En esta región del sur de Colombia, atravesada por municipios colombianos como Cumbal, Ricaurte y Tumaco, y provincias ecuatorianas como Carchi y Esmeraldas, jamás vivieron los réditos de la manida paz y mucho menos de esa expresión vacía pero vendedora de la paz territorial.
La muerte de los dos periodistas ecuatorianos y de su conductor nos estremeció a todos los colombianos y ecuatorianos por igual. Las imágenes que rápidamente circularon en las redes sociales de tres cuerpos con tiros de gracia, aún con las cadenas y los candados del secuestro, cuyo responsable es la disidencia de las FARC, autodenominada Frente Óliver Sinisterra (FOS), son apenas un síntoma del fracaso anunciado del posacuerdo en Nariño o más específicamente de las región fronteriza entre Colombia y Ecuador. Esta región, atravesada por municipios colombianos como Cumbal, Ricaurte y Tumaco, y provincias ecuatorianas como Carchi y Esmeraldas, jamás vivieron los réditos de la manida paz y mucho menos de esa expresión vacía pero vendedora de la paz territorial.
Organizaciones sociales, centros de pensamiento, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y medios de comunicación, como El Espectador, Verdad Abierta y La Silla Vacía, advirtieron sistemáticamente desde 2015 que esta región no cumpliría con las condiciones mínimas para hacer una transición lo menos violenta posible. Advirtieron sobre la evolución de las economías criminales y cómo estas estaban más preparadas para competirle, de frente y con más fuerza, a la implementación del Acuerdo de Paz. Advirtieron y formularon recomendaciones sobre cómo afrontar los riesgos en materia de la necesidad de diseñar una estrategia de seguridad, debidamente articulada, para enfrentar y contener en la medida de lo posible las vulnerabilidades territoriales preexistentes. Documentaron por medio de noticias y extensas historias periodísticas cómo se estaban resquebrajando estrategias medulares para la transición como la sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras de los territorios colectivos del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Pero, ante todo, enfatizaron en la manera acelerada en que los legados del conflicto y sus caras más criminales estaban avanzando, yuxtapuestas, de manera desorganizada y violenta, poniendo en jaque cualquier estrategia viable para la transición.
Pero no. Mientras que nunca se puso en marcha una estrategia de posconflicto seria ?mal liderada por Rafael Pardo, un politiquero y burócrata de quien no se tiene registrada una sola labor rescatable desde hace treinta años, como bien lo señaló el columnista de la revista Semana, Federico Gómez?, ni mucho menos una de implementación articulada ?hay que ver la lucha de egos entre los funcionarios de Bogotá con el país imaginado en sus iPads y Power Points?, los grupos armados se reorganizaron. En Nariño, el primero en dar la primer señal de alerta fue las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), luego vino el surgimiento de más de una decena de bandas delincuenciales en la carretera que comunica Pasto con Nariño y, después, la desbandada de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y el Frente 29.
Todo esto ocurrió entre finales de 2016 y a lo largo de 2017. Y parece que ya nadie recuerda que la zona veredal de Policarpa (Nariño) tuvo que ser reubicada por falta de viabilidad para la reincorporación de las FARC ?otra estrategia inexplicablemente inexistente?, pero también por falta de garantías de seguridad por la atomización del Frente 29 en diferentes grupos que hoy en día reciben el nombre de “Resistencia Campesina” y “Las Vacas”, para retomar las rutas que traza el río Patía y seguir sacando la mercancía de siempre.
La FIP y el International Crisis Group (ICG) han sido los dos centros de investigación que han seguido de manera más sistemática este fenómeno. Y mientras el tartufo del Ministro de Defensa colombiano calificaba a estos grupos de “simples bandidos”, la realidad en la región mostraba algo muy diferente. Y mientras el Vicepresidente de Colombia viajaba y viajaba, vendiendo una estrategia de inclusión social, bien intencionada, pero inviable y poco sostenible en el tiempo, la transición se tornaba más violenta ?a pesar de que sus analistas esbirros la ensalzaran en cada oportunidad posible, sin evidencia alguna. No sólo se trataba de Tumaco, hoy dividida en jefes de barrio de los diferentes grupos disidentes y delincuenciales, herederos de las FARC, sino también de toda la franja fronteriza antes señalada, a la que suma todo el Andén Pacífico.
Cuentan las investigaciones de la FIP que el Frente Óliver Sinisterra (FOS) se formó en enero de 2017 y que su líder actual, alias “Guacho”, se retiró el proceso entre julio y agosto de 2017 para hacerle frente a la avanzada de las GUP en la zona del Alto Mira y Frontera. También, que su llegada a esa zona puso en entredicho la viabilidad de la sustitución, pues allí se mezclaban unos intereses casi imposibles de gestionar: las tensiones entre campesinos cocaleros llegados de Caquetá y Putumayo y aupados por las FARC a principios de este siglo como efecto de los resultados del Plan Colombia y Plan Patriota en esos departamentos, con los de las comunidades negras. Mientras que los primeros ven en la sustitución un mal negocio, los segundos dependen de esta para reclamar y ser restituidos con los territorios que ancestralmente les pertenecen (ver Acuerdo de Paz, punto 6.2.3.d).
