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Viernes 20 de Septiembre del 2019

La alianza criminal entre el ELN y las disidencias de las FARC que salió mal y forzó la evacuación de un pueblo colombiano

Publicado en:

Infobae  | 

Autor(a): Adriana Chica  |

Fecha: 16/06/2019

 

Foto aérea de Chocó, el departamento colombiano que colinda con el Océano Pacífico, utilizado para el tráfico de drogas, armas, oro y madera. - Foto: Archivo - infobae.com

Si no fuera por los animales abandonados, el resguardo indígena Pimichá Quebrada en Chocó sería fantasma, pues las bandas siguen peleando en medio de sus viviendas por el control de cultivos y rutas de tráfico de droga.

Durante tres horas, más de 400 personas del resguardo indígena Pimichá Quebrada, en el departamento del Chocó, quedaron en medio de un fuerte enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, después de que saliera mal una alianza que habían acordado para mantener la presencia de ambos en un territorio codiciado por las rutas del tráfico de droga por el mar pacífico.

A principios de mes, 417 personas que conforman las 97 familias del resguardo indígena se desplazaron al casco urbano del municipio Litoral de San Juan, huyendo de los combates que los mantenían confinados en sus propias casas, atrapados en medio del fuego cruzado que se extendió desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde del domingo 2 de junio, uno de los más largos que han vivido, según contaron habitantes a medios nacionales.

Las familias de la etnia wounnan no pudieron salir sino hasta el lunes siguiente, y necesitaron la ayuda de otros indígenas para poder escapar hacia el casco urbano del municipio chocoano. Desde entonces se dice que Pimicha Quebrada es un caserío fantasma, solo quedaron los animales que los desplazados no pudieron llevarse. Y todo, al parecer, por una alianza criminal que salió mal, según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Más de 400 familias indígenas se han estado desplazando desde 2016 por los combates, cuando estos cesan regresan a sus hogares hasta el siguiente enfrentamiento. – Foto de referencia

Las disidencias de las FARC llegaron a la región de Pichima hace alrededor de un mes buscando ocupar los espacios abandonados por la extinta guerrilla tras la firma de la paz, que ya habían sido ocupados por el ELN. Lo que afirma Pares es que las primeras informaciones indican que ambas organizaciones armadas se aliaron, pero el acuerdo se rompió, lo que generó el enfrentamiento.

"En realidad fue una emboscada del ELN a las disidencias, que estaban en el poblado de Pichima Quebrada, asalto del cual quedaron dos personas fallecidas por bando, aunque ambas cayeron por proyectiles del ELN", describe la fundación. Hace unas semanas el Frente 30 Rafael Aguilera de las FARC había hecho circular un panfleto anunciando su llegada y permanencia en Chocó.

El Litoral San Juan es un paso para el tráfico por el Océano Pacífico, que cuenta con 184 hectáreas de cultivos de coca, 46 de las cuales se ubican en territorio waunana; detalla Pares. Y la población es la más afectada. En 2016, 450 personas también se desplazaron de Pimichá Quebrada por enfrentamientos entre el ELN y la Fuerza Pública. Pero también se han registrado combates entre esa guerrilla y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La Fundación Paz & Reconciliación dice que la guerrilla del ELN tiene la mayor hegemonía en la región.

De esta forma, luego de que el departamento de Chocó votara en un 80% por la opción Sí al plebiscito de la paz (aunque en la votación general ganó el No), la violencia regresó a la región. Varios son los actores armados ilegales que buscan quedarse con este punto estratégico -que además comunica con otras regiones del país como el Medio y Bajo Baudó-, aunque el territorio sigue siendo controlado mayoritariamente por la guerrilla del ELN.

"El poder del ELN se expresa de múltiples formas en las comunidades que allí se encuentran: impuesto sobre la minería, gramaje a la producción de estupefacientes, prohibición de la navegación en horas de la noche, reclutamientos forzados, entre otras. Todo esto pone en peligro a las comunidades indígenas y afrodescendientes", detalla Pares.

Por su parte, el doctor en Estudios Americanos y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, explicó a Infobae que en Chocó "no hay un actor armado ilegal hegemónico que logre imponer o consensuar un orden social, por lo que las dinámicas de la violencia se dan en clave de la competencia armada, produciendo grandes afectaciones humanitarias a la población civil".

Los actores armados buscan quedarse con las rutas de tráfico por el Océano Pacífico.

Realmente, a diferencia de lo que muchos piensan, la guerra nunca se fue de estos territorios del andén pacífico, dice el experto. Las FARC nunca fueron el único actor armado que se encontraba en la zona, aunque era el de mayor presencia, y con su salida los espacios no fueron ocupados por la institucionalidad con la creación de circuitos económicos legales, sino por quienes se disputan las rentas ilegales, dice Trejos.

Ante esto -señaló-, el Estado tiene una responsabilidad "por omisión" en la medida en que no cumple con garantizar la vida, bienes y honra de estas comunidades; "esta situación también evidencia que en la práctica Colombia tiene más territorio que Estado". La situación de orden público es compleja pese a la desmovilización de 15 mil integrantes de las FARC, pues unos 2.300 siguen integrando las llamadas "disidencias", según cifras oficiales.

Aunque la mayoría de estos insurgentes son nuevos reclutas y pese a que el partido político en el que se transformó la vieja guerrilla ha negado vínculo con ellos, lo cierto es que muchos de estos "grupos residuales", como los llama el Ejército, se identifican con los símbolos de las FARC y usan aún su nombre.

Además, históricamente en la zona han hecho presencia Los Rastrojos y Las Águilas Negras -llamadas después Los Urabeños-, y que en 2013 derrotaron a los primeros pasando a autodenominarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo heredero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

El municipio Litoral San Juan cuenta con 184 hectáreas de cultivos de coca sembradas.

Ante esta compleja situación las familias wounnan permanecen refugiadas en albergues y, según comunicación oficial de la Unidad de Víctimas, están siendo atendidas con asistencia médica y alimentaria. Pero se mantiene la alerta por combates en otros lugares de la región que podrían derivar en nuevos desplazamientos, razón por la que la población teme regresar a sus hogares.

Esto agrava la situación de derechos humanos de la región pacífica, en la cual se registran más de mil desplazados en lo que va del año, según entidades como Naciones Unidas y el Consejo Noruego de Refugiados (CNR).

El desplazamiento es la forma de victimización principal del longevo conflicto colombiano, ya que de sus casi nueve millones de víctimas, por lo menos 7,5 millones han sufrido este flagelo. De acuerdo con la CNR, desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 ya van 300 mil desplazados en todo el país, una tendencia que viene en aumento.

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