Sin presidente en propiedad, sin seis magistrados y sin voluntad de elegir fiscal, la Corte Suprema desluce por su irresponsabilidad y malas mañas.

La Corte Suprema de Justicia no quiso aprender la lección o sencillamente perdió la vergüenza y le importa un pepino lo que pensemos los ciudadanos de ella. Igual que en 2009, el alto tribunal está en crisis: no tiene presidente en propiedad, sigue con seis vacantes –¡algunas de ellas desde hace más de año y medio!– y se alista para llevarnos a un vacío en la fiscalía por cuenta de las rencillas internas que no les permiten llegar a los más elementales acuerdos. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en Colombia es sinónimo de irresponsabilidad y triste ejemplo de cómo la politiquería se tomó la justicia.

Al magistrado Fernando Giraldo, por ejemplo, no lo han dejado ser presidente, como es la tradición, dizque por ser crítico del proceso de paz. Sus colegas le han cobrado caro haber salido a cuestionar al todopoderoso Leonidas Bustos, presidente hasta hace unas semanas de la Corte, por haber organizado un pomposo encuentro en Cartagena en el que se habló de paz sólo con unos obviando a los otros. Bustos, en ese momento amigo íntimo del fiscal Montealegre, blanqueó del evento al procurador Ordóñez. El entonces vicepresidente Fernando Giraldo lo increpó públicamente por esa deliberada omisión y desde allí cayó en desgracia con el ala ‘bustista’ de la Corte, razón por la cual le barajaron su presidencia este año.

No hay que ser un genio para notar que todos estos comportamientos son más propios de un congresista –y de los más politiqueros– que de un magistrado que debería ser ajeno a ese tejemaneje.

Ni qué decir de los aplazamientos para elegir magistrados. La sala laboral está prácticamente desmantelada, como lo hemos comentado en otras ocasiones y aunque los miembros de la Corte se reúnen más o menos cada dos semanas para votar, no han sido capaces de nombrar siquiera una de las seis vacantes que tienen.

En vez de eso y como si la crisis institucional no fuera con ellos, algunos de los togados prefirieron irse de viaje por más de una semana como ocurrió hace poco con cuatro magistrados que se pegaron su escapadita a Londres a un “intercambio de experiencias sobre el sistema penal”. Si tuvieran un ápice de pudor habrían postergado su viaje hasta elegir los magistrados restantes y completar la composición de la Corte, pero a los doctores Bustos, Patiño, Fernández y Malo eso les pareció secundario al momento de aceptar gustosos la invitación del gobierno británico.

Así las cosas, mientras el doctor Néstor Humberto Martínez se mueve para que las vacantes se suplan y puedan elegirlo fiscal rápidamente, el fiscal saliente Eduardo Montealegre hace lo posible para que la elección se postergue y pueda aprovechar para pescar en río revuelto mientras dura la interinidad. Lo triste del caso no es que haya unos y otros que quieran manosear a los magistrados –porque de esos siempre habrá– sino que los altos jueces lo permitan y se presten para esos juegos de poder.

Mientras tanto, algunas universidades con ascendencia en la Rama Judicial, juegan a lo suyo y sin asumir responsabilidades públicas desde las rectorías se dan instrucciones para apoyar o trancar a los aspirantes a ocupar las vacantes como si ese fuera oficio de la academia.

El miércoles de la semana entrante habrá, de nuevo, sala extraordinaria en la Corte que de extraordinaria tiene poco pues en cada una de las que se ha convocado en los últimos meses ha ocurrido lo mismo: bloqueo, bloqueo, bloqueo, como en el comercial de televisión aquel.

Sin una opinión pública que presione a la Corte a hacer lo que le toca y sin unos medios que se pongan encima de esta crisis para denunciar la injustificada demora, nuestros jueces tristemente seguirán haciendo política en la institución en la que se debería impartir una pronta y eficiente justicia.