La Procuraduría General de la Nación le abrió en agosto de 2013 una investigación disciplinaria a Iván Cepeda, representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, a petición de abogados del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) por presunto "abuso de función pública" y "fraude procesal" delitos cometidos durante las visitas realizadas por el congresista a varias cárceles del país en las que recabó testimonios de ex paramilitares detenidos sobre supuestos vínculos del ex mandatario a bandas paramilitares.

De acuerdo con el ex mandatario colombiano, Iván Cepeda proporcionó a las autoridades judiciales "información falsa" recogida en esas entrevistas carcelarias.

El actual Procurador General, Alejandro Ordóñez, es intensamente criticado por Cepeda y los grupúsculos de izquierda que lo apoyan, por investigar y ordenar la destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos a decenas de funcionarios, desde alcaldes, gobernadores, congresistas hasta ex funcionarios de Uribe. Sin embargo, la Constitución colombiana faculta al Procurador General para adelantar esas investigaciones y sancionar los delitos de los funcionarios, incluso de aquellos cuya función depende del voto popular. Los Procuradores anteriores a Ordóñez han destituido más funcionarios de elección popular que el mismo Procurador actual, sin que esos grupos minoritarios hayan protestado.

El dias pasados, Alejandro Ordóñez destituyó y sancionó con 15 años de prohibición de ocupar cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por considerar que violó normas legales al otorgar, en diciembre de 2012, el contrato de recolección de basura de la ciudad de Bogotá a una entidad no habilitada para realizar esa labor. Tal decisión desató un caos sanitario en la capital de Colombia durante varias semanas. La destitución del alcalde, apelable ante el mismo Procurador, ha sido calificada por algunas personalidades, como el Fiscal General, Eduardo Montealegre, cuyas inclinaciones de izquierda son visibles, de “desproporcionado” y “antidemocrático”, a pesar de que dicho funcionario sabe perfectamente que el ordenamiento jurídico colombiano autoriza y obliga al Procurador a abrir tales investigaciones y a pronunciar sanciones.

Lo curioso es que la Ong Human Rights Watch, sin conocer el expediente, manifestó su “preocupación” por la investigación que abrió la Procuraduría General sobre el congresista Iván Cepeda por presunto "abuso de función pública" y "fraude procesal". José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en una carta del 11 de diciembre de 2013, hizo saber que, en su opinión, la investigación de la Procuraduría es “infundada”, porque Cepeda “cumplía con su misión” como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, entre cuyas funciones está la defensa de esos derechos humanos.

Lo que José Miguel Vivanco evita abordar a toda costa es el punto preciso del fraude procesal y del abuso de función pública en que habría incurrido Iván Cepeda al mentir deliberadamente al Congreso, a las autoridades y a la prensa colombiana sobre los “testimonios” de ex paramilitares detenidos que él dice haber recogido en algunas cárceles del país.

Vivanco asegura que "entrevistar a posibles testigos de supuestas violaciones de derechos humanos y presentar la información recabada a los fiscales constituye una actividad fundamental en defensa de los derechos humanos". Lo que Vivanco no dice es que exigir el testimonio de un detenido en una cárcel de manera privada (el Congreso colombiano no había conferido a Iván Cepeda la “misión” de investigar a esos detenidos en sus sitios de reclusión), y sin contar con la debida supervisión judicial, es cometer un acto ilegal por más que tal actor sea parlamentario. El vocero de HRW tampoco tiene en cuenta que mentir y manipular a la opinión pública con la información así obtenida para atacar la honorabilidad de una tercera persona es incurrir en un crimen que merece ser investigado y sancionado. Es lo que está haciendo, de pleno derecho, la Procuraduría colombiana.

El Centro Democrático está comprometido con un Congreso transparente y no “arrodillado” por dinero.

Ante empresarios del Valle del Cauca, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró este martes que los candidatos del Centro Democrático están comprometidos en trabajar por un Congreso transparente, que proteja los intereses del país.

“Al país le ha pasado algo que no es bueno, lo han querido silenciar con plata. Aquí las Farc derriban un helicóptero, explotan un carro bomba, se pierde nuevamente el Putumayo, se pierde el Caquetá, el Arauca, y el Congreso en silencio. En lugar de asumir una actitud erguida a favor de los intereses superiores de la patria, al Congreso lo arrodillan con plata, eso es grave”, reclamó el candidato al Senado por el Centro Democrático.

Uribe Vélez expresó que las listas del Centro Democrático en todo el país, representan todo lo contrario a lo que se vive actualmente en el legislativo, “pues garantizan una actitud erguida y permanente por los intereses superiores de Colombia y (en este caso) del Valle del Cauca. ¡Ese es el Congreso que necesitamos!”.

Recordó que con lo que el país ha venido conociendo como el ‘carrusel de la reelección’, el gobierno le ha entregado 2,6 billones de pesos a los congresistas, mientras que a los trabajadores solamente les aumentaron 26 mil pesos en el salario mínimo al año.

“¡Eso acaba con la democracia! Inicialmente se sienten felices, pero se va generando un clima de opinión adversa, que puede ser destructor de la confianza democrática.

“Cuando se destruya esto de la unidad nacional el sucesor puede ser el Castro – Chavismo, por eso hay que poner mucho cuidado, y por eso se necesita no un Congreso enredado en la mermelada, sino comprometido para que Colombia tenga una democracia transparente”, declaró.

Agregó que entre las propuestas del Centro Democrático se encuentran: eliminar el derroche del Gobierno; reducir el tamaño del Gobierno y del Congreso; que haya austeridad, y que a las empresas se les rebajen los impuestos y a los trabajadores -de base- se les aumente la remuneración.

“Porque eso puede ser un gran conciliador del tejido social de la patria, un elemento constructor de una sociedad colombiana fraterna y solidaria, y finalmente un gran dinamizador de la economía”, fijó.

Candidato al Senado, Ernesto Macías, pide investigar al presidente Santos por auxilios parlamentarios.

El candidato al Senado por el Centro Democrático, Ernesto Macías, instauró este miércoles en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una solicitud de investigación contra el presidente Juan Manuel Santos, por –al parecer- haber distribuido más de 3 billones de pesos en auxilios parlamentarios.

Macías solicita investigar al Presidente porque podría haber entregado, en auxilios parlamentarios o cupos indicativos, más de 3 billones de pesos: “hay Congresistas a los que se les gestionan hasta 150 mil millones de pesos, otros de 40 mil y otros de 20 mil”.

El candidato al Senado recordó que la Corte Constitucional dijo en 2001 que los cupos indicativos podrían gestionarse para las regiones hasta por un monto de 800 millones de pesos, las cantidades actuales “volaron todos los topes”, que según él no llega a todas las regiones del país, sino a aquellas “apadrinadas” por determinados Congresistas de la llamada ‘unidad nacional’.

“Nosotros creemos que aquí no sólo hay un caso de corrupción, sino que es una situación muy grave frente al manejo de los recursos del Estado”, declaró, tras afirmar que este caso podría representar un cohecho, un presunto abuso de poder, por lo que “habrá que esperar qué determinan las autoridades”.

En cuanto a la fuente de la información, Ernesto Macías dijo que a él -en su calidad de periodista- le llegó ese material “del propio Gobierno, información que sale de los computadores del palacio (presidencial). No deberían preocuparse tanto por saber de dónde proviene la información, sino de verificar a dónde llegan los recursos del país”.

Uno de los fines de la repartición de los cupos indicativos podría ser, según el candidato Macías, “la búsqueda de la reelección de congresistas o estar abonando la reelección del Presidente”.

Agregó que este proceso no termina allí, y que el caso también será radicado en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría. Explicó que un grupo de abogados ya lo contactó y que ellos presentarán acciones legales en la Corte Suprema de Justicia, contra cada Congresista que aparece en los documentos presentados hoy.

Macías ya había radicado una solicitud de investigación contra el presidente Santos en diciembre pasado, porque, presuntamente, el Gobierno repartió 1.968 puestos directivos en las diferentes entidades del Estado y 597 contratos de prestaciones de servicio, beneficiando a 164 Congresistas.

22 de enero de 2014