En la frontera entre Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador) disidencias de las Farc, el Eln y bandas criminales de ambos países tienen confinados a cerca de mil miembros de esta comunidad. Desde julio de 2018, la CIDH les otorgó medidas cautelares a dos resguardos de la población ancestral.

Hace más de un año, en marzo de 2018, tres miembros del periódico El Comercio de Ecuador fueron asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana por disidentes de la extinta guerrilla de las Farc bajo el mando de alias Guacho, quien, según las autoridades, murió en un enfrentamiento con la Fuerza Pública en diciembre de 2018, en Tumaco (Nariño). El equipo periodístico del diario ecuatoriano había ido a cubrir la difícil situación de orden público que vive Esmeraldas, una provincia del norte del vecino país, por cuenta de las disputas entre grupos criminales por las rutas del narcotráfico.

La consolidación de estas estructuras en el occidente de Nariño, desde donde salen por vía marítima los cargamentos de droga con destino a Centro y Norteamérica, obligó a los gobiernos de Colombia y Ecuador a aumentar el pie de fuerza militar en la frontera colombo-ecuatoriana entre Nariño y Esmeraldas. Esta arremetida por parte del gobierno de Iván Duque y el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, hizo que los grupos criminales, como las disidencias de las Farc de los frentes 48 y 49, el frente Comuneros del Sur del Eln y La Constru, cambiaran sus rutas del narcotráfico.

Miembros de la comunidad indígena siona, ubicados entre el sur de Putumayo (municipio de Puerto Asís) y el norte de la provincia de Sucumbíos, le contaron a El Espectador que mil personas de tres de los seis resguardos y cabildos de su comunidad están confinadas debido a las amenazas y enfrentamientos entre los grupos armados. Además, la comunidad siona le contó a este diario que en las inmediaciones de sus asentamientos hay laboratorios de procesamiento de cocaína y existe la constante amenaza de la siembra de minas antipersonales.

A raíz de esta situación, a finales de 2018, un grupo de miembros de la guardia indígena de la comunidad fue capacitado en labores de desminado humanitario por miembros de la organización Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). Dani Piaguaje, siona que dirige el equipo de desminado, señaló que desde finales de marzo realizan estas labores en el resguardo Buena Vista, en donde hasta ahora han encontrados dos minas, las cuales ya fueron desactivadas. En 2012, una abuela mayor siona perdió la vida por uno de estos artefactos. “Nuestra labor de desminar es peligrosa y con la presencia de estos grupos se complica aún más”, aseguró Piaguaje.

La Comisión Colombiana de Juristas, que representa judicialmente a la comunidad siona en un proceso de restitución de tierras de su territorio ancestral en esa zona del país, señaló que los letales artefactos fueron colocados recientemente por los grupos sucesores del paramilitarismo, como La Constru, y por miembros de las Farc, quienes, en su paso a los espacios de concentración durante el proceso de desarme (a finales de 2016), minaron algunas zonas de tránsito como método para evitar posibles ataques de la Fuerza Pública.

Ante el complejo escenario que vive el pueblo ancestral siona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en julio de 2018 medidas cautelares a favor de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del pueblo siona, que se encuentra en “proceso inminente de exterminio”. La Comisión observó que la comunidad está en peligro por los múltiples “eventos de riesgo ocurridos hasta meses recientes de 2018, los cuales incluyen presuntas amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones en el libre desplazamiento de los sionas, y la presencia de actores armados que buscarían consolidar sus actividades en los resguardos”.

“El país, en general, vive un momento muy difícil. Con la llegada de estos grupos que viven del narcotráfico, la vida de nuestra comunidad empeoró. El paso a territorio ecuatoriano, donde también existen asentamientos de nuestra etnia, se ha dificultado. Tenemos que andar con mucho cuidado y caminar con el miedo de caer en una mina. Nuestra cultura ancestral se basa en el yagé, y esta situación no nos permite ir a buscar nuestras plantas tradicionales”, señaló una autoridad indígena que pidió que su nombre fuera protegido. Los ritos ceremoniales de los sionas se desarrollan en lugares sagrados a kilómetros de sus viviendas, pero solo si los actores armados les permiten el paso.

Los grupos que se disputan el negocio

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en su último reporte Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos (2017), Putumayo es el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, con 29.500 hectáreas. Puerto Asís es el municipio que más alberga esta planta de uso ilícito en el departamento (9.600 ha). En este escenario luchan por el mercado de la droga los frentes disidentes de las Farc 48 y 49, que, según las autoridades colombianas, tendrían lazos con el cartel de Sinaloa y las mafias albanesas que controlan el mercado ilícito en Europa.

La Constru es reconocida por las autoridades como una de las bandas criminales más importantes del sur del país que se reciclaron después de la desmovilización de los paramilitares del Putumayo, en marzo de 2006. Según la Policía, esta organización dedicada al narcotráfico lleva a cabo sus negocios por medio de torturas y desmembramientos, extorsiones, desapariciones forzadas y homicidios selectivos, entre otros crímenes. En marzo de 2019 murió alias Gallero, el jefe máximo de esta estructura, en un enfrentamiento con la Policía.

Por último, el frente Comuneros del Sur es una de las estructuras subversivas del frente de Guerra Suroccidental de la guerrilla del Eln, el cual surgió en 1992 con el fin de extender las acciones de ese grupo ilegal hacia zonas estratégicas como la vía Barbacoas-Tumaco y la frontera con Ecuador a través del municipio nariñense de Ricaurte. En la zona del Pacífico sur opera con las compañías Élder Santos, Guerreros del Sindagua y José Luis Cabrera Ruales.

Una zona histórica del conflicto

Esta zona del país ha estado signada por la guerra. Desde principios de los años noventa, la presencia de la ahora extinta guerrilla de las Farc convirtió el sur del Putumayo en uno de sus bastiones. Incluso, en esta zona limítrofe con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1º de marzo de 2008, la Fuerza Pública colombiana bombardeó un campamento del entonces jefe máximo de las Farc, Raúl Reyes, quien murió en la acción militar, denominada peración Fénix.

Por su parte, los paramilitares llegaron al sur del Putumayo en 1997. Primero estuvieron bajo el mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y posteriormente a cargo del narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y de Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo. La Fiscalía señaló que el frente Sur Putumayo de los paramilitares, en su lucha por controlar el negocio del narcotráfico, asesinó a 2.500 personas. Según cifras del ente investigador, estos escuadrones de la muerte dejaron 5.500 víctimas en varios municipios del suroeste del país bajo la excusa de combatir la guerrilla de la región, pero tenían interés en el control del negocio del narcotráfico.