Las Farc: soberbia criminal

NO sólo sus acciones. También la lógica de las Farc es perversa, pérfida y tramposa. En todas las formas vienen aduciendo hace décadas que en Colombia existe conflicto armado interno y su lucha está sujeta a las exigencias y garantías de las Convenciones de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales de 1977. Por esta razón piden a gritos (y bombas) que los procesados y sentenciados de sus filas obtengan la categoría de prisioneros de guerra.

Aunque distintos gobiernos se han acogido a la premisa de que en Colombia existe conflicto armado como lo hace la administración Santos y no lo hizo la de Álvaro Uribe, todos han sido enfáticos en negar cualquier condición de prisioneros de guerra a miembros de esa guerrilla. En la versión de conflicto armado de las Farc, no existen raramente los crímenes de guerra que tampoco pueden ser perfilados como delitos comunes según nuestra legislación penal. Así, sus homicidios, torturas y secuestros no son ni lo uno ni lo otro. Se trata entonces de simples y normales actividades políticas como dar un discurso o pegar un afiche en la pared. Aquí vamos con la lógica fantástica de las Farc que está a medio milímetro de llenarnos la copa a los colombianos del común.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Tratado de Roma) dice en su Artículo 8 que son crímenes de guerra -y el Estado colombiano y la CPI tienen la facultad omnímoda de verlo así- los homicidios intencionales, torturas y tratos inhumanos, causación deliberada  de sufrimientos físicos o de salud, destrucción o apropiación de bienes no justificados por la necesidad militar, privación de juzgamiento legítimo y ejecuciones sumarias y toma de rehenes. En general, dirigir ataques contra la población civil. Para las Farc -lo han dicho con claridad en La Habana y así lo han demostrado en sus ataques monstruosos de los últimos días- se trata de actividad política justificada. El problema es que la lógica global -la del mundo civilizado- corre por otro camino bien distinto. Se trata de crímenes horripilantes que exigen procesamiento y condena.

El Artículo 3 común de Convenciones y Protocolos de Ginebra contiene unas prohibiciones infringidas sistemáticamente por las Farc. Estas limitaciones son imperativas. No admiten excepción. Pero la CIJ viene construyendo en su jurisprudencia otros deberes y obligaciones emergentes de la humanidad, fundamentalmente de naturaleza ambiental. Las Farc han causado daños gravísimos a nuestra riqueza natural. Pero su lógica  indica que esto está bien. Es lícito e incluso ponderable dentro de su catálogo lunático de la lucha de clases.

El presidente Santos hizo despegar un proceso de paz que fue refrendado con su elección. Colombia quiso jugarle a la historia grande. Pero no entregó su capacidad decisoria. Santos lo ha entendido al lanzar una advertencia rotunda a las Farc la pasada semana. No se trata siquiera de que las Farc den gestos de paz. Se trata de que respeten la ley internacional y no de que la golpeen cada vez más fuerte.

La paz va caminando por un hilo microscópico que puede ser roto por esta guerrilla en cualquier momento. Esta ruptura de paciencia de la opinión colombiana puede ocurrir de súbito. Y el Jefe de Estado tendrá que reaccionar de inmediato. No hacerlo provocaría una crisis de legitimidad institucional sin precedentes.

Esta reacción tendría que empezar con la rectificación de las lógicas pervertidas de la insurgencia. Ante instancias institucionales domésticas e internacionales. La paz tiene aún uno o dos o tres respiros.

A la magnanimidad y propensión al perdón que ha demostrado Santos, la insurgencia debería aplicar reciprocidad que implique contrición. Lo que vemos, estupefactos, es soberbia criminal.

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