Domingo 22 de Octubre del 2017

La paz y la justicia

En medio de la avalancha de comentarios y opiniones a los que siempre da lugar cada nuevo esfuerzo para alcanzar la paz por la vía de la negociación, hay temas cuya verdadera influencia sobre los procesos tienden a confundirse.

No es de extrañarse, que se esté repitiendo la historia. Pero esa constante ahora se manifiesta con respecto a materias fundamentales en las que no debe haber confusión. Se trata de aspectos que, en el pasado, admitían intensos debates políticos y decisiones más o menos audaces, acerca del marco para la reintegración a la sociedad de los desmovilizados de los grupos armados ilegales.

El alcance de la generosidad de la sociedad en materia de perdón y olvido a quienes dejaban la lucha armada y por los crímenes cometidos, ocupaba la atención de los protagonistas de los procesos, y de la gente en general.

En buena medida, de eso se trataba. Todos los esfuerzos se orientaban a conseguir que se silenciaran los fusiles a cambio de espacios para que los, otrora, alzados en armas pudieran dar rienda suelta a sus vocaciones en un ambiente de convivencia.

Hacer sacrificios en materia de justicia para lograr la paz, era aceptable, políticamente, y, jurídicamente, viable. De ahí, que los anaqueles de nuestros archivos históricos alberguen innumerables leyes y decretos, en los que se materializa esa voluntad social.

Todo ha cambiado mucho en estos aspectos. Con el fin de evitar confusiones, al igual que debates innecesarios, es indispensable decir que dichos sacrificios ya no son posibles. Más aún, Colombia, como firmante del Estatuto de Roma se comprometió a lo contrario, es decir, a combatir la impunidad y a aceptar la competencia de la corte penal internacional.

De conformidad con las obligaciones que nuestro país tiene, el único marco posible de acción en el proceso con las Farc es el del Estatuto mencionado.¿Qué quiere decir esto? Significa que las autoridades nacionales tienen el deber de sancionar a quien incurra en crímenes contemplados en ese acuerdo internacional.

Y no solo a quien lo cometa en forma directa, también al autor intelectual e, igualmente, al cómplice, encubridor, o colaborador de algún modo. Para que quede todavía más claro, la responsabilidad del Estado incluye perseguir a todo el que contribuya de algún otro modo a la comisión de un delito, a sabiendas de que el grupo tiene la voluntad o intención de cometerlo. Tenemos que hablar sin ambigüedades para que después no haya sorpresas. Hoy, no hay ninguna tolerancia en la lucha contra la impunidad, y la búsqueda de la paz no es una razón que se tenga en cuenta para flexibilizar las obligaciones internacionales del país.

Sea cual fuere el resultado del proceso que se ha puesto en marcha –y hago votos para que sea el mejor–, se debe tener presente que Colombia está comprometida a investigar y juzgar a quienes hayan cometido delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Si no lo hace, lo hará la Corte Penal Internacional.

CARLOS H. TRUJILLO GARCÍA

EXMINISTRO Y EXEMBAJADOR

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