Si al final hay plebiscito, lo normal es que el Gobierno y sus funcionarios lo promuevan y apoyen, y que las voces disidentes y críticas tengan la misma opción de mostrar sus tesis. Es democracia.

La posibilidad de que los funcionarios públicos que apoyen el llamado plebiscito por la paz incurran el responsabilidad disciplinaria y, por tanto, puedan ser sancionados por la Procuraduría General de la Nación, que considera que este apoyo implica participación en política, ha generado no solo una respuesta indignada del presidente de la República, sino bastante perplejidad entre los juristas.

En primer lugar, porque la suerte del plebiscito por la paz no es clara. El Gobierno y las Farc acordaron que lo que se firme en La Habana será incorporado a la Constitución colombiana, como artículo transitorio y como parte del bloque de constitucionalidad, una vez el Congreso de la República apruebe por vía rápida lo dictado desde Cuba, y que la Corte Constitucional ratifique el criterio gubernamental según el cual el artículo 22 de la Constitución (“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) habilita cualquier cosa, incluyendo introducir una constitución paralela a la de 1991.

Si esto es así, como lo será, con el acuerdo incorporado a la Constitución, el resultado de un eventual plebiscito no tiene la capacidad para introducir reformas legales ni constitucionales, así el proyecto de ley que aprobó su convocatoria diga que el resultado del pronunciamiento popular “será vinculante”, esto es, obligatorio para el Gobierno.

Por otro lado, el plebiscito para la paz está ahora en manos de la Corte Constitucional, compuesta por mayoría de magistrados favorables no digamos a la paz, pues eso se presupone, sino a la política de negociación y concesiones verificada en La Habana. Lo cual no quiere decir que vayan a convalidar el plebiscito. Por el contrario, podrían tumbarlo y así prestar un servicio al Gobierno, que diría que cumplió con su palabra de convocar a un plebiscito, pero que la justicia constitucional se lo negó. Quedaría el Ejecutivo con las manos libres para ejercer las facultades extraordinarias concedidas por las mayorías del Congreso para que el presidente asuma como “legislador especial de paz”.

Así que es apresurado decir que los funcionarios, y en especial los ministros, que salgan a hacer campaña por el plebiscito, incurran en mala conducta disciplinaria. Entre otras cosas, porque una ley estatutaria expedida en julio del año pasado (la 1757 de 2015) autoriza expresamente que el Gobierno haga campaña en los mecanismos de participación popular como el plebiscito. Y el proyecto del plebiscito por la paz (que todavía no es ley vigente) dice que está prohibido usar bienes o recursos públicos para hacer campaña por el sí o por el no, pero no prohíbe la promoción de la participación como tal.

Esta es la nuez del asunto: si este gobierno fue reelegido con la bandera de la salida negociada al conflicto armado, y su único empeño es lograr un acuerdo, es políticamente procedente que sus más altos funcionarios se la jueguen por el éxito de ese programa.

Pero lo que también se necesita es respeto y garantías para la oposición, pues lo que se ve, sin empezar la campaña del plebiscito, es un rodillo publicitario y gubernamental contra cualquier disidencia. Los recursos públicos que se han metido a campañas por “la paz” (no por el contenido de los acuerdos) son multimillonarios.

La cuestión, pues, no es si el presidente y los ministros hacen o no campaña. Lo relevante es vigilar los recursos públicos y evitar, mediante un ejercicio activo de ciudadanía, que la manipulación se vuelva lenguaje corriente con la fuerza del poder público detrás, señalando como “enemigos de la paz” a quienes ejercen su legítimo derecho de señalar los múltiples puntos cuestionables de los textos acordados en La Habana. Eso es lo que se va a votar, si es que hay plebiscito: no la paz, sino los acuerdos con las Farc.