Las desafortunadas declaraciones de Juan Carlos Vélez afectan a su partido y enrarecen el ambiente político, pero no hay que llegar al extremo de impugnar los resultados del plebiscito.

Nadie ha dejado de sentir el mal sabor por las declaraciones hechas por el gerente de la campaña del No al plebiscito, Juan Carlos Vélez Uribe, al diario económico La República. Ni su propio partido, el Centro Democrático, que lo desmintió y desautorizó sin ambages.

Ya sea por afán de protagonismo en un momento político donde todos los dirigentes quieren sus cinco minutos de fama, o sea por una falta de elemental inteligencia al escoger el mejor modo de responder a preguntas directas, el dirigente del Centro Democrático causó un enorme daño a su movimiento político, que lo obligó a sacar un comunicado mediante el cual se excusó y anunció su renuncia al partido.

Además, generó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía y un ruido adicional en momentos en los que la reflexión pública se requiere más que nunca.

La actualidad nacional está desbordada de política y de politiquería, en todas sus formas. Padecemos la manipulación política que no es vicio privativo de Colombia pero que sí puede tener manifestaciones más aterradoras, en cuanto tenemos una historia lastrada por la violencia y el uso de las armas.

Vélez Uribe pareció justificar una campaña por el plebiscito teñida de mensajes engañosos, amparándose en que los del Sí también la habían hecho así. Es verdad que ambas campañas apuntaron a la visceralidad, lo emotivo, bordeando la delgada línea entre lo verosímil y lo falso, pero el pecado de unos no justifica el de los otros.

Ninguna campaña puede mostrar ejemplaridad frente al proceso que culminó el 2 de octubre. Los vicios de la propaganda política abundaron, igual que en tantas elecciones presidenciales y legislativas pasadas.

El escándalo generado por las declaraciones de Vélez Uribe debe encuadrarse como lo que es, una metida de pata hasta el fondo, pero no erigirla en una causal, ni jurídica ni política, para buscar desconocer el resultado del plebiscito.

Más que intervención de la jurisdicción penal, llamada de urgencia por algunos promotores del Sí, lo que se necesita es una ciudadanía activa, con espíritu crítico, que no se resigne a tragar entero y que tampoco se limite a repetir eslóganes. Decir, por ejemplo, que la votación del plebiscito es ilegítima o debe anularse es desconocer las reglas de la democracia.

No se puede hacer un paquete común con todos los votantes del No y descalificarlos globalmente como “enemigos de la paz” o personas animadas por intenciones torvas, contrapuestas a los altos fines de sus contrarios. Ese reduccionismo simplista desconoce las razones válidas que muchos ciudadanos podrían esgrimir para sustentar el sentido de su voto.

Se incurre también en error al querer criminalizar a empresas y personas que, legítimamente, aportaron recursos a las campañas, sea del Sí o del No. Esta especie de macartización desconoce el derecho a promover opciones mediante mecanismos lícitos de financiación de las campañas. Es uno de los derechos que la democracia ampara. Promover boicots de consumidores contra productos de empresas por motivos políticos es una manifestación de intolerancia. Lo mismo, con igual desacierto, podrían hacer los partidarios del No con las empresas que financiaron campañas por el Sí.

Este cúmulo de escaramuzas políticas hacen perder de vista el verdadero objetivo al que está abocada Colombia en estos momentos, que no es otro que lograr un consenso sobre la mejor forma de construir un país en paz.