facilitarle salidas al gobierno, echa por la borda la “jurisprudencia” que generó la CSJ para negarle a 25.000 o más paramilitares rasos que se presumía no habían cometido delitos de lesa humanidad, una especie de indulto. Ahora la doctrina es otra y con los guerrilleros rasos no habrá problema, se les podrá perdonar. La razón, traída de los cabellos: “Hay mecanismos, incluso jurídico- penales, por aplicar, como la obediencia forzada, el estado de necesidad o la coacción. No hay duda de que un guerrillero de mínimo rango está sometido no solamente a la fuerza de la violencia de los comandantes, sino a la muerte, porque si desobedece, su vida va a peligrar”. Pobrecitos. (Otra pregunta impertinente: ¿y los paramilitares rasos no estaban cobijados por la misma situación? ¿Por qué no se aplicó en su caso tan sabia tesis?).

 

Sería demasiado prolijo comentar la sugerencia de “perdón social” esbozada por Zapata, consistente en últimas en que la sociedad le pida perdón a la guerrilla. Retoma la escabrosa doctrina de las “causas objetivas” del conflicto, dejando en el aire la impresión de que efectivamente los narcoterroristas son unos “rebeldes sociales” llenos de elevadas intenciones y la sociedad la culpable de que se haya desatado la violencia. “La paz es una resultante de factores sociales, políticos, económicos y culturales –preconiza el presidente de la CSJ-. Hay que reconocer que somos uno de los países más desiguales de América Latina. Es preciso que el proceso trace políticas ambiciosas en esto, para que fluya sin dificultad el retorno de los guerrilleros a la vida civil y sea un real reencuentro de compatriotas.” Remediar las que el entrevistador denomina “causas primarias que originaron la guerrilla”, requerirá, en opinión de Zapata un alto costo. Para que los “rebeldes” se reinserten hay que premiarlos “según el perfil que tengan”, o como lo dijo el acuerdo de La Habana, “según sus intereses”. Por ejemplo: “Hay que darles tierra. El Estado tiene tierra. Hasta hay baldíos muy fértiles para crearles infraestructura adyacente”. Entrados en gastos…

 

Las otras declaraciones preocupantes son las del presidente del Congreso, Roy Barreras, el 18 de septiembre, en rueda de prensa, comentando el proyecto en trámite de reforma política conocida como ley de “transfugismo”, para proponer que se adicione con una norma que haga segura y atractiva la transformación de los narco-guerrilleros en organización política legal. En sus palabras, hay que blindar “las opiniones de todos los que se han acogido a la democracia, o lo hagan en el futuro” para que no puedan ser “amedrentados”. Y la mejor manera es establecer normas constitucionales que permitan “que el ejercicio de la oposición radical pero democrática no tenga amenazas por órganos de control o cortes que le coarten su capacidad de opinar, tiene que tener autonomía”. Inmunidad frente a los órganos de control (Procuraduría, Contraloría) y las Cortes para la “oposición radical” resultante del acuerdo de “paz”, para que puedan opinar sin cortapisa, blandir sus amenazas e improperios, denigrar de las instituciones. Ese es la última presea que se les quiere otorgar. Ni siquiera los congresistas colombianos –como la mayoría de los del mundo- disponen de inmunidad parlamentaria para poder expresar libremente sus opiniones y emitir su voto, pues de ello los despojó la Carta del 91. Y todos los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley, que a la vez que protege la libertad de expresión, la limita para impedir que se atente contra el buen nombre y la honra de las personas, verbi gracia. Ahora a los Timochenkos que se desmovilicen, en el Congreso o fuera de él, se les concederá el privilegio insólito de difamar y calumniar a su antojo, sin que autoridad alguna pueda intervenir.

 

Primero impunidad, después inmunidad para los narcoterroristas. Es el azaroso futuro que nos anuncia el flamante proceso de “paz” en marcha.

 

* Director Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC)

Otros artículos en

Sin Categoría

Este es un espacio para que el lector comparta su opinión sobre el contenido del portal, que puede ser expresada en forma libre y sin restricciones siempre y cuando guarde el debido respeto a las ideas ajenas y no contenga expresiones despreciativas u ofensivas. La Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC) se reserva el derecho a borrar los comentarios que en su opinión contravengan esos principios y deja constancia de que no necesariamente se identifica, comparte o está de acuerdo con los comentarios de los lectores.

Para comentar, por favor ingrese o regístrese

Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia - Presidente Vitalicio: Álvaro Uribe Vélez
Cra 13 No. 48-50 Oficina 709 - Tel: 3107724587 - Bogotá, Colombia - Atencion@pensamientocolombia.org

Esta página no contiene errores y cumple todas las especificaciones del "WORLD WIDE WEB CONSORTIUM - W3C"

HTML5 Válido CSS 3 Válido! RSS Válido