El Estado está favoreciendo a la delincuencia, que, amparada en el conflicto colombiano, se robará las tierras de cientos de personas.

En 1992 le compré a mi papá una tierra de más de 44.000 metros cuadros que incluía un yacimiento de yeso rosado. No la pude desarrollar porque no vivía en Colombia, pero la dejé a su cuidado. Cuatro años después, mi papá enfermó y murió. Luego vinieron años muy difíciles para toda la familia, pero, por motivos sentimentales, nunca vendí la tierra.

Luego enfermó nuestra mamá, y el proceso también fue largo y muy difícil para todos. Después sufrí un accidente, y tengo hasta hoy problemas de movilidad. En el 2008, la finca fue invadida por sujetos que, supuestamente, venían del Magdalena Medio y daban a entender que eran paramilitares. La gente de la región se llenó de miedo, y nadie se metió con ellos.

Pedí auxilio a la Policía y a la Gobernación de Cundinamarca para visitar mi tierra, pues, como todos, tuve miedo, especialmente porque, junto con mi esposo, también periodista y asesinado en 1986, sufrimos amenazas de muerte que nos obligaron a salir de Colombia en agosto de 1980.

Abrí una querella policial por posesión, pero fui mal aconsejada por el personero del pueblo y contraté a un abogado pariente suyo, a quien tuve que retirarle el poder porque no hizo nada. Contraté a otro abogado, pero dejó vencer los términos. Para muchos, los dos tuvieron miedo y no quisieron arriesgar sus vidas.

Hace cuatro años me acogí a la Ley de Restitución de Tierras. Como cualquier desplazado, hice filas interminables, suministré todos los documentos que me solicitaron, enfrenté el desprecio de funcionarios públicos y aguardé con paciencia a que le tocara el turno. Hace tres meses me llamaron de la Unidad de Restitución de Tierras. Me entrevistaron, pidieron más documentos y nombres de vecinos que me conocieran, que pudieran testificar, y me anunciaron que habría una solución para mi caso en dos meses.

En octubre fui a la oficina de Restitución de Tierras en la calle 27 con carrera 10.ª. Me contaron que el único vecino que acudió a la cita y testificó no dijo nada que vinculara a los invasores con ‘paras’. ¿Por qué?, me preguntaron. Respondí que “a lo mejor por miedo”.

Me informaron extraoficialmente que el Estado no podía resolver mi caso porque los invasores no están vinculados al conflicto colombiano, porque no presenté pruebas contundentes que los identificaran como ‘paras’ y porque en la invasión no hubo violencia.

No estoy de acuerdo. Los invasores sí están vinculados al conflicto, porque lo utilizaron para ocupar mi tierra. No los puedo identificar con pruebas contundentes porque eso es imposible para cualquier ciudadano común. Y sí hubo violencia, pues cómo se llama, entonces, invadir a la brava una tierra, impedir que ingrese su propietario legal y sembrar el miedo. ¿Qué tipo de prontuario de sangre tendría que haber presentado para calificar en la Unidad de Restitución de Tierras?

El Estado dejó pasar cuatro años y le dio ventaja a la delincuencia. Ahora me dicen que yo veré qué hago. No da salidas ni ofrece alternativas a los ciudadanos que creímos en su justicia. Nos devuelve a todos al nudo ciego del miedo y la desesperanza, y fortalece la impunidad y el robo. Sabe que la mayoría de los desplazados no contamos con ningún tipo de ayuda o protección para recuperar la tierra, y que tememos que nos maten en ese intento. Está favoreciendo a la delincuencia, que, amparada en el conflicto colombiano, se robará las tierras de cientos de personas con su apoyo.

Estamos a punto de firmar la paz, pero si lo de la restitución de tierras fue una salida para consolidarla, lo único que está haciendo es echarle más gasolina a la candela, porque la paz tiene que ver con la justicia en todos los niveles.