No se trata de ser ingenuos, por supuesto: en esencia las alianzas políticas se construyen a partir de negociaciones. Pero esos diálogos deberían basarse en ideas, acuerdos programáticos y posiciones definidas, de tal manera que sean mucho más fuertes que depender de la cantidad de cuotas burocráticas asignadas a cada partido.
Aun cuando es una actitud normalizada, no deja de ser chocante la forma en que varios partidos políticos se han referido a la asignación de puestos de vital importancia para el país a cargo del Ejecutivo. Lo que empezó con la terna para elegir fiscal y siguió durante el proceso de modificación del gabinete deja la amarga sensación de que la política es sinónimo de intercambio de favores y cuotas.
Como lo dijimos en su momento, el proceso de selección de la terna para reemplazar a Eduardo Montealegre en el cargo de fiscal general de la Nación dio pie para que cada partido hiciese cabildeo por la persona que pudieran reclamar como cuota propia. Por eso, y pese a las evidentes cualidades de los nominados (y los que no quedaron en la terna), el análisis ineludible después de que el presidente Juan Manuel Santos anunció a los candidatos es que triunfó una corriente política y otra quedó resentida por sentirse ignorada. ¿De verdad esperan que la representación partidista sea la característica más importante para llenar los cargos de instituciones que por su naturaleza necesitan independencia?
En la designación de los nuevos ministros y altos funcionarios de la Presidencia la dinámica fue mucho más evidente y, de hecho, estuvo auspiciada desde la Casa de Nariño. Ya mucho se ha escrito sobre cómo varios nombramientos responden a los cálculos de interés político (entendido como la repartición de posiciones con la intención de fortalecer alianzas) por encima de las necesidades técnicas de cada cartera. Tanto la “jugada” del presidente como la reacción de los partidos políticos evidencia que ese es el lenguaje que se utiliza en las negociaciones del poder.
El Partido Liberal (en voz de Horacio Serpa) y el Partido de la U (representado por Roy Barreras), cada uno a su manera, salieron a expresar un profundo descontento con el presidente e insinuaron que la Unidad Nacional ya no tiene razón de ser pues su funcionamiento ha servido únicamente para fortalecer a Cambio Radical y a una presunta candidatura a la Presidencia de Germán Vargas Lleras. En respuesta, Rodrigo Lara, jefe de Cambio Radical, dijo que es lamentable que Serpa, en representación de los liberales, “condicione su apoyo al Gobierno y al proceso de paz a una situación de naturaleza burocrática”.
Tiene razón, pero tampoco puede negarse que el partido de Lara y el vicepresidente ha presionado para controlar posiciones importantes dentro del Gobierno que los ha fortalecido políticamente a nivel nacional. No ayuda a calmar esa sensación que, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, Álex Char, exclame que Vargas Lleras será el próximo presidente de Colombia, “duélale a quien le duela”.
En síntesis, tal parece que los miembros de la coalición de Gobierno han supeditado su lealtad a la cantidad (y calidad) de puestos ocupados dentro de la burocracia estatal. ¿De verdad esa es la clase de política que debe promoverse en el país?
No se trata de ser ingenuos, por supuesto: en esencia las alianzas políticas se construyen a partir de negociaciones. Pero esos diálogos deberían basarse en ideas, acuerdos programáticos y posiciones definidas, de tal manera que sean mucho más fuertes que depender de la cantidad de cuotas burocráticas asignadas a cada partido.
Si bien cada fuerza política tiene intereses individuales, no pueden nunca olvidar que, en últimas, su servicio debería ser para el bien del país. Lamentar públicamente la repartición del ponqué, sin denunciar esa mentalidad de creer que el Estado es únicamente para ser distribuido entre ellos, causa justa desconfianza y desazón entre los colombianos. Después no pueden preguntar por qué la confianza en las instituciones está por el piso.
