BLU Radio investiga detalles de los sobornos de Odebrecht en Colombia y ha llegado a empresas y contratos que aún no están en el radar de las autoridades, pero que tienen detalles que ameritan ser analizados profundamente por la Fiscalía.
Este miércoles, BLU Radio revela el caso de la empresa Sky Blessed SAS que fue creada en noviembre del 2010 y su razón social era la “Fabricación y comercialización de camisetas para toda la familia, elaboradas en algodón, por mujeres en condición de vulnerabilidad como son desplazadas por violencia y madres cabeza de familia”.
Este es uno de los contratos que dice el ‘controller’ o auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano (QEPD), tiene aspectos irregulares.
Sin embargo, en abril del 2014 su representante legal, Humberto Sánchez Verano, decidió cambiar radicalmente su razón social. Cambió el nombre al de Asesores y Consultores Presoam SAS y pasó a ser asesor en materia de arquitectura y de ingeniería civil.
Y no pudo ser más afortunado. Tres meses más tarde, específicamente, en julio del 2014, la empresa ganó dos contratos con el Consorcio Ruta del Sol (Consol) por 11.396 millones de pesos.
En el primero tuvo como objeto “programas del plan social básico en el proyecto Aguaclara – Gamarra, ubicado en el Cesar por 7.397 millones de pesos”. El segundo, fue para realizar la adquisición de predios en el proyecto transversal Río de Oro Aguaclara – Gamarra, en Cesar, por 3.999 millones de pesos.
Sin embargo, altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a BLU Radio que cuando fueron a inspeccionar las oficinas de Ruta del Sol en La Lizama, Santander, no encontraron los contratos, así como tampoco soportes del mismos ni facturas. Incluso, que la Fiscalía llegó un día antes de que levantaran todas las oficinas.
No obstante, el nuevo episodio podrá ser investigado después de esta publicación pues se supone que los investigadores del caso Odebrecht tuvieron que revisar toda la contratación de la obra para confirmar o descartar sobornos a través de contratación fachada.
BLU Radio se comunicó con el abogado Humberto Sánchez, quien aseguró que el cambio de la razón social fue porque era “una sociedad que estaba inactiva de un empleado mío, yo gestioné para conseguir los contratos. No es ningún delito cambiarle el objeto social a las sociedades, no necesitábamos grandes recursos porque íbamos a hacer asesorías. Es un contrato entre privados y fue directo”.
El jurista dijo, además, que tiene todos los informes y la documentación que prueba que los contratos no fueron fachada y que están dispuestos a entregarlos a la Fiscalía si así lo requiere.
