Cada nueve horas un niño es asesinado en el país. Cada treinta minutos uno acude a Medicina Legal por abuso sexual, cada hora, por maltrato intrafamiliar. Y se calcula que solo el 30% de los casos se reportan. Las cifras han sido estables en los últimos diez años. Nos mantenemos consecuentes con la cadena de omisiones históricas cometidas por un país violento, el mismo país infanticida es el que no ha podido ponerle fin a una guerra en más de medio siglo, no es casualidad.
En los dos meses que van del año hemos oído la historia de un padre que degolló a su hijo, una madre que golpeó a su niña hasta la muerte, un pequeño que apareció descuartizado, y luego está la familia masacrada en Caquetá a manos de unos sicarios, entonces aparecen los gritos enardecidos, el alarido vengativo a pedir justicia a cualquier precio, vienen a decir que la pena de muerte, que la cadena perpetua, que el ojo por ojo, diente por diente.
Lo cierto es que ya existen leyes para castigar a los culpables. El problema es que no se cumplen. Para comenzar, uno de los asesinos de la masacre del Caquetá, tenía una pena de 44 años por violar y asesinar a una mujer, sin embargo, a los diez años fue dado en libertad.
Si bien hay que comenzar por lograr que la justicia se cumpla, el problema es más estructural. Vale la pena preguntarse por el origen de las patologías de estos criminales, que a menudo vienen de una cadena de abusos y maltratos heredados. ¿Cómo romper esa cadena? Creo que esa es la pregunta.
Por su parte, el general Palomino salió a decir que “Bien vale la pena revivir el debate de la pena de muerte para quienes cometen crímenes atroces”. Este comentario resulta más que incongruente como parte de una institucionalidad que en principio está buscando llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla que tiene miles de muertos a sus espaldas. Resulta pues decepcionante escuchar las declaraciones de funcionarios, como la directora del Icbf quien también sale a hablar de cadena perpetua, sin mencionar la estrategia en protección a la primera infancia, educación, prevención del embarazo adolescente (50% de los bebés que nacen en Colombia no son deseados), reclutamiento forzado, desplazamiento de menores, entre tantos otros sufrimientos que aquejan a la niñez. Una vez más, el gobierno hace declaraciones que se contradicen con su discurso oficial, apunta en distintas direcciones y no da muestras de actuar con unidad. En momentos de crisis, sus autoridades salen a decir lo que la gente espera para calmar su rabia o su dolor, pero una vez pasa la tragedia, volvemos a sumirnos en la inercia.
Seguimos siendo un país con un 90% de impunidad, un país donde como dijo un campesino cuando se le preguntó qué pensaba de la pena de muerte en Colombia dijo: “Ojalá la quiten”. O como alguien dijo en las redes, “Establecer la pena de muerte en Colombia es estatalizar un servicio que ya funciona bien bajo las premisas del libre mercado”. No. La respuesta no es por ahí. Tenemos que dejar de reaccionar desde la impulsividad y el ánimo vengativo. Trabajar porque un día las leyes se cumplan. Crear programas a largo plazo para proteger la infancia. Entender que no podemos resolver en un día un drama que lleva décadas. Y ojalá, contar con un Estado coherente que muestre un plan para alcanzar ese principio que reza la Constitución, el de “los derechos de los niños, prevalecen sobre los derechos de los demás”. Mientras eso no pase, la paz seguirá estando lejos.
