Debería estar escribiendo sobre el apretón que se nos viene este año y el desastre económico que será el próximo, por cuenta de la caída anunciada del precio de petróleo, que agarró al equipo económico del Gobierno con los pantalones abajo, de una reforma tributaria confiscatoria y que se ceba en la inversión y en la clase media, y del aumento incontrolado de la burocracia y el gasto público por vía de la mermelada y del pago de favores electorales, entre otras razones.

Pero de nuevo el proceso de paz pone dos temas sustantivos sobre la mesa, esta vez no por los afanes improvisadores de la Casa de Nariño sino de unas Farc agalludas y astutas. En esta semana la guerrilla propuso que, por un lado, el Estado dedique el 3 % del Producto Interno Bruto a reparar a las víctimas del conflicto y que, por el otro, se cree una circunscripción electoral especial para las víctimas.

La guerrilla quiere que se destine como mínimo el 3 % del PIB a un “Fondo Especial para la Reparación Integral de las Víctimas”, es decir, en cifras del 2013, las últimas disponibles, la tontería de casi 11,5 billones de dólares, más de dos veces de lo que ingresaría durante cada año por la citada reforma tributaria. Para que el lector recuerde, a fines de ese año el Estado ya había reparado cerca de 350 mil víctimas, un 6 % del total, con un gasto de 6,2 billones de pesos.

La cosa se pone aun mejor cuando se profundiza en la propuesta de las Farc. Piden que se garantice la participación de las víctimas y sus organizaciones en el “diseño, ejecución y control de la política pública orientada a la materialización de sus derechos”. Y para todo eso proponen la participación y el control de las organizaciones de las víctimas en una larguísima y burocrática parafernalia de “Plan Nacional para la Reparación Integral”, “Consejo Nacional para la Reparación Integral”, “Fondo para la Reparación Integral”, y una “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Y piden que se considere a las víctimas y sus organizaciones desde 1930.

Las trampas son evidentes: primero, las Farc consiguieron que las víctimas de las que se hablara en La Habana fueran todas las del conflicto y no las centenares de miles que ellas causaron; segundo lograron que el Gobierno aceptara que todas esas víctimas fueran a presentarse frente a las Farc, legitimándolas; de esa manera, tercero, lograron diluir su responsabilidad; de hecho, cuarto, aun no asumen la propia y en cambio exigen que el Estado reconozca la suya; quinto, evitan tener que reparar a las víctimas de su propio bolsillo y le trasladan a los ciudadanos, precisamente las víctimas directas o indirectas de su accionar violento, el valor de pagar de su bolsillo los costos de la reparación. El camino para hacer del proceso de La Habana un lavadero institucional de los activos de las Farc está pavimentado; sexto, hay que decirlo aunque haya quien salte para acusar de estigmatizar y “revictimizar”, una buena parte de las organizaciones de víctimas son dirigidas y controladas por las Farc o personas afines; séptimo, con su propuesta buscan controlar los movimientos de víctimas y los presupuestos que estos manejarían.

¿Se dejará el Gobierno meter semejante gol? ¿O, por fin, exigirá de las Farc, al menos, verdad y reparación? ¿Y que si no reparan o no cuentan toda la verdad, pierdan los beneficios jurídicos que se les otorguen?

Y a todas estas, las Farc piden crear una circunscripción electoral especial solo para las víctimas, que elija por doce años seis congresistas. Congresistas que se sumarían, claro, a los que ya se acordó elegir en circunscripciones especiales en las zonas de conflicto y en la que no podrán participar los partidos y movimientos políticos existentes. Agreguen las que pedirán para la participación directa de sus miembros en los órganos colegiados. ¡Bienvenidos a la profundización democrática que pactan el Gobierno y los terroristas!.