Advierto que mis críticas no son, como pudieran pensar algunos, de carácter personal. Fui santista e impulsé tanto como me fue posible su primera candidatura. Cargo con ese pecado y con esa culpa. Es verdad que dejé de serlo cuando traicionó el legado que recibió y cuando vi que no tenía reparo en mentir, decir y desdecirse con descaro, cuando se trataba de defender sus intereses. Y cuando constaté que su vanidad, su ego, su deseo de “pasar a la historia”, estaban por encima de los intereses del país. Pero Santos se va en el 2018 y, aun con su ansiado Nobel en la mano, dejará de existir políticamente. Santismo solo hay porque hay mermelada, porque Santos cree que el presupuesto nacional es de él y no de todos y que él es el “dueño de la chequera”. Terminada esta, volará a vivir a Londres, donde se siente mucho más cómodo que entre nosotros los criollitos, los mestizos. Y, dejándonos el despelote, desaparecerá Santos.
Así que, de nuevo, vuelvo sobre el proceso de paz y lo que nos dejará. Esta semana se anunciaba que Naciones Unidas verificaría el cumplimiento del cese al fuego. Hasta ahí, muy bien. Nadie tiene su experiencia y su credibilidad. Pero después se agregó que la misión “estará compuesta con observadores no armados que van a provenir de países miembros de la Celac”, “países escogidos por la Mesa de Conversaciones de La Habana”, es decir, por las Farc y Santos. La Celac, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es parte de la nueva fauna de multilaterales impulsados por la izquierda latinoamericana, como Unasur. Se constituyó en el 2011 en Caracas, por iniciativa de Chávez, no incluye a Estados Unidos y Canadá, tuvo por presidente a Raúl Castro y ahora a Correa que, por cierto, no tuvo reparo en afirmar que pretendía sustituir a la OEA. ¿De verdad el Gobierno cree que estaremos tranquilos los colombianos si en los hechos la verificación se la dan a la Celac? Y si algo avanzábamos cuando Santos afirmó que una de las prácticas de la ONU era que en estas misiones “no participen los países limítrofes”, él mismo se encargó de recular, como acostumbra, y después dijo que en realidad “pueden ser de cualquier país que pertenezca a la Celac”, de acuerdo con “las ofertas” que tales países hagan. Así que como vamos, es posible que la verificación la hagan Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, todos los cuales han apoyado o apoyan aun a las guerrillas colombianas.
Por otro lado, el Fiscal General pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al expresidente Uribe por “no haber tomado las medidas necesarias en calidad de gobernador [de Antioquia] para evitar la toma paramilitar de los corregimientos de El Aro y La Granja” en 1997. El Fiscal lo hace con base en declaraciones de “don Berna”, el mafioso extraditado por Uribe a los Estados Unidos. Y, como si no bastara, por el “contexto” sugiere que el expresidente estuvo involucrado en los asesinatos de Jesús María Valle y Pedro Juan Moreno.
El lector dirá qué tiene que ver esto con el proceso de paz. Pues está muy claro: estas acusaciones contra Uribe, como otras contra exfuncionarios de su gobierno, están dirigidas a torcerle el brazo y hacerlo ceder en sus críticas a lo que el gobierno pacta en La Habana. Montealegre funciona como el martillo del régimen contra sus críticos y opositores.
Y como se ha pactado que el Tribunal Especial de Paz tenga conocimiento preferente de todos los asuntos penales concernientes al conflicto, lo que ocurrirá es que tendrá jurisdicción sobre estos procesos. Y como las Farc y Santos decidirán en última instancia sobre quiénes serán los jueces del citado tribunal y como el procedimiento penal lo decidirán tales jueces y como se aceptarán como pruebas los escritos de oenegés y similares y como, ha de suponerse, ahí también abundarán los falsos testigos, ya se sabe lo que nos espera.
La intención es clara: esto es una licuadora. Al final esperan que la oposición agache la cabeza. O nos mandan a la cárcel.
