El monitoreo internacional
¿Hasta dónde templará la cuerda?
La intervención del Vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en el seminario organizado por la Universidad del Rosario, sirve para todo. Es decir, para que tirios y troyanos puedan aproximarse a su manera y según su querer al proceso de paz con las Farc. Porque, ciertamente, ahí cabe desde la cárcel para los perpetradores de crímenes atroces y de guerra hasta, inclusive, el tratamiento de los delitos políticos sobre los que la misma CPI dice no tener competencia.
Sea lo que sea, pareciera que, andando el proceso de paz, poco a poco se abre el camino a un escenario de justicia transicional. Sin que, por el momento, se tenga claro cuál es el contenido puntual de aquel. De hecho, las Farc han dicho reiterativamente que no pagarán un día de cárcel. A lo que el Estado ha contestado que cárcel no significa estar entre barrotes sino que pueden revisarse alternativas como las granjas-taller, que a su vez el Procurador llama “resorts” y otros califican de “catedrales”. Todo ello en medio de encuestas, como la última de Datexco para La W y El Tiempo, en las que el proceso de paz sigue cobrando una incredulidad de la que no logra recomponerse. Porque, en efecto, el país se mantiene desconcertado con el hecho de que ante la matanza de 11 soldados en el Cauca, hace ya algunas semanas, no pasó nada. De modo que ante ese vacío pareciera, en vez de disminuir, incrementarse el castigo, con el tiempo, al proceso de paz.
El Vicefiscal, que se cuida de señalar una y otra vez que es un funcionario auxiliar frente a los de mayor jerarquía, como los magistrados y la Fiscal, sostiene por supuesto que la función de la CPI es estrictamente penal. Pero acepta, por igual, que hay etapas de transición en las que se puede ser más benevolente siempre y cuando ello se traduzca en una paz sostenible, se dé un tratamiento adecuado a las víctimas y se establezcan las garantías de no repetición. También afirma que no puede referirse sino a temas genéricos porque, en efecto, una postura clara y puntual de parte del Gobierno, con la alternatividad penal delimitada y la forma de las condenas y las penas respetivas, todavía no existe. Exalta, eso sí, que la CPI está prácticamente establecida para sancionar a los “máximos responsables” y que es posible recurrir a amnistías, solo en cuanto ellas cobijen a los de inferior rango dentro de una organización armada. Pero a los que han tenido mando les reserva, como mínimo, una condena, que puede rebajarse a límites razonables con la respectiva privación de la libertad, la solicitud de perdón por sus crímenes y la veda política por un tiempo determinado.
La preocupación central del Vicefiscal, sin embargo, no se refiere al proceso de paz con las Farc, sino a la marcha judicial de lo que se ha dado en llamar “falsos positivos”, es decir, como lo dice, en hacer pasar a inocentes como combatientes de guerra. Es ello, como se sabe, lo que de hace ya bastante tiempo investiga la justicia ordinaria colombiana sin que, como reitera el Vicefiscal, se haya llegado a establecer nada sobre lo que llama los “máximos responsables”.
El Vicefiscal, en cuanto al proceso con las Farc, pareciera, de su parte, exaltar el trámite de la Ley de Justicia y Paz usada hace unos años para los paramilitares. Si bien se cuida de no ejemplificarlo como un modelo inamovible, deja entrever, aun habiendo quedado trunco, que en éste existen elementos positivos que podrían canalizarse en la actualidad. En ese proceso, como se recuerda, se pactaron ocho años de cárcel, previo a la extradición de la que fueron motivo los jefes, y hoy algunos de los comprometidos están saliendo en libertad.
La gran conclusión de la visita del Vicefiscal a Colombia es que el país está en pleno monitoreo por parte de la Corte Penal Internacional, en todas las facetas: agentes del Estado, subversivos y bacrines. Lo que, a su vez, denota que cualquier proceso de paz, como ya se sabía, tendrá que ser bajo su sombrilla. Lo que no se sabe es hasta dónde o cuándo templará la cuerda.
