El Gobierno no puede sorprenderse porque muchas personas estén opinando sobre lo que se conoce, hasta el momento, en materia de la jurisdicción especial para la paz.

Tampoco es apropiado que se responda con cajas destempladas a las críticas que se formulan sobre lo que se hizo público en el comunicado, de 10 puntos, que emitieron el Gobierno y las Farc.

La incertidumbre que hoy existe obedece a que las informaciones iniciales carecieron de claridad, aquella ha crecido, toda vez que las respuestas que dan algunos de los abogados que participaron en el diseño del acuerdo, a los interrogantes que se formulan, difieren las unas de las otras.

En estas condiciones es legítimo preguntar, pedir aclaraciones y requerir precisiones. Es que lo que está en juego no es poca cosa.

Se trata de definir un nuevo marco legal para reglar la desmovilización, desarme y reinserción de grupos armados ilegales.

Y en circunstancias completamente distintas a aquellas que se tuvieron antes como marco de referencia, para tomar decisiones similares en el pasado.

Nunca sobra repetir que realizar conversaciones que conduzcan a doblar la página del terrorismo, no es nuevo en nuestro país. Se ha hecho muchas veces.

En ocasiones se ha tenido éxito, como también se ha fracasado en múltiples oportunidades.

Los fracasos han ocurrido con las Farc y no por falta de decisión, generosidad o flexibilidad de la sociedad colombiana.

Si en el pasado no fue posible llegar a acuerdos con esa organización, tal cosa sucedió por su culpa.

Las inquietudes que existen en la actualidad obedecen a que el Gobierno, según parece, ha decidido correr la línea de una frontera institucional que nunca se había sobrepasado.

Ahora no se está hablando de una ley, de las tantas que se han expedido antes y después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, las cuales hicieron posible las negociaciones, los acuerdos y el desmantelamiento de varios grupos armados ilegales, sino de una jurisdicción especial para las Farc y para muchos ciudadanos colombianos.

Ahora no se trata de definir una arquitectura legal que sirva para la reinserción de los miembros de ese grupo.

Lo que se está haciendo es armar un aparato paralelo con competencias hoy indefinidas en lo temporal, personal y material, reglas que no se han precisado, recursos que no se conocen y muchos otros aspectos que carecen de la precisión necesaria.

Siendo así las cosas, las preguntas y las críticas no pueden ni deben entenderse como obstáculos al proceso, ni calificarse con adjetivos desobligantes.

Es legítimo que se actúe de esa manera.

Más aún, hacerlo es útil para el país y la propia mesa de conversaciones.

Si al final quedan interrogantes por absolver, y dudas o preocupaciones que afecten el discurrir normal de la sociedad, no es posible esperar que lo que se acuerde reciba la aprobación legitimadora de la gente y, en consecuencia, se dé el paso necesario hacia la sostenibilidad que deben tener los desarrollos posteriores.

Esa es la verdad.

La información detallada acerca de lo que el Gobierno está acordando en nombre de los colombianos es indispensable.

Como también lo es el debate sobre esas materias.

Un debate intenso, detallado, que toque el fondo de los temas, así se demore un poco más la conclusión del acuerdo sobre la justicia para la paz.

Esto es lo que le conviene al país. Seguir corriendo, y creer que lo que millones piensan no importa, porque al final todo se cubrirá con la música de la paz, es un error que puede salir muy caro mañana.

¡Cuidado!