La justicia no es justicia. Es un remedo de justicia que se usa cuando el Estado ha sido incapaz de someter a un enemigo armado.

Por eso hay que resignarse a que las Farc se beneficien de este tipo de justicia. No los años de cárcel que según el Código Penal merecen por sus crímenes. Castigo únicamente para los mandos responsables de los peores delitos, condenas reducidas, y compromiso de contar la verdad, resarcir a las víctimas y no volver a las andadas.

Estos beneficios no se dan por bondad ni por olvido, sino porque es la única manera de lograr que las Farc firmen la paz. La justicia transicional es una gran injusticia para las víctimas, y sólo se justifica como precio de la paz.

Por eso mismo la propuesta del expresidente Gaviria plantea un problema enorme: ¿acaso los militares o civiles que han cometido delitos seguirían delinquiendo si no se les conceden esos mismos beneficios? O peor, ¿acaso las Fuerzas Armadas son un enemigo del Estado, a quienes éste, además, no ha podido someter?

La razón, dice Gaviria, es el principio de igualdad: sería injusto que “los generales fueran a la cárcel mientras los guerrilleros hacen política”. Esto es verdad en la justicia ordinaria, donde delitos iguales deben tener castigos iguales. Pero en la justicia transicional a cada quien debe perdonársele el mínimo necesario para que deje de matar: acá no cabe la igualdad, sino apenas el aporte de cada quien a la paz.

El punto de Gaviria no es entonces la justicia: es la política. En su opinión —y la de todos los políticos— sería inaceptable que los militares o los civiles que apoyaron a los grupos armados fueran castigados mientras los guerrilleros fueran perdonados. Lo que se viene entonces es la amnistía general, el perdón para políticos, empresarios y agentes del Estado, todos juntos por la puerta del acuerdo con las Farc.

No dudo yo del talento político de Gaviria: el referendo ampliado que propone tendría el apoyo de la izquierda y la derecha. Tampoco dudo del lastre que sería dejar pendiente la cuestión del castigo para los políticos, empresarios y militares por sus delitos contra el pueblo colombiano durante estos 50 años.

Sólo que esto no es justicia. Ni es tampoco justicia transicional. Es una decisión política de nuestros dirigentes de perdonarse como lo han hecho siempre (tras las guerras del siglo XIX, tras “la Violencia”…), y que esta vez debe pasar bajo el radar de los tratados internacionales.

En Colombia no existe la fuerza ciudadana para impedir la injusticia que este perdón significa para quienes no fuimos responsables de una historia criminal. Las cortes extranjeras podrían poner —o no poner— peros tan bien fundados como si estamos ante una autoamnistía o si se pueden excluir, como propone Gaviria, las culpas por omisión.

En un país con la historia de Colombia, tal vez sea esto lo menos malo que podemos esperar. Pero es muy poco. Y muy triste.