LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Lo que ha encontrado la Fiscalía en algunas campañas para las elecciones del 11 de marzo -y parece que se trata apenas de la punta del iceberg- es vergonzoso y muy grave.

No ha sido posible, en Colombia, erradicar la compra de votos, ni deslindar la corrupción de una actividad en esencia digna como la política, pero que se ha degradado entre nosotros por causa de las ambiciones personales, la falta de ética de muchos dirigentes, la creencia según la cual “todo vale” para conseguir los propios objetivos. Los valores ya no importan, los principios no se observan y los resortes morales no existen.

Que políticos sean capaces de pagar por votos y de organizar todo un montaje delictivo para el efecto, y que los ciudadanos estén dispuestos a la venta de sus conciencias por unos pocos pesos, es algo inconcebible en una democracia. Escapa a toda concepción acorde con una ética, así sea mínima, que tendría que imperar en una sociedad medianamente civilizada.

Por supuesto, merece felicitación la Fiscalía por lo que ha podido investigar y establecer. Y lo que se espera es justicia rápida y eficaz.

Operará la figura de la “silla vacía”, en los términos del artículo 134 de la Constitución, a cuyo tenor “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática (el sufragio es quizá el más importante de ellos y es de la esencia de la democracia), ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”. Y ello porque no solamente deben ser sancionados los candidatos corruptos y sus secuaces, sino los partidos políticos, que están obligados a responder ante el país por los avales que otorgan.

El Procurador General ha solicitado en las últimas horas al Consejo Nacional Electoral que no tramite el otorgamiento de la credencial por una elección para el Senado obtenida ilícitamente.

Para los partidos la sanción política debe ser muy fuerte, y lo es según la Constitución. No puede haber reemplazo del congresista condenado, ni para el vinculado a un proceso penal. Y el sistema debería ser aún más estricto: no solamente por los delitos enunciados, sino por cualquier delito.

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