En un artículo reciente expresábamos nuestras inquietudes sobre la venta de Isagén, también columnistas y un grupo de periodistas mediante un comunicado de prensa, se han referido al tema; ninguna voz distinta se ha levantado en contra de esta pretensión del gobierno del presidente Santos, ni se han escuchado los grupos políticos y de opinión del departamento o de Proantioquia, tampoco del Comité Intergremial y de ningún gremio afín al sector eléctrico.
La decisión va más allá de recibir unos recursos que según el presidente serían invertidos en obras de infraestructura de los proyectos viales 4 G; le hubiéramos creído si la venta se hubiera dado antes de la caída del precio del petróleo, que ha afectado en forma grave el erario público. Creemos que cualquier recurso adicional será utilizado por el Gobierno para sostener los gastos del Estado y los recursos que se requieren en el caso de que se firme la paz.
De darse esta situación, gran parte del dinero irá a subvencionar a los guerrilleros que se acogerán a los acuerdos, también a las víctimas del conflicto cuya cantidad se ha incrementado exponencialmente, porque se han colado a la lista personas que siempre han gozado de los beneficios de los puestos del Estado y del poder del Gobierno, creyéndose con el derecho a reclamar las indemnizaciones, seguramente con privilegios sobre las víctimas más humildes.
La venta de Isagén permitirá renunciar al potencial del desarrollo energético y de la coordinación entre entidades del sector, porque será necesario para los proyectos hidroeléctricos futuros, llegar a acuerdos para el control de las aguas en las centrales eléctricas que se encuentran encadenadas, ubicadas en las mismas cuencas de varios ríos importantes del país. Esto no se logrará con unos inversionistas foráneos cuyo fin es garantizar el retorno de la inversión y obtener las utilidades que les permita el negocio.
El principal ejemplo es el de Cañafisto, en el río Cauca, en jurisdicción de Anzá, que tiene un buen potencial de generación de valor para Isagén mediante la producción de energía, pero con la venta quedarían en el limbo la construcción de la central y la definición de un protocolo para garantizar la regulación de las aguas y asegurar la duración en el tiempo del proyecto de Pescadero, actualmente en construcción por parte de EPM aguas abajo en la misma cuenca.
La regulación establecida para estos casos es función de la –CREG- Comisión de Regulación de la Energía y Gas, la encargada de vigilar la actividad, pero en el futuro se pueden presentar conflictos similares a los ocurridos entre EPM e ISA, sobre la regulación de las aguas que beneficiarían a ISA en la cadena de centrales del río Nare; estas diferencias terminaron en una cuantiosa demanda y solo se solucionó mediante la renuncia del Estado del cobro de valorización del Metro, a cambio de que EPM renunciara a su justa pretensión. Esta situación se dio porque ambas instituciones son empresas comerciales del Estado y facilitó la posterior negociación de un paquete de acciones de ISA, permitiendo a su vez, la escisión de Isagén como generadora de energía eléctrica.
Los antioqueños no podemos callar ante la amenaza de vender Isagén, uno de los tesoros más codiciados del sector eléctrico, por su potencial de desarrollo, su estrecha relación con los proyectos de EPM y su posición estratégica como generador del 21 % de la energía del país.
