Según el artículo 139 de la Constitución de 1991, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la bitácora que guía la acción estatal hacia el logro de las principales metas de la sociedad en el mediano plazo.
El que se debate ahora en el Congreso dice tener como norte la construcción “de un nuevo país basado en la paz, la equidad y la educación”. Unas bases y una meta deseables e indiscutibles. ¿Quién estaría en contra de ellas?
Pero al pasar del enunciado general a los contenidos concretos de las seis estrategias que configuran tanto el documento base como el articulado del respectivo proyecto de ley en discusión —200 de 2015 Cámara y 138 de 2015 Senado—, se va diluyendo el sueño del nuevo país y reviven los fantasmas del viejo país actual. Nada importante del ordenamiento económico, político y social vigente se toca o modifica. Son variaciones intrascendentales en la misma clave de inequidad, exclusión y mercantilismo voraz. La salud es un buen ejemplo.
Con una mano, y a regañadientes, el Gobierno firmó en febrero de este año la Ley Estatutaria en Salud (LES). Con la otra mano, al mismo tiempo y muy convencido, el Gobierno entregó al Congreso de la República su proyecto de PND. Aunque por debajo de las expectativas y posibilidades que se plantearon en su momento, dicha LES significa un paso importante en la comprensión y aceptación de la salud como derecho humano fundamental, en el restablecimiento de las responsabilidades indelegables del Estado en el saneamiento y el bienestar de la población, en el reconocimiento de la autonomía de los profesionales de la salud y en el respaldo a la tutela y a la participación de la sociedad en los asuntos de la salud. En contravía de todo esto, los artículos de salud del PND —66 a 86 en el articulado aprobado en primer debate por las comisiones 3ª y 4ª de Cámara y Senado— vuelven a la reducción de la salud a un servicio pagado por la atención de algunas enfermedades, a los paquetes de “beneficios” según la capacidad de pago, a la primacía de las EPS, a la obsesión por el funcionamiento financiero y la certeza de las ganancias, a los copagos, al trabajo tercerizado en salud y a la progresiva liquidación de la red pública hospitalaria.
Si el actual proyecto de PND se aprueba finalmente, el mismo Congreso estaría borrando con el codo lo que hace poco escribió con su propia mano en salud. Y el Gobierno, en lugar de estar abriéndoles las compuertas a los cambios necesarios para cimentar la paz, estaría manteniendo las condiciones que han contribuido a alimentar la guerra y cerrando las posibilidades al publicitado “nuevo país”. La paz requiere cambios en la realidad, en la vida cotidiana de la gente, y no sólo en el discurso oficial. La salud es un indicador concreto de qué tan reales son dichos cambios. Aunque por ahora todo indica que seguiremos de mal en peor, el PND no está definitivamente aprobado. Aún hay tiempo entonces para que se escuchen las propuestas y protestas de muchos sectores y para que el Congreso siente un precedente de coherencia y autonomía haciendo valer la Ley Estatutaria en Salud que aprobó hace muy poco y que avaló —con reparos y valiosos correctivos— la Corte Constitucional antes de su reciente debacle.
