El 12 de febrero de 2014, la represiva e inepta élite que gobierna Venezuela ordenó mi arresto por cargos de conspiración, incendio provocado, incitación a la violencia, daño a propiedad pública y otros crímenes. Más tarde esa semana, después de dos visitas sorpresa del presidente de la Asamblea General al hogar de mi familia, me fue sugerido que buscara refugio en una embajada extranjera.

En cambio decidí entregarme a las autoridades el 18 de febrero del 2014 y enfrentar el juicio que el régimen había planeado. Tomé esta decisión plenamente consciente de los riesgos que enfrentaría y las posibles consecuencias de un juicio políticamente motivado con una judicatura comprometida. Así que el 10 de septiembre del 2015 cuando la jueza Susana Barreiros me sentenció a más de 13 años de cárcel, no sentí remordimientos por la decisión que había tomado. Fui condenado con base en la absurda idea de que usé “mensajes subliminales” en mis discursos sobre la no violencia para incitar violencia durante las protestas de febrero del 2014.

Ahora estoy en confinamiento solitario en una celda de 7×10 pies que no tiene más que una cama sencilla, un inodoro y una pequeña repisa para unos pocos cambios de ropa. No tengo permitidos materiales de escritura, y el único libro que me permiten es la Biblia. Ni siquiera tengo una luz o una vela para cuando oscurece. Aunque todo esto ha sido duro para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren de grandes sacrificios.

Estoy convencido de la justicia de nuestra causa: la liberación del pueblo de las dolorosas consecuencias de un sistema de gobierno que ha fracasado económica, social y políticamente.

Lo que es más, hemos perdido nuestra democracia. El gobierno se enfoca en quienes no están de acuerdo y usa la represión para permanecer en el poder. El enjuiciamiento contra mí tiene el objetivo de enviar el mensaje a todos los venezolanos que luchan por un mejor país que, si no desisten y conceden al régimen, serán los siguientes. Nuestro gobierno quiere aplastar nuestras aspiraciones y hacernos creer que esta lucha es inútil.

Estamos trabajando por una Venezuela donde los derechos para todos estén garantizados, incluyendo el derecho a una vida digna. Queremos cambios regulares en el poder por medio de elecciones libres y justas, para que todos los venezolanos puedan coexistir respetuosamente, independiente de su ideología.

Para la economía, queremos un modelo que permita a todos beneficiarse del crecimiento, especialmente aquellos que tienen menos. Queremos promover la industria local y motivar la inversión privada para aumentar la producción y ofrecer empleo. Queremos incrementar la producción de petróleo y utilizar estos ingresos para diversificar nuestra economía, en lugar de comprar votos. Y queremos ofrecer la educación de alta calidad necesaria para que todos los venezolanos prosperen.

Nuestros planes son ambiciosos, pero tienen el apoyo de millones. Para que Venezuela salga adelante, primero tenemos que cambiar el sistema removiendo democráticamente al corrupto partido que nos gobierna. Las elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre presentan esta oportunidad. Pero para tener éxito en las urnas, tenemos que unirnos. Una alianza de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, ya se ha formado, pero queremos expandir esta unidad a todos los miembros de la sociedad que deseen cambio.

Para las elecciones de diciembre, se tiene que hacer presión sobre el gobierno para que permita observadores electorales de la OEA y la Unión Europea, lo que no ha ocurrido desde el 2006.

Finalmente, el gobierno de Venezuela tiene que ponerle fin a su descalificación sin fundamento de líderes de la oposición de las próximas elecciones. Los 10 que tienen prohibido lanzarse incluyen a los exgobernadores Manuel Rosales y Pablo Pérez, líderes de la oposición; María Corina Machado, Carlos Vecchio y yo.

Una elección no puede ser libre ni justa cuando a aquellos que piensan diferente se les impide hacer campaña o están tras las rejas.