El FOS se reorganizó rápidamente porque sus actuales integrantes, mayoritariamente milicianos y redes de apoyo de las FARC, siempre quedaron prestos para retomar sus actividades criminales. Además de que no fueron sujetos de la implementación del proceso de paz, la presión de narcos, traquetos e intermediarios de carteles internacionales permitieron a “Guacho” reorganizarse con relativa facilidad ante la actitud estupefacta del Gobernador de Nariño ?pues el sólo publica tuits, mientras esta región de Nariño se le desborona día a día? y sin una respuesta contundente del Estado colombiano, más allá de las capturas, incautaciones de material bélico y cargamentos de cocaína. Y por supuesto, de anuncios de operaciones, planes conjuntos y demás con nombres rimbombantes ?Hércules, Horus, Victoria, y así… en otras palabras, el libreto de siempre.
Nada de lo que ha sucedido es una sorpresa para quienes hemos ido al río Mira, a poblaciones como La Playa, Vallenato y Candelillas, o a enclaves cocaleros como Llorente o La Guayacana. Circularon panfletos, amenazas, comenzaron los homicidios selectivos y las desapariciones. Los organismos humanitarios también alzaron su voz. Y nada. Ninguna respuesta. Sólo reacciones cuando ya el daño está hecho. Es vergonzosa la actitud del presidente Juan Manuel Santos de brindar todo su apoyo a Ecuador, cuando este país, desde 2016, a través de su ministro de defensa Ricardo Patiño señaló que ya existía la preocupación de lo que pudiera pasar tras la desmovilización de las FARC, ante el temor que alguna gente “no se alineara” con el proceso.
Las FARC que llegaron a negociar a La Habana en 2012 distan de las FARC de Nariño. En ese departamento, este grupo guerrillero estaba en su esplendor económico, se habían reivindicado la victoria sobre Los Rastrojos y se reposicionaban en toda la región, incluyendo Tumaco. Nunca se entendió que las FARC no eran una caja negra y por más disciplina y cohesión que aparentaran su desintegración estaba cantada. Lo decían desmovilizados individuales y negociadores en La Habana, y su preocupación también tenía que ver con el hecho que mandos medios como “Guacho” no tendrían ningún tipo de incentivo si no se ponían en marcha dos mínimos de cualquier proceso de transición y desmovilización: una estrategia de seguridad territorial con énfasis en los rural, y una de reincorporación.
La desintegración de las FARC comenzó meses antes del proceso de dejación de armas y cuando “Guacho” se retira del proceso ya había pasado mucho agua debajo del puente. Sin embargo, sucede que su entrada en escena cambió el panorama radicalmente. “Guacho” fue un mando medio de la columna móvil Daniel Aldana, sabe de explosivos, siempre se movió con facilidad en la frontera binacional y dejó sus redes sociales y financieras intactas. También entró en escena para enfrentar la amenaza de las GUP y volver a regular el negocio como lo hacían las FARC en el pasado y con el apoyo de narcos y traquetos de la región ?el caso de “Cachi”, recientemente capturado es muestra de ello. Retomó rápidamente los corredores fluviales (como los ríos Mira y Mataje) y terrestres (como los caminos que comunican a al región del Alto Mira y Frontera con Terán y Cabo Manglares o con Esmeraldas y San Lorenzo, en Ecuador. Y hoy en día es clara su cooperación con las disidencias del Frente 29 y los riesgos que esto representa para la población por la reacción que pueda tener el ELN que mueve por la zona de cordillera.
No obstante, mientras esto pasaba la autoridades colombianas aseguraban tener el control total del Estado colombiano, aunque tímida y paulatinamente fueron reconociendo que las disidencias (“grupos residuales” como los llaman oficialmente) iban creciendo en integrantes, poder armado, influencia social y nivel de articulación (la directiva 037 de noviembre de 2017 así lo muestra). Mientras que la FIP o el ICG, entre otros centros de investigación advertían desde mediados del año pasado que estos grupos ya habrían alcanzado más de mil integrantes, los funcionarios públicos no se ponían de acuerdo ni en cifras, ni en cómo llamarlos, ni mucho menos en cómo enfrentarlos. Hasta que hace menos de un mes, el comandante general de las fuerzas militares, general Alberto Mejía, reconoció que ya se trataba de más 1.200.
Pues bien, la evolución de las trayectorias de violencia post-desmovilización, con sus rasgos y manifestaciones regionales y locales, será una agenda de investigación y de respuesta de política con enfoque en los territorios y no en las estructuras, la cual aún no existe y será uno de los principales retos del próximo gobierno. Y como si la situación no fuera lo suficientemente grave, el presidente Santos afirma el viernes 13: “Colombia tiene una larga experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales y hemos puesto a disposición de Ecuador todo nuestro poderío y nuestras capacidades.” ¿En serio? Quizá en lo que tiene experiencia es en su incapacidad para desmontarlas, ni para en transformar las condiciones que permiten que se reproduzcan y adapten a la acción del Estado. De esta forma, amigos ecuatorianos, lo que pueda aportarles el gobierno de Santos no serán más que dolores de cabeza por medio de estrategias que han demostrado ser poco exitosas y sostenibles, y que este Acuerdo de Paz buscaba abordar por medio de respuestas rápidas y otras de más largo aliento. Claramente, las primeras no se dieron; esperemos que las segundas sí.
Finalmente, guardando las proporciones en relación con el fenómeno y el contexto del estado del conflicto armado actual, en 2005 y 2006 también se lanzaron alertas y quienes presenciamos la evolución de los grupos que continuaron o surgieron después de la desmovilización parcial de las AUC, vimos desconcertados cómo se reorganizaron sin ninguna medida de contención que los desmontara o evitara su acelerada evolución. ¿Estamos repitiendo la historia doce años después?
