Solo si demuestran con hechos, más que con palabras, un cambio de actitud, el proceso sería viable.

Basta un repaso de las encuestas de los últimos 20 años para constatar que son muy pocos los colombianos que ven con simpatía la lucha armada de las Farc.

Un respaldo que, coinciden expertos, no necesariamente se encuentra en las regiones en las que estas históricamente han sido fuertes. Justamente porque conocen de primera mano cómo la guerrilla regula la vida en sociedad, quienes allí habitan tienden a soportarlas más que a apreciarlas. El secuestro, el uso de armas no convencionales que afectan a la población civil, las minas antipersonales o el reclutamiento forzoso de menores son algunas de las prácticas reprochables que en las últimas décadas les han representado avances pasajeros en el campo militar, pero a costa de la pérdida de respaldo popular, el cual es hoy exiguo. Apenas del tres por ciento, según la última encuesta de la firma Gallup.

Aun así, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció hace dos años –en un momento en el que el balance de fuerzas en el campo de batalla era claramente favorable al Estado, como lo sigue siendo– que se había firmado un acuerdo para comenzar un proceso de paz con esa agrupación, la mayoría de los colombianos estuvieron de acuerdo.

Para ser breves: por más que no comulgaran con sus ideas, o que no entendieran por qué el “Ejército del pueblo” libra su guerra a punta de someter a todo tipo de penurias al mismo pueblo, la gente en el país vio que era el momento de cerrar un largo capítulo de dolor y violencia.

Pero, al parecer, los hombres de ‘Timochenko’ no supieron interpretar tal respaldo, que en un comienzo les dio oxígeno suficiente a los diálogos de La Habana, y torpemente lo dilapidaron. Hoy, según el sondeo mencionado, ya son más los partidarios de una salida militar, todo lo contrario de junio del 2014. Para entonces, 70 por ciento apoyaba la búsqueda de la paz a través de la negociación.

Por eso el proceso hoy llega a su hora decisiva. Como lo afirmó el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, por más que desde su tribuna en la isla los negociadores de ese grupo intenten empaquetar sus acciones contra los más humildes y el medioambiente como parte de su lucha contra “los dueños poderosos de la infraestructura del país”, su proceder, luego de romper la tregua unilateral, ha dejado claro que su problema es con la gente. Y los colombianos solo estarán dispuestos a avalar posibles concesiones si hay un cambio de chip de esta organización.

Tal cambio de actitud –además, desde luego, de cesar acciones de sabotaje como las hasta ahora vistas– implica demostrar que están dispuestas a satisfacer los derechos de sus víctimas, asumir sus responsabilidades, mostrar una voluntad infranqueable de aportar la verdad que sea necesaria para que cicatricen las heridas de medio siglo de conflicto y expresar un propósito sólido y creíble de reparación y no repetición. Incluye también aceptar que, independientemente del debate sobre los motivos de su lucha, en el marco de ella incurrieron en excesos que no pueden volver a presentarse. Y, lo más importante, respaldar todo lo anterior con hechos contundentes.

Las Farc tienen, en suma, que demostrar que sus palabras avanzan en la misma dirección que sus acciones. El balón está en su campo.