El país aún no se recupera de la voltereta propiciada por Juan Manuel Santos a propósito de la “paz”. No logra digerir que a una banda derrotada y arrinconada, condenada unánimemente por el mundo como terroristas, aislada y sin audiencia, despreciada por la inmensa mayoría de los colombianos, se le haya elevado al sitial en que se encuentran hoy las Farc. Su dirigencia cómodamente apoltronada en la capital cubana, con el estatus de contraparte legítima del Estado y sus fuerzas militares, discutiendo en el mismo plano que el gobierno democrático sobre todos los asuntos vitales del país, exonerada por las altas autoridades de la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, halagada para que participe en la actividad política como cualquier agrupación política decente.

En ese escenario, los bandidos, ni cortos ni perezosos han aprovechado el momento para lavar su imagen y tratar de enlodar la del Estado legítimo. Según su retórica torcida ellos son las víctimas y el régimen democrático sus victimarios. Ahora, a propósito de la discusión del segundo punto de la perversa agenda pactada, sobre participación política, los narcoterroristas han vomitado otro sartal de propuestas y sindicaciones inaceptables. Empezando por descalificar nuestras instituciones, a las que proponen “refundar” por completo, para “contribuir a superar”, según ellos, sus “estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas”. ¡Qué desfachatez!

Si hay un ente al que le quepan juntos todos esos epítetos es a las Farc. Son ellos, sin que quepa la menor duda, los mayores criminales de la historia de Colombia. No hay agrupación violenta que se les acerque siguiera en la comisión de toda la gama de delitos imaginable, incluidos los paramilitares o los grandes carteles de la droga. Hagamos un somero repaso para constatarlo.

Precisamente acaba de publicarse el más completo estudio sobre el secuestro en Colombia entre 1970 y 2010, elaborado por la firma Cifras y Conceptos. Sus resultados son contundentes. De las 39.058 personas secuestradas que registran con meticulosidad (y la cifra puede ser mayor, advierten expertos), las dos terceras partes, es decir el 67 por ciento corrió por cuenta de las Farc y el Eln. Las primeras ostentan el primer lugar en su palmarés tenebroso, al cometer el 37 por ciento de los plagios, algo así como 14.500.

Debemos agregar que este crimen execrable era casi inexistente en Colombia hasta que la guerrilla lo introdujo y popularizó entre todos los grupos delincuenciales. Siguiendo el ejemplo de sus mentores cubanos, que lo utilizaron en la revolución, como el del célebre piloto de autos Juna Manuel Fangio, y que justificaron en nombre de su causa altruista, alias Manuel Marulanda o Tirofijo dio el primer zarpazo al secuestrar y asesinar al empresario azucarero Harold Eder, en 1965, recién creadas las Farc. Luego el Eln, el M-19 y demás siglas siniestras siguieron su ejemplo, lo mismo que la delincuencia común y el paramilitarismo, hundiendo al país en ese piélago pavoroso. Pero a las Farc les caben los títulos más tétricos de ese drama: fueron los gestores y han sido sus mayores actores.

Recientemente se supo también otra verdad incontrastable, pues su fuente son ni más ni menos que las víctimas del atropello. Se trata del despojo de tierras y desplazamiento de campesinos. Se suponía, porque esa era la prédica constante de la guerrilla y sus corifeos de la izquierda, que ese fenómeno tenía como causante primordial al paramilitarismo