Sábado 18 de Noviembre del 2017

Locuta la justicia

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 27/10/2016

 

Foto: posta.com.mx

Hoy, después del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, ya no es lo que diga el Sí o el No sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) establecida en el denegado acuerdo de la Habana. El asunto ya salió, pues, de la órbita política para hacer parte fundamental del ámbito institucional. Y ahí la discusión es a otro nivel, puesto que comporta, adicionalmente, otros pronunciamientos de igual nivel, como el del Consejo de Estado, en los que prácticamente hay coincidencia nada menos que de la rama judicial en pleno.

Un acuerdo de paz para ser estable y duradero necesita un mecanismo de seguridad jurídica que vaya más allá de la voluntad política que lo hizo posible, en su momento. Desde estas páginas siempre insistimos en que una de las falencias de la negociación en La Habana era, precisamente, que se discutió y aprobó un modelo de justicia transicional sin haber consultado previa y serenamente a la Rama Judicial colombiana. Un problema no haberlo hecho, a tal punto que la votación mayoritaria de los colombianos en el plebiscito refrendatorio del pasado 2 de octubre, por desgracia se motivó en gran parte por las dudas de la opinión pública a la llamada JEP. Un esquema que, además, se constituía, en la práctica, en una jurisdicción paralela, prevalente, inapelable y que desplazaba a la justicia ordinaria de plano a cambio de un híbrido seminternacional.

Ahora que, tras el resultado del plebisicito, se adelanta un proceso de rectificación para corregir el acuerdo de La Habana en asuntos sustantivos, las Altas Cortes judiciales han decidido sentar de manera puntual y objetiva sus posturas frente al alcance de la Jurisdicción Especial de Paz. No lo habían hecho antes considerando, de un lado, que podrían inhabilitarse para futuros fallos y, de otro, que no les correspondía inmiscuirse en un acuerdo típicamente político y más aún cuando, se suponía, que debía ser el Gobierno el que las convocara para conocer sus opiniones antes de comprometerse en la Mesa de Negociación. Esto, como se dijo, nunca ocurrió. Sin embargo, ahora la situación es distinta y se requiere urgentemente de las luces de la cúpula judicial para corregir el acuerdo, acorde con el dictamen popular. No por el Sí o el No, sino por lo que a su criterio convenga más a las instituciones.

Primero fue el Consejo de Estado el que presentó un documento que detalló las preocupaciones del alto tribunal sobre el impacto del modelo jurídico pactado en La Habana. Urgió, preferencialmente, buscar mecanismos coherentes y funcionales dentro del curso constitucional. Esta semana fue la Corte Suprema de Justicia la que proyectó su diagnóstico en un pronunciamiento muy juicioso y puntual. Se sabe, igualmente, que el Consejo Superior de la Judicatura también prepara un pronunciamiento al respecto, en tanto que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, tras su respectivo análisis, llamó al Gobierno y a todo el país a “escuchar” a la Rama Judicial para que la reforma a esa Jurisdicción Especial de Paz termine garantizando la seguridad jurídica del acuerdo, condición inamovible para que se logre una paz verdaderamente estable y duradera. De hecho, alcanzó a sugerir la ley de Justicia y Paz como elemento a tener en cuenta.

En los pronunciamientos ya conocidos de las altas Cortes se pueden identificar algunas coincidencias fundamentales. Por ejemplo, se concluye que la justicia transicional puede ser aplicable pero enmarcada exclusivamente dentro de la jurisdicción ordinaria vigente y no como una instancia aparte, paralela y prevalente. Es decir que se mantenga la Constitución actual en sus parámetros fundamentales. También se coincide en que los magistrados del Tribunal Especial de Paz deben ser colombianos, desestimando así el confuso componente internacional que se delineó en la Mesa de Negociación. No menos importante es el llamado a que se respete el principio de cosa juzgada. Otros ajustes relativos a la procedencia de la acción de tutela, la extradición, los choques de competencias en lo penal, disciplinario y contencioso-administrativo, así como distintos aspectos fundamentales de la hermenéutica jurídica, también figuran dentro de los correctivos que las Altas Cortes están proponiendo, con sentido constructivo para introducir al denegado acuerdo de la Habana.

Lo importante ahora es que el Gobierno, que representa al Estado en la renegociación del pacto, analice los pronunciamientos de la Rama Judicial, con el convencimiento de que obviarlos sería lesivo para el proceso de paz y dejarlo en la incertidumbre y, sobre todo, en la inseguridad jurídica.

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