La claudicación final

No solo cedió: Santos capituló en toda la línea. Los gobiernos de Pastrana y Uribe y la fuerza pública triunfaron en el campo de batalla y, sin embargo, Santos nos entregó en Cuba. Una rendición indigna, resultado tan solo de su vanidad, de su deseo de “pasar a la historia”, del Nobel, así el costo sea llevarse entre las patas la democracia, las instituciones y el estado de derecho.

Y en eso está. Ha atacado, una a una, cada una de las ramas del poder público. Primero quebró el sistema judicial estableciendo un tribunal de justicia paralelo, la llamada “justicia especial de paz”, cuya integración es aun una incógnita pero del que ya sabemos que se quiere que esté por encima de las altas cortes y que no estará sujeto ni al orden jurídico nacional ni a sus regímenes penales y disciplinarios. Después tramitó un proyecto de reforma constitucional, que va por el séptimo debate de ocho, en que deja al Congreso eunuco. En adelante los congresistas no podrán sino aprobar como un todo los proyectos que les presente el Gobierno sobre lo acordado en La Habana (no podrán votar unos artículos sí y otros no, como es hoy su derecho. Será todo o nada), no podrán presentar modificaciones sin visto bueno del Gobierno y solo una mayoría calificada podrá negarlos. La inversión de la regla democrática: las minorías aprueban y solo mayorías especiales podrían negar.

Y ahora, con el artículo que introducen en este séptimo debate y que redactaron junto con las Farc con la tesis de que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que esos pactos forman un todo junto con la Constitución, pretenden romper el principio fundamental de la democracia: solo el pueblo es soberano, solo el pueblo puede definir la carta política, la constitución que ha de regir un Estado, solo el pueblo puede ceder, derivar ese “poder constituyente”, solo el pueblo define quién puede, en su nombre y por el poder que el pueblo le delega, reformar la Constitución. Y en Colombia la Constitución dice que solo el Congreso tiene ese poder constituyente derivado. Nadie más. Pretender que el Gobierno y las Farc tienen facultad para definir la Constitución que nos rige, por vía de sostener que lo que pacten en Cuba hace parte del bloque de constitucionalidad, es un golpe de Estado, una ruptura radical del estado de derecho. Y es algo que un poder derivado como el Congreso no puede hacer. No tiene esa facultad. Los congresistas no tienen autorización para entregarles a terceros, en este caso al Gobierno y a la guerrilla, su poder de reforma de la Constitución. El Congreso no puede delegar en otros el poder constituyente que el pueblo le entregó.

Para rematar, las Farc y el Gobierno no solo quieren que el Congreso les dé el poder de definir la Constitución sino que pretenden que lo haga a ciegas. En el artículo buscan que los parlamentarios digan que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad aun sin saber su contenido definitivo, con temas pendientes por resolver, antes de que haya un acuerdo final, y sin que se conozca lo que se acordará. ¡Un cheque en blanco!

Después de presentar semejante artículo en el Congreso, el presidente dijo que “las Farc reconocen por primera vez nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de nuestra Constitución”. Y anunció que “no va a haber, como sistema de refrendación [de los pactos de Cuba], una asamblea nacional constituyente”.

Pero no, de nuevo ocurre, como casi siempre con Santos, que la realidad es exactamente la contraria a lo que dice. No es, como ha alegado el presidente, que las Farc se someten a la Constitución sino todo lo contrario: Santos subordina la Constitución a la guerrilla. Volvió a la guerrilla constituyente. Y al Congreso un eunuco que acepta que la guerrilla defina la Carta Política y que el Gobierno le arrebate sus funciones constituyentes y legislativas. Por eso las Farc no insistirán en una asamblea constituyente. Ahora no la necesitan y se ahorran el riesgo de perder en la votación popular. ¡Las Farc ya son la constituyente!.

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