Durante el último mes, el Procurador General de la Nación recibe el fuego que a discreción le disparan desde todos los ángulos.
Quizás porque las elecciones presidenciales cambiaron de manera dramática el equilibrio del poder, o porque se necesitan nuevas víctimas así se acabe con la poca institucionalidad que queda, desde los jueces hasta el último de los políticos clientelistas se frotan las manos, a la espera de las sobras que queden del festín.
Ahora resulta que todos los antecedentes jurídicos del asunto no importan. Que los pronunciamientos anteriores de las Cortes no tienen peso alguno porque la jurisprudencia, ese bien tan importante para garantizar la estabilidad jurídica de un país que dice ser gobernado por un Estado de Derecho, puede ser desconocida. Es que lo importante de ahora es el botín político de una entidad a la cual se le han otorgado poderes para controlar a los funcionarios y castigar su ineficiencia o corrupción.
Poder político que no sólo tiene que ver con la capacidad sancionatoria o exculpatoria, sino que se extiende a la capacidad de influir en las Cortes mediante la nómina. Esa es la razón por la cual el magistrado Alberto Yépez emite una ponencia en mayo, antes de las elecciones, en la cual acata la jurisprudencia por la cual Edgardo Maya fue Procurador reelegido y ahora puede ser candidato a la Contraloría. Y en julio saca otra diametralmente distinta, cuando ya se sabe quién ganó y cómo quedará el Congreso. De imponerse la última, el gran ganador será el destituido Gustavo Petro, a pesar de que la Corte haya ratificado el poder sancionatorio del Procurador, no de Alejandro Ordóñez, contra funcionarios que actúen en forma indebida, no importa su filiación.
El otro asunto es la venganza sistemática contra la Contralora Sandra Morelli. Pasadas las elecciones y a menos de dos meses de entregar su cargo, se le vino encima el Fiscal, quien ya no puede ocultar su afán de protagonismo, su interés en imponer una línea política, muy afín al clientelismo triunfador, y en desquitarse de quien ha preguntado por sus asesorías a Saludcoop. Y la Auditora, un personaje anodino que no se ha preocupado por investigar el sinnúmero de irregularidades en las Contralorías regionales y municipales de todo el país pero está haciendo el mandado para configurar la acusación de quién sabe cuántos delitos contra la doctora Morelli.
Imposible deslindar de esta venganza a Saludcoop, el mayor fraude cometido contra la salud en Colombia, a todos sus abogados, asesores y cómplices. Tampoco deben perderse de vista los pronunciamientos inoportunos del fiscal Eduardo Montealegre sobre el proceso de paz, o el manejo tendencioso de sus pronunciamientos sobre hechos que afectan la política partidista, como las chuzadas. Él es obsecuente con el partido ganador y obra en consecuencia.
Ojalá el presidente Juan Manuel Santos no caiga en la trampa de la venganza y la cacería que se han puesto de moda, donde el Estado es un botín que se reparte para pagar lealtades. Para su gobierno nada sería más dañino que prolongar una campaña en la que el país quedó dividido por la mitad. Y para el resto de colombianos, lo peor sería que el triunfo en una elección se use para manipular las leyes y desestabilizar las instituciones que garantizan la tranquilidad para todos.
