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Domingo 19 de Mayo del 2019

La crisis institucional

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 16/05/2019

 

Zeuxis Pausias Hernández Solarte alias "Jesús Santrich" - Foto: rt.com

JEP salva a ‘Santrich’ de extradición
La digna renuncia del Fiscal General

Las dramáticas circunstancias por las que atraviesa el país, a raíz del dictamen de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en torno a la garantía de no extradición de ‘Jesús Santrich’, tiene de fundamento la desinstitucionalización permanente a que se ve abocada la nación. Se sabía, por supuesto, que la JEP, pese al desgaste de más de un año, iba a desestimar la cooperación internacional entre Colombia y los Estados Unidos. Según la explicación de su propio fallo, fue incapaz de comprobar si los delitos aducidos en el indictment habían sido cometidos antes o después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. En ese sentido no hizo la JEP caso al categórico y exhaustivo análisis hecho por la Procuraduría General, donde se pudo constatar claramente que había una reincidencia y que ello ameritaba dar curso a la solicitud del país extranjero. Y también descartó los aportes probatorios reiterativos de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez,  por medio de los cuales era claro que se había cometido un ilícito luego de haberse perdonado las actividades terroristas y narcotraficantes de las Farc en los últimos cincuenta años, cobijadas apenas con sanciones restaurativas que seguramente no alcanzarán a darse en los quince años de la jurisdicción inventada por las partes para su propio juzgamiento.

Esa ineptitud en corroborar un elemento tan sencillo como la fecha de la tentativa de un delito, genera graves interrogantes que, por lo demás, podrían llegar a bordear el prevaricato. La omisión de funciones, es decir, el expediente de llegar a afirmar que fue imposible dar con la fecha de la comisión delictual, cuando ello mismo no solo estaba en el indictment, sino igualmente confirmado por el Fiscal y el Procurador, podría eventualmente caer en las responsabilidades establecidas en el artículo 6 de la Constitución. Tal vez por eso, precisamente, dos valerosas magistradas de la Sección de Revisión, Claudia López Díaz y Gloria Rodríguez, salvaron el voto frente a la ponencia de sus otros tres colegas.

La JEP ya lleva el diez por ciento del trámite corrido para cumplir sus funciones dentro de los quince años establecidos. En más de doce meses no ha abierto un solo proceso específico contra persona particular que involucre a los máximos responsables del fratricidio colombiano. Se habla de macroprocesos, pero de allí no se ha derivado un solo hecho procesal efectivo que atine a la responsabilidad individual de los comprometidos en delitos de lesa humanidad, algunos de los cuales permanecen en sus curules automáticas en Senado y Cámara, pese al estruendoso fracaso electoral. Ahora ‘Jesús Santrich’, con el derecho que le otorga la JEP, podrá ocupar uno de esos escaños. Y así se dará fe permanente de que la JEP no cumplió con sus funciones, o al menos le fue imposible establecer una fecha, que era su única tarea en este caso.

La crisis institucional colombiana no solo proviene, ciertamente, de un proceso de paz que quedó en obra gris, muy a mitad de camino, sino que también avanza sin remedio ante la reiterada negativa del Congreso de la República para generar las condiciones de una reforma a la justicia y una reforma política que modifiquen estas dos ramas del poder público. El sistema democrático aparece así completamente bloqueado en una situación de mucha mayor envergadura a la que, en su momento, llevó a la Constituyente de 1991, y es por ello, justamente, que el pueblo ni la ciudadanía tienen confianza ninguna en unas instituciones que han perdido su vigencia por entrampamiento y consunción.

La Jefatura del Estado, en cabeza exclusiva del Presidente de la República, como director de las relaciones internacionales, es la única llamada a sacar del pantano a la nación. No por la demagogia y el populismo imperantes en aquellos sectores que, a nombre de la paz, buscan feriar la estructura institucional del país, se puede permanecer con los brazos cruzados mientras Colombia se cae a pedazos. Vale advertir que el mismo gobierno anterior dejó en claro que todo delito cometido después de firmado el acuerdo de paz pasaría a la justicia ordinaria, incluida la posibilidad de extradición si fuera el caso. Seguramente por ello la renuncia inmediata del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido interpretada por buena parte de la ciudadanía, no solo como un acto de protesta, sino de dignidad.

Para el presidente Iván Duque, en su cauteloso discurso de anoche, las pruebas ameritaban no recurrir a la garantía de no extradición. Lamentó la renuncia del Fiscal, pero no fue más allá. Simplemente reiteró que había presentado unas objeciones y que si por él fuera firmaría la extradición del excabecilla guerrillero. No discutió en modo alguno las facultades de la JEP, y más bien se enmarcó dentro de la vieja tesis de que se acata aunque no se comparta. Siendo así, solo le resta mandar una nueva terna para escoger Fiscal, aceptando aparentemente que el caso ‘Santrich’ es cosa juzgada. En tanto, es evidente que se mantiene una crisis institucional sin resolución a la vista.

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