Hay herencias que Cristina Kirchner cargará cuando regrese a casa. Podrá decirse que serán las causas judiciales (y es cierto), aunque lo único definitivamente imborrable serán sus errores. La Justicia acaba de exponer con trazos claros y explícitos a dos de los más graves errores políticos que cometió. La designación de Amado Boudou como vicepresidente y el acuerdo con Irán para esclarecer el crimen que el propio Irán cometió en la AMIA. La historia es fiel consigo misma. Siempre han sido los sindicalistas y los jueces los primeros en abandonar a los gobiernos que circulan cerca del final. Es lo que sucedió en los últimos días.
Llaman la atención las sentencias sobre Boudou y el acuerdo con Irán, porque fueron firmadas por tribunales que formaban parte de la escalera de jueces del fuero penal más cercanos al Gobierno. Tan cercanos que, en el caso de la resolución sobre Irán, se especuló con la posibilidad de que hubiera sido estimulada por el propio Gobierno. ¿Por qué éste promovería el final del acuerdo que firmó y defendió? Porque el gobierno iraní, un eficiente artesano para dilatar las negociaciones diplomáticas, no hizo nada para avanzar en el acuerdo. Y porque, encima, la Presidenta estaba cargando con la dura oposición de la víctimas de la masacre, de toda la dirigencia de la comunidad judía y de gran parte de los países occidentales.
Hubiera sido más ventajosa y espectacular, de todos modos, una decisión de Cristina Kirchner que cancelara el acuerdo para siempre. Aquella versión sobre supuestas complicidades entre el Gobierno y los jueces, se fue diluyendo con las horas, sobre todo después de que el canciller Héctor Timerman anunciara que apelará ante la Corte Suprema la decisión de la Cámara Federal. Son extrañas, de cualquier forma, algunas coincidencias en el tiempo. La resolución sucedió poco después, por ejemplo, de que el propio Timerman fuera recibido con muy buenas maneras en Israel, país que estaba a la cabeza de las críticas al acuerdo argentino-iraní. Nadie puede negar coherencia a Timerman: siempre elige los argumentos equivocados. Denunció ahora que la reciente resolución de la Justicia es una clara intervención del Poder Judicial sobre decisiones propias del Ejecutivo, como la firma de convenios internacionales.
Sucedió exactamente al revés. Fue el Ejecutivo de Cristina Kirchner el que se metió raudamente en un proceso judicial que, por definición, estaba en manos de otro poder del Estado. La creación de una "comisión de la verdad" con Irán eliminaba de hecho la verdad de la justicia argentina, que comprobó que líderes iraníes fueron los autores intelectuales y los financistas del atentado a la AMIA que costó la vida de 85 inocentes. Ese acuerdo terminaría dándole a la Justicia, como se lo dio, un papel protagónico. Se trata de la primera vez que un país cede soberanía judicial en la investigación de un delito cometido sobre su territorio soberano. Eso, y el virtual congelamiento de una investigación judicial por parte del Ejecutivo, convierten en inconstitucional el acuerdo con Irán.
Cristina Kirchner aseguró que existía la doctrina de un "tercer país", por el caso del avión de la empresa norteamericana Pan Am volado en 1988 por sicarios libios. Esa doctrina no existe. El avión explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie y los culpables fueron juzgados en Escocia por jueces escoceses. Años después, el entonces dictador de Libia, Muammar Khadafy, les entregó los culpables a los jueces de Escocia en Holanda. Se respetó la soberanía del país donde sucedió el delito, Escocia.
¿Por qué Cristina Kirchner firmó ese acuerdo, a las apuradas, contra cualquier noción de prudencia? ¿Por qué lo suscribió con un presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, al que le faltaban sólo cuatro meses para irse del cargo? ¿Por qué justo con él, un hombre moralmente desagradable que llegó incluso a negar el Holocausto?
Pocos meses después, accedió al poder de Irán un hombre moderado (nadie sabe qué significa moderado en Irán), el actual presidente Hassan Rohani. Pero Rohani llegó con un compromiso indisoluble: el jefe político de los moderados es Akbar Rafsanjani, el presidente de Irán en el momento del atentado en Buenos Aires, en 1994. El fiscal Alberto Nisman pidió siempre a Interpol la captura internacional de Rafsanjani; Interpol se la negó por el cargo de jefe de Estado que éste tenía entonces. La Cámara Federal insistió el jueves con la necesidad de que Interpol incluya entre los buscados a Rafsanjani, el líder político del actual presidente iraní.
¿Por qué, entonces? Nadie pudo establecerlo nunca. Se habló de una vocación de Cristina por convertirse en un puente entre Irán y Occidente. Se mencionó que creció la balanza comercial en el último año, y eso es verdadero. Se subrayó que el país de Cristina necesita importar petróleo con generosas formas de pago y que Irán estaba dispuesto a dárselas. Cualquier teoría es posible cuando no es creíble el argumento oficial. Es inverosímil buscar una supuesta verdad contra la opinión de las propias víctimas.
La verdad está acosando a Boudou. El tribunal de Casación que ordenó que la Justicia lo siguiera investigando tiene fama de ser amigo del Gobierno. Las pruebas contra el vicepresidente son más pesadas que las eventuales simpatías. El problema dejó de ser Boudou hace mucho tiempo; el conflicto político de fondo es que se trata de un personal error político de Cristina Kirchner. Ella lo eligió a Boudou sin consultar con ninguna instancia política. Sólo le preguntó a su hijo, pero éste no estuvo de acuerdo con la idea de su madre. La frivolidad de ese hombre ya era conocida antes de ser vicepresidente. Cristina insistió. A la Presidenta le es difícil aceptar ahora que se equivocó sin compañía.
La Cámara de Casación dejó el camino libre al juez Ariel Lijo para que cite a declaración indagatoria a Boudou. Éste quedó en las puertas de un procesamiento, que lo convertiría en el primer vicepresidente de la historia en ser procesado por supuestos casos de corrupción. El Gobierno ha hecho una fuerte presión, casi insoportable a veces, sobre todas las instancias de la Justicia para salvar a Boudou. Insistamos: no lo hizo por él, absolutamente eclipsado en el universo cristinista, sino para evitarle a Cristina la comprobación de su error.
Las mentiras de Boudou se amontonan en el despacho del juez. Acusó de lobbista judicial al ex jefe de los fiscales Esteban Righi, pero la Justicia lo sobreseyó y limpió su buen nombre y honor. Denunció por prácticas deshonestas al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, pero la Justicia no encontró ni pruebas ni indicios de ningún delito en su gestión.
Boudou dijo que no conocía a Alejandro Vandenbroele, pero le alquilaba el departamento que está a nombre del propio vicepresidente. Aseguró que no había escuchado hablar de The Old Fund, presidida por Vandenbroele cuando ésta estaba a cargo de Ciccone, pero aquella empresa pagó pasajes turísticos a familiares de Boudou. Aseveró que no había hecho ninguna gestión ante la AFIP para recomponer la deuda impositiva de Ciccone, pero apareció una nota firmada por Boudou, cuando era ministro de Economía, en la que instruía a un directivo de la agencia impositiva para que fuera condescendiente con la empresa gráfica.
La carrera política de Boudou ha terminado. El acuerdo con Irán concluyó de hecho. Un método de gobernar, marcado por una idea repentina o misteriosa del líder, está llegando a su fin. La constatación de que el error como método no es un buen camino podría servir de lección para los próximos gobernantes. No salvará a Cristina Kirchner de la obligación política de explicar por qué eligió el capricho y despreció la política.
