La justicia, en coma

Corte Suprema paralizada, administración judicial en el aire, sin gerente y habrá Fiscal interino.

El sistema judicial se encuentra en estado de coma. A quien esta afirmación le parezca exagerada, lo invito a revisar la situación. La Corte Suprema de Justicia, que deben integrar 23 magistrados, cuenta solo con 17, pues hay seis vacantes. A finales de marzo serán 16 porque cumple su período uno de los 17. No podrá agriparse ni uno porque se acaba el quorum decisorio, que es de 16. Puede que, de todos modos, ese ‘quórum’ desaparezca porque la situación tiene desesperados a varios magistrados y alguno podría renunciar. Para suplir las vacantes de manera provisoria, la Corte designa conjueces, pero no siempre hay acuerdo para ello y, en cualquier caso, eso ralentiza y hasta paraliza los procesos.

El reglamento interno establece que para elegir Fiscal General, un tema inminente, pues el período de Luis Eduardo Montealegre termina en marzo, hacen falta 16 votos a favor de un mismo candidato, es decir, la casi totalidad de los actuales. Como desde ya es evidente que, por sus divisiones internas, la Suprema no alcanzará semejante unanimidad, el vicefiscal Jorge Perdomo quedará como Fiscal encargado hasta que San Juan agache el dedo. Corte paralizada y Fiscal provisional: a eso está abocado el país.

Y hay más. ¿Por qué los magistrados no eligen a quienes deben llenar las vacantes? Primero, porque hay profundas divisiones en las salas así como en el conjunto de la Corte, que impiden los acuerdos. Y segundo, porque con la reforma judicial del año pasado surgió un limbo jurídico que afecta la nominación de los candidatos a esos cargos.

Esa tarea la cumplía –entre roscas clientelistas y maniobras dignas de la Cosa Nostra– la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La reforma eliminó esa sala y la reemplazó por el Consejo de Gobierno Judicial, integrado por los presidentes de las altas cortes –Suprema, Constitucional y Consejo de Estado– y seis miembros más. La elección de tres de ellos quedó en el aire por decisión del Consejo de Estado, que halló vicios de forma en el proceso. Por eso el Consejo de Gobierno aún no opera.

Bonito: una entidad está casi muerta y la que debe asumir sus funciones no ha nacido. Y la cosa puede empeorar: el ‘quorum’ de la moribunda Sala Administrativa va a quedar desintegrado en pocas semanas, ya que de sus siete miembros, solo hay cuatro en funciones y uno de ellos termina en marzo su período.

El Consejo de Gobierno Judicial debe nombrar al gerente de la Rama Judicial, encargado de manejar el presupuesto. Como no hay Consejo, no hay gerente ni manejo presupuestal. Pero además hay plata embolatada. Para financiar el cambio al sistema oral en la justicia civil, el Gobierno encontró un billón de pesos en depósitos judiciales, en una cuenta del Banco Agrario. Pero por el limbo entre la sala administrativa y su reemplazo, la Rama no ha podido hacerse con ese dinero. De ahí el paro judicial de estos días. Para rematar, la reforma del año pasado requiere de una ley estatutaria que el Gobierno presentó en octubre al Congreso, donde no ha avanzado porque, entre otras, las altas cortes se oponen a su texto.

La Corte Suprema está al borde de la implosión, la Sala Administrativa vive ‘in articulo mortis’, la entidad que la reemplaza no ha nacido, no hay gerente para la Rama Judicial, no hay plata para los juzgados civiles, no hay ley estatutaria y la Fiscalía va rumbo a la interinidad. Hace cinco años, el Gobierno volvió a crear el Ministerio de Justicia, que en tiempos de Álvaro Uribe había sido fusionado con el de Interior. La justificación de esa recreación burocrática fue evitar todos estos líos. Es evidente que esa solución no ha servido. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, es un hombre respetable, por quien siento admiración personal. Pero, en medio de este caos, ¿dónde anda metido?

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