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Jueves 20 de Septiembre del 2018

La justicia: ¿un estorbo para la paz?

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Darío Acevedo Carmona  |

Fecha: 16/02/2015

 

Foto: José Leonidas Bustos / caracol.com.co

Si la Constitución política es el súmmum de la justicia de una sociedad, ¿cómo es posible que quien fue nombrado para hacerla respetar, fiscal o magistrado, diga que ella no puede ser un estorbo para la paz, que se puede amoldar al gusto de quienes la han mancillado con actos de infinita crueldad?

Las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos “Ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la paz” refuerzan la posición del Fiscal General de la Nación, quien sostiene que Colombia debe hallar una fórmula para evitar que las leyes internacionales en materia de delitos de lesa humanidad impidan la paz.

Esa propuesta ha sido acogida por otros altos dignatarios, como el Defensor del Pueblo y ministros de Estado que, por sus funciones, deben ser los primeros en evitar que la paz se firme al precio de la impunidad total.

El expresidente César Gaviria al hablar del tema, pasando por intérprete de la CPI, sostuvo que ella “será una aliada… y no un escollo insalvable”. Y agregó, retadoramente “Nadie, ni en Colombia ni en la comunidad internacional, puede esperar que surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia”.

El embajador en Países Bajos, Eduardo Pizarro, interpretando las “esperanzas del mundo” sobre Colombia, dijo que este “No vería bien que fracasáramos en la paz por un modelo de justicia que la hiciera inviable”. Hasta Rodrigo Granda, negociador de las FARC, habló de “buscar una salida jurídica propia”.

El razonamiento es anacrónico pues nos retrocede a momentos del pasado en que se firmaron pactos de paz decretando amnistías e indultos de manera laxa porque no existían ni las normas ni los organismos que hoy tenemos.

En efecto, la CPI y su Estatuto fueron adoptados en Roma en 1998 y paulatinamente acogidos por muchos países. Colombia adhirió en 2002 pero hizo una reserva en el sentido de que dicha Corte no interviniese en la investigación y juzgamiento de crímenes de guerra cometidos en el país sino después de noviembre de 2009. El presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Alvaro Uribe, estuvieron de acuerdo con el propósito de dejar una puerta abierta a futuras negociaciones de paz.

Por otra parte, la Corte Constitucional en varias jurisprudencias ha dictaminado que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico, es decir, que los compromisos adquiridos por el país, hacen parte de la Constitución política y no pueden ser reformados o anulados por motivo alguno excepto que Colombia renunciara a ellos. Aún en ese caso, las normas relativas a derechos humanos mantienen vigencia porque hacen parte del inmodificable “bloque de constitucionalidad”.

De manera que, lo que se viene pregonando y se está cocinando con total desparpajo, bajo el liderazgo del Ejecutivo, es una violación flagrante, no a una ley ordinaria sino a la más alta expresión de la normatividad que puede tener una sociedad decente que se precia de democrática.

La Justicia Transicional no es un caucho que se estira y se encoge al capricho del gobernante o de las guerrillas. Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI, ha reiterado que para los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, detallados en los artículos 7 y 8 del Estatuto, debe haber castigo de prisión.

Nadie está pidiendo cárcel para todos los desmovilizados, como sugirió, sin ser corregida, una premio nobel de paz en presencia del jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle. Nadie se opone a que los guerrilleros no incursos en aquellos delitos sean amnistiados y hagan política, nadie se opone a que el gobierno asuma compromisos socioeconómicos con la población de las zonas que han sufrido los rigores de la violencia.

A lo que nos oponemos es a la rendición del Estado que subyace en la idea según la cual la Justicia y la Constitución no pueden ser un estorbo para la paz.

CODA: Puede ser legal pero es cuestionable que el gobierno y la fiscalía neutralicen o ganen la opinión de intelectuales y periodistas con jugosos contratos sobre las negociaciones, posconflicto, pedagogía y movilización por la paz, nueva versión del viejo recurso del “sobre” con dinero. Transcribo algunas cifras que circulan en redes:

“Visionarios por Colombia recibió 480 millones, Corporación Nuevo Arco Iris 640 millones, otro por 493 millones y ñapa de 341. Generales Mora y Naranjo, De la Calle, Pearl 19 millones/mes, cada miembro Comisión Histórica 46 millones, Federación Nacional de Cafeteros 11.963 millones. Fundación Red Desarrollo-Paz Montes de María 1.422 millones, Cordepaz 1.300 millones, revista Semana 1.092 millones, RCN y Caracol 700 y 999 millones, Fundación García Márquez 666 millones para ambientar prensa USA. Profesionales Ciencias Sociales El Colectivo 446 millones, RTVC 348 millones, etc.

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