Apelar al interés general, a conocimientos únicos, y decir que seguirá contratando lo que considere necesario no nos parece la mejor forma de responder.

Es de celebrar que, después de los numerosos pedidos de explicaciones, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre —y también, en entrevista de ayer con la W, Natalia Springer, protagonista de uno de los contratos directos más cuestionados en la Fiscalía— haya salido a darle la cara al país, como debe hacerse en todos los temas que involucren recursos públicos.

De lo escuchado, empero, nos queda la sensación de que aún no se han referido al corazón de la polémica y que sus respuestas más bien han apelado a estrategias retóricas que polarizan y buscan distraer la atención. Eso, en últimas, no es contestar, sino dar un discurso. Y el país sigue sin saber para qué han servido estas millonarias inversiones de recursos públicos.

Preocupan, por ejemplo, las insinuaciones, tanto de Springer como de Montealegre, de que todo este asunto es una conspiración en su contra que tiene intereses políticos. Al final de su entrevista, Springer se despachó contra supuestos aliados con el paramilitarismo que tienen intereses en dañar su carrera, y, por su parte, el fiscal dijo que los medios de comunicación “están montando una cacería de brujas, están montando un show mediático sobre especulaciones”. Si bien es cierto que en este escándalo hay actores políticos que buscan pescar en río revuelto, pues se verían beneficiados perversamente de una Fiscalía debilitada, y que también la atención se ha enfocado indebidamente en un tema insulso —el apellido de la señora Springer—, achacarnos ese interés a los medios de comunicación es, por decir lo menos, cínico.

El Espectador lleva haciendo averiguaciones sobre contratos puntuales desde el año pasado. Contratos sobre los que, por cierto, no se han dado desde entonces más que respuestas vagas y generales sobre su utilidad. Desde nuestras páginas de opinión nos hemos basado en la evidencia para preguntar por la utilidad de la asesoría de la empresa de Springer, así como la suspicacia que genera la contratación de exmagistrados del Consejo de Estado que votaron a favor de la extensión de su período. Seguimos también sin entender el rol de los “embajadores de la Fiscalía”. Apelar al interés general, a conocimientos únicos que nadie más que ellos tiene, y decir que seguirá contratando todo lo que considere necesario no nos parece la mejor forma de responder a las dudas apenas naturales que tiene esta contratación directa en manos del fiscal general.

Tampoco nos parece una respuesta válida salir a burlarse de la prensa. La mejor manera de contestar los cuestionamientos puntuales es con transparencia, no con la retórica agresiva típica del poderoso al que le estorba una prensa independiente.

Esa misma estrategia se ha intentado aplicar contra Alejandro Ramelli, exjefe de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía, quien salió del ente de control precisamente por tener fundadas dudas sobre la pertinencia y necesidad del contrato otorgado a Springer. La actitud de Ramelli, un jurista respetado, contrasta con la del fiscal: salió a dar respuestas concretas con documentos en mano, justificando su posición. Por hacer eso, ha recibido amenazas contra su vida y enfrenta una campaña de desprestigio. No se sabe el origen, pero esperamos que el ente de control sea capaz de cumplir su labor e investigar el caso del jurista que, por ser crítico, no deja de ser ciudadano.

Seguimos, entonces, en donde empezamos: con una serie de denuncias sin respuesta y con un fiscal temerario en su discurso. Sigue sufriendo la institucionalidad colombiana y los ciudadanos seguimos esperando claridad. No es mucho pedir. Cuando hay de por medio recursos públicos no se trata de hacer un pacto de paz, como sugirió al final de su entrevista Natalia Springer, sino de tener absoluta transparencia de la pulcritud con que ellos han sido manejados.