El documento completo debe conocerse cuanto antes para comprobar si el Gobierno firmó un texto en construcción solo para hacer un show o si en realidad logró un acuerdo histórico, sin impunidad.
Dice el presidente Santos que para algunos “la paz es inaceptable”. El ministro Cristo había dicho ya que a esos ‘algunos’ nada les gusta, y que se quedaron “con los crespos hechos” por el acuerdo firmado sobre justicia transicional con las Farc. Sin embargo, hay que seguir “ladrando” para dejar en claro que lo inaceptable es la impunidad. A buen entendedor, pocas palabras, y tanto el comunicado como personas cercanas al proceso dicen, con toda claridad, que no habrá cárcel.
El fiscal general Montealegre anunció que las penas se restringirán a un municipio o un departamento, lo mismo que confirmó Juan Carlos Henao, uno de los arquitectos del acuerdo: “No va a poder salir de tal casa, o no puede salir de tal vereda o tal región”. María Isabel Rueda le preguntó a Enrique Santos Calderón si le parecía bien “que a los máximos responsables de las Farc se les vaya a aplicar restricciones a su libertad, pero no cárcel”, y él contestó: “Sí. Para situaciones como estas, la cárcel es un concepto mandado a recoger. No funciona. (…). Además, este proceso no es para castigar a las Farc, sino para terminar una guerra que ha causado tanto dolor y destrucción…”.
Su hermano, el presidente Santos, confirmó el viernes el mismo criterio al expresar que “si buscan reglas y condenas basadas en la venganza de la sociedad y en la rendición del adversario, hechas con el único fin de castigar a las Farc, no las encontrarán allí”. Afirmación que contradice su vaga promesa de que “la sanción se cumplirá en lugares concretos, en condiciones de austeridad, y bajo un régimen de vigilancia y control”.
Hace rato que las penas de cárcel se vienen desdeñando con argumentos ligeros como eso de que no resocializan o que son una ignominiosa venganza, y se habla de ‘populismo punitivo’ cuando un gobierno ofrece incrementarlas. Pero si la privación de la libertad es tan inconveniente como se plantea, debería abolirse para todos, no solo para los terroristas de izquierda sino también para los militares, los ‘paracos’, los narcos, los corruptos, los violadores, los sicarios… O, acaso, ¿dónde queda la coherencia?
No, la idea no es vaciar las cárceles y cerrarlas, sino, simple y llanamente, eximir a las Farc de su merecido castigo. Y, por el contrario, la Jurisdicción Especial para la Paz contempla juzgar a todos los que de una u otra manera hayan sido un obstáculo para ellas en su camino al poder. ¿Mera especulación? Recordemos que el comisionado Jaramillo dijo que había 13.000 empresarios incursos por paramilitarismo. El Fiscal ya amenazó con cárcel a Uribe y a Pachito Santos. Henao aseguró que nadie tiene fuero ante ese tribunal. El Ministro de Justicia dijo que la JEP no puede juzgar al expresidente Uribe, pero que sí puede actuar contra el exgobernador Uribe…
Esa jurisdicción es lo más parecido que alguien se pueda imaginar a la Santa Inquisición. En la entrevista concedida a EL TIEMPO (25/09/2015), Juan Carlos Henao dejó entrever por lo menos tres ‘perlas’ que convierten ese tribunal en un engendro monstruoso: 1) que su competencia abarca casos ya fallados, que podrían ser revisados por el Tribunal; 2) que quedó con la facultad de revisar sentencias de otras jurisdicciones, y 3) que será tribunal de cierre con rango de “cosa juzgada absoluta”, por lo que “no hay ningún recurso que valga frente a sus decisiones”.
Sin duda, el documento completo debe conocerse cuanto antes para comprobar si el Gobierno firmó un texto en construcción solo para hacer un show o si en realidad logró un acuerdo histórico, sin impunidad. Cosa difícil de creer al ver que Santos le da categoría de presidenciable a un ‘Timochenko’ que no se arrepiente de nada. Aberrante.
