“Lo que presenciamos fue una ‘bajasta’”

Desde el año 2013 venimos los colombianos escuchando sobre la venta de la participación del 57.6% que el Estado tiene en la empresa Isagen, la tercera en generación de energía en el país, con siete centrales hidroeléctricas en sus activos. Al proceso le han salido todo tipo de cortapisas y se ha dividido la opinión del país entre quienes se encuentran de acuerdo con vender la participación de la nación y quienes piensan que es un despropósito.

El Gobierno ha tomado la decisión de vender y destinar los recursos obtenidos para continuar construyendo importantes obras de infraestructura, como las autopistas 4G, que se consideran vitales para poder implementar cabalmente los diferentes Tratados de Libre Comercio que se han firmado en los últimos años y cruciales para el desarrollo del país.

Los enemigos de la venta señalan que la empresa es fundamental para el ejercicio de la soberanía energética del país; que es un error perder la capacidad de control en la actividad de generación energética; que los recursos son del pueblo y las vías que se harán no lo benefician tanto, como sería la inversión en programas de salud y de educación; las vías benefician otros sectores más pudientes de la población; que con los meros rendimientos de la empresa podrían financiarse las obras; que habría muchas otras formas de financiación; que lo que se pretende es tapar el hueco fiscal a costa de sacrificar las joyas de la corona.

El Gobierno responde señalando que la empresa no se va a ir, simplemente cambiará de dueño, pero seguirá en el país produciendo riqueza; que no es cierto que para tener el control de la política energética tenga que ser dueño de la empresa, que para eso están la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación que controla el Estado y que el desarrollo de la infraestructura vial de la país beneficia a todos los colombianos.

Argumentos variopintos con los cuales se puede estar o no de acuerdo. El proceso sin embargo, comienza a presentar síntomas de discusión jurídica ante la circunstancia de haberse quedado un único interesado de los tres que había inicialmente, lo que desvirtúa totalmente la subasta que se tenía prevista. Ya no habrá puja; basta que el interesado proponga el precio base y no habrá quién contra oferte o le haga subir la propuesta. Más que subasta presenciamos una “bajasta”, con el ingrediente que señalan que la empresa está mal valorada, que no se incluyeron los activos por propiedad intelectual, que el precio no cubre la pérdida del poder adquisitivo y que es lesivo para los intereses de la Nación. Para algunos se trata de un hallazgo fiscal anunciado que pone en detrimento el patrimonio público. También algunos señalan que la única postora, el consorcio canadiense, ha protagonizado varios escándalos de corrupción por sus negocios de bienes raíces en Brasil.

Cuando se publique esta columna ya será un hecho cumplido la venta de Isagen. Independientemente de la postura que queramos acompañar, pareciera que en arenas tan movedizas lo prudente habría sido esperar un pronunciamiento judicial y no correr con un proceso señalando fecha de subasta en plena vacancia judicial, dando pie a que algunos señalen que lo que se quería era evitar las acciones judiciales.