Durante todo un año de lo que más se habló en este país fue del famoso “equilibrio de poderes”. Sin embargo, su proceso de implementación pasa de agache, probablemente porque somos un país de memoria corta.

Luego de los escándalos que rodearon a la justicia, el “equilibrio de poderes” se concentró en modificar el régimen de aforados y el Consejo Superior de la Judicatura. Para esto último, se creó un nuevo esquema encabezado por un Consejo de Gobierno Judicial y una Gerencia. Lo que poco se sabe, es que desde septiembre de este año estamos con un régimen de transición; y que la regulación del funcionamiento del gobierno judicial requiere una ley estatutaria que, en el mejor de los casos, estará vigente a finales de 2016.

Entonces, el éxito o fracaso de la reforma se juega en su transición, y esta semana es crucial para ello. Este jueves, los miembros ya constituidos del Consejo de Gobierno eligen a tres funcionarios más. Y esa elección es clave por varios motivos: i) esos tres funcionarios son los únicos miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo; ii) tienen una gran responsabilidad en la implementación de las reformas realizadas, y sobre todo, en evitar que se cometan los errores ampliamente criticados al Consejo Superior de la Judicatura; iii) pueden aportar visiones menos corporativas del sistema judicial, si son elegidos adecuadamente; y, iv) son los técnicos que deben saber de gestión, administración pública, o diseño de políticas publicas.

Pero ya en este proceso de elección hay varios temas que preocupan. Primero, el tiempo para elegir ha sido bastante corto, y la sociedad civil ha tenido pocos días para conocer la lista de aspirantes. Segundo, el Consejo de Gobierno publicó una lista de 96 candidatos admitidos, pero no información de sus hojas de vida. Tercero, el Consejo no dijo cuáles son los criterios específicos que usará para preseleccionar a los 15 aspirantes que definirá este martes. Y cuarto, aunque hará una entrevista publica a los 15 preseleccionados, ese mismo día será el que deliberará y elegirá, impidiéndole a la ciudadanía que se pronuncie eficazmente. En resumen, es una elección bastante opaca y ultra rápida. Entonces, ¿cómo lograr que realmente sea transparente y de cara a la ciudadanía?

La rama judicial debe demostrarle a la ciudadanía que sus procesos de elección están lejos de tener irregularidades y de estar politizadas y clientelizadas. Y dado que ha habido varios cuestionamientos a la forma en la que se realizó la elección del representantes de los jueces, (hay un comunicado de “Elección Visible” sobre el tema), la rama judicial debe mostrar que sus elecciones son transparentes y adecuadas. Por eso, la representante de los empleados, el representante de los jueces y magistrados, y los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, tienen una gran responsabilidad en la elección de estos tres funcionarios.

La justicia no puede seguir siendo impermeable a las críticas que le hacen sobre su clientelización y politización. No basta con publicar una lista general de nombres de aspirantes; tiene que haber transparencia en la elección. Esto implica, por ejemplo, publicar los criterios de preselección, informar acerca de sus hojas de vida, otorgar tiempos razonables para que la ciudadanía se pronuncie, entre otras. Pero sobre todo, implica mostrar a la ciudadanía que elige a los mejores candidatos, es decir, a aquellos que representan los intereses de la justicia y de la ciudadanía. La justicia es demasiado importante para dejarla a la deriva. Ojala los miembros del Consejo de Gobierno Judicial encargados de la elección nos demuestren que están a la altura de este reto. De lo contrario, el componente judicial de la reforma de equilibrio de poderes habrá fracasado.