En el 2018, las Farc y el Eln van a incidir más directamente que nunca en las elecciones porque necesitan una figura cómplice que encare la misión de culminar ambos procesos.

Apenas habían transcurrido unos días desde que De la Calle admitió que la firma el 23 de marzo se frustró porque persistían profundas diferencias con las Farc, cuando el Gobierno destapó la carta de los diálogos con el Eln. Un destape inoportuno porque las “profundas diferencias” supondrían –según rumores– una especie de borrón y cuenta nueva, y el posponer el humo blanco para el año entrante porque el desarme solo se haría “a partir del 31 de diciembre”. Además, porque los ‘elenos’ son aún más intransigentes y cínicos que los ‘farianos’, de manera que esta nueva comedia tardará mucho más de lo que le resta a Santos en el poder.

Es decir, como se temía, es muy probable que las negociaciones con las Farc no lleguen a término en este periodo, menos ahora cuando se habla de la confluencia de ambos procesos: “una sola paz” o, para decirlo mejor, una sola entrega. Y como este gobierno no aprende, o no quiere aprender, se metió en camisa de once varas al aceptarles a los terroristas del Eln una mesa itinerante, que irá de país en país como circo malo, y ese invento de meter a negociar a la ‘sociedad civil’, que en realidad son ellos mismos con máscara de gente corriente.

Esta mecánica está pensada para no terminar los diálogos antes del tiempo que a las Farc les tome hacerlo (van más de tres años en La Habana), con el agravante de que ahora estas no parecen muy interesadas en concluir el asunto porque su margen de exigencias crece al ritmo que Santos se descuelga en las encuestas. Incluso, para justificar su parsimonia ya echaron mano del sofisma del paramilitarismo –“excusas para dilatar el proceso”, dice Mindefensa–, atribuyéndole a ese fantasma el homicidio de supuestos defensores de derechos humanos, cuando esa maquinaria antisubversiva que, según ‘Timochenko’, “campea por todo el país” solo está en su cabeza.

En el 2018, las Farc y el Eln van a incidir más directamente que nunca en las elecciones porque necesitan una figura cómplice que encare la misión de culminar ambos procesos. A muchos electores los convencerán con el cuento de que si esperaron lo más, la paz amerita esperar lo menos; y para los que no creen habrá ‘mermelada’, remedio de infalibilidad comprobada. Esto, a menos que una nueva constitución diga otra cosa, ese inamovible con el que las Farc presionan a un Santos cada día más débil que se ahoga en el 13 por ciento de su mediocridad (YanHaas).

Y como el mal ejemplo cunde, ahí viene el ‘clan de los Úsuga’ a hacer fila, un residuo del Epl con reconocidos lazos de amistad y hasta familiaridad con las Farc. Bastará con apropiarse de un discurso mamerto y con atacar a la población y al Estado alegando reivindicaciones sociales para que, más temprano que tarde, los llamen a negociar. De su capacidad de parecer criminales comunistas, y no criminales a secas, depende su conversión en honorables parlamentarios. Aún están a tiempo.

Lo cierto es que tanto pesimismo que se respira no es gratuito. Mientras Human Rights Watch dice que el acuerdo con las Farc es un jaque mate para la justicia colombiana, el ministro Cristo revictimiza a la familia Cabrales, amenazándolos con cárcel por haber pagado un secuestro, lo que el insolente Erlinto Chamorro califica de “fianza”.

A todas estas, lo más probable es que Santos no haga ninguna refrendación del proceso porque, cualquiera que sea, es casi seguro que la pierda. De ahí la proterva iniciativa del exfiscal Montealegre de tratar de convencer a la Corte Constitucional de que lo firmado en La Habana quede escrito en piedra: “El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”, dice. ¿Que el pueblo no es soberano? ¿Se atreverán a tanto?