Incumplimiento en los acuerdos de paz

Es paradójico que mientras los desmovilizados guerrilleros de las Farc hablan del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano y la necesidad de mantener vigentes las negociaciones suscritas en La Habana, uno de sus más influyentes cabecillas, Iván Márquez, permanece en la clandestinidad. Esa sí es una clara muestra de violación a los compromisos, pues los reinsertados deberían estar dedicados a desarrollar proyectos productivos y brindar colaboración a la justicia en la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido durante el tiempo de conflicto.

Que hoy haya programas de resocialización en marcha, que los exguerrilleros puedan ocupar curules en el Congreso de la República sin haber logrado la votación requerida y sin previa definición de su situación con la justicia, que sea el Estado colombiano quien asuma la carga de la reparación de las víctimas, son algunas de las pruebas del compromiso del Estado con la paz.

Quienes fueron reconocidos como líderes de la otrora organización alzada en armas, como es el caso de Márquez, deberían estar encabezando las iniciativas que buscan reincorporar a la vida civil a los excombatientes. Por el contrario, argumentando problemas de seguridad que no se comprobaron, desapareció sin informar sobre su paradero, evadiendo la responsabilidad de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Lo más grave es que ha enviado mensajes que podrían motivar a los desmovilizados, y a quienes permanecen al margen de la ley con intenciones de acogerse a las políticas de paz, a continuar perpetrando actos terroristas y seguir en guerra. Así se puede interpretar cuando manifiesta que fue un error dejar las armas antes de asegurar la reincorporación política y social de los guerrilleros.

Son varios los desaciertos en sus declaraciones, como el hecho de apoyar las políticas dictatoriales de Nicolás Maduro en Venezuela. La comunidad internacional se ha volcado a rechazar la posesión de Maduro para un nuevo periodo presidencial de seis años, claramente inconstitucional y antidemocrático. Contrario al rechazo generalizado, Márquez respalda un mandato que tiene al pueblo venezolano soportando la peor crisis de toda su historia, sin alimentos, sin seguridad social y desertando de su territorio, asumiendo las consecuencias de vivir exiliados en otros países.

Falta saber si las afirmaciones de Márquez son de carácter personal o están respaldadas por otros líderes de esa organización, incluso del partido de la Farc. Sería pertinente conocer un pronunciamiento oficial de ese movimiento político frente a la situación de Márquez y el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro.

Todas estas consideraciones podrían ser tomadas en cuenta por la justicia como evidencias en su contra por no cumplir los pactos de La Habana, que fueron válidos para levantar las órdenes de captura y cargos por decenas de delitos cometidos durante su vida guerrillera. Gracias a esos acuerdos puede gozar de libertad sin persecución alguna, sin embargo los deberes asumidos de manera concomitante con sus derechos, no están siendo honrados. Incluso la JEP tiene la potestad de excluir de la jurisdicción especial a Iván Márquez con suficientes argumentos por su falta de compromiso con las obligaciones asumidas en el proceso.

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