Esta semana el ministro del interior, Juan Fernando Cristo dio una muestra del estilo macabro con el que el gobierno está manejando el capítulo de las víctimas en el proceso de paz que adelanta con las Farc en La Habana.

En el evento que tuvo lugar en Bogotá con las víctimas de la guerrilla, muchos de los participantes, molestos con la invisibilidad de que han sido objeto, protestaron legítimamente con el fin de que el gobierno les garantice el espacio que ellos merecen.

En vez de validar el inconformismo de ellos, el señor ministro decidió, equivocada y mezquinamente, descalificarlos y señalarlos, hecho que constituye una clara re victimización.

Las víctimas deben tener un lugar preponderante en el proceso de paz. Los que han pagado una infinita cuota de dolor no pueden ser señalados cuando reclaman el respeto de los derechos que les asiste. Mucha razón hay en las palabras del poeta comunista Bertolt Brecht cuando indicaba que las madres de los soldados asesinados son las únicas moralmente habilitadas para imponer castigos o perdones.

En sus descalificaciones, el ministro Cristo alega que el evento al que hago referencia y que costó casi 800 millones de pesos fue financiado en parte por el gobierno. ¿Acaso el mero hecho de poner un cheque por delante obliga a que las víctimas tengan que callar su dolor y seguir a pie juntillas el libreto que el Ejecutivo quiere que se recite?

Este no es un asunto que se limite a la definición de quién paga los eventos, sino de quién es efectivamente víctima del terrorismo de las Farc. Insisto: el gobierno no puede pretender que a punta de dinero las víctimas inconformes guarden silencio.

Como siempre, se ha buscado descargar la culpa en el urbismo. Se ha sindicado al Centro Democrático de ser el instigador de la ensordecedora rechifla con la que las víctimas recibieron al doctor Juan Fernando Cristo en el salón donde tuvo lugar el foro. Desafortunada acusación, puesto que la oposición a la forma como se está llevando el proceso de paz no solo es del Centro Democrático. Son muchos los sectores de la sociedad, no necesariamente inscritos en un partido político o en una corriente ideológica que tienen reparos frente a la agenda y la manera como se adelantan los diálogos de La Habana.

No se puede hacer política con el sufrimiento de quienes han sido victimizados por los terroristas. Menos, se puede mentir descaradamente como lo hizo el ministro Cristo cuando, contra toda evidencia, aseguró que el gobierno de Santos ha sido el primero en tener en cuenta a las víctimas.

Valga recordarle al jefe de la Cartera de la política que en el gobierno del presidente Uribe se aprobó la ley 975 de “Verdad, Justicia y Reparación”.

Fue a través de esa norma, que sirvió como marco legal para la desmovilización de las estructuras de autodefensa, que se les puso el acento a las víctimas por primera vez en nuestra historia.

Gracias a esa norma, se incorporó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cuyo mandato era el de convertir a las víctimas de la violencia en actores de primera línea, buscando el conocimiento de la verdad, el castigo a los responsables y el resarcimiento de sus derechos, todo ello con una garantía de no repetición.

Personas de diferentes orígenes ideológicos como Jaime Jaramillo Panesso, Eduardo Pizarro León-Gómez y Ana Teresa Bernal, entre otros, integraron dicha comisión.

Santos y sus funcionarios no pueden construir una paz nacional desconociendo y borrando del panorama los esfuerzos que por la reconciliación nacional se hicieron en años anteriores. Por eso, no estaría de más que aquellos que durante años trabajaron denodadamente para sacar adelante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación le recordaran al actual gobierno lo mucho que se logró para enaltecer y defender los derechos de las víctimas, a ver si de una vez por todas el gobierno nacional deja de mentirle al pueblo colombiano.