Gran ridículo hizo la díscola y deformada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al revocar la licencia de exploración de hidrocarburos en la serranía de La Macarena, a sólo 67 kilómetros de Caño Cristales. Nos expone a una millonaria demanda por parte de la multinacional involucrada. Pero ¿ninguno de los abogados que detenta la cúpula directiva renunciará?
Sólo hay abogados a la cabeza de una entidad cuya misión central es garantizar la evaluación, el seguimiento y el control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. Actividad eminentemente técnica que, al ser dirigida por una rosca de juristas, queda lista para el fracaso, como el que se viene evidenciando en la ANLA.
Y es que la pirueta jurídica esgrimida por la entidad, según la cual no había conocido el concepto negativo de Cormacarena, quien sí probó haberlo publicado en su web desde el pasado 5 de enero, no la cree ni el más caído del zarzo. Otra de las reiteradas y vergonzosas piruetas jurídicas del director de la ANLA fue cuando cambió un concepto inicial negativo, publicado oficialmente, a uno positivo dos meses después, autorizando sospechosamente el proyecto Porvenir II, que benefició a Celsia.
¿Y todas estas piruetas quién las ordena? ¿El vicepresidente Vargas Lleras, que de manera permanente tiene funcionarios de su despacho en las oficinas de la ANLA? No es decente contaminar la discusión con la falsa dicotomía entre medioambiente y desarrollo económico y que alguien como el gurú mundial en competitividad y estrategia, Michael Porter, que no puede ser calificado de “ambientalista extremo”, zanjó al afirmar: “Lo peor que le puede pasar a Colombia es que siga encontrando petróleo”, desvirtuando contundentemente a quienes, desde su “neoliberalismo extremo”, desinforman con el “argumento extraterrestre” de que existe persecución contra la industria petrolera, tal vez pagados por tan estratégica pero destructiva exlocomotora económica.
Claro que debemos hacer compatibles los límites ambientales con las ilimitadas necesidades económicas del país, pero debemos priorizar la precisión sobre la velocidad y no forzar de manera exprés licencias ambientales controladas por abogados y no por técnicos. La ANLA no puede ser una sucursal de la Vicepresidencia. No. Ya perdimos Ecopetrol por ser una sucursal del Ministerio de Hacienda. No repitamos ese error.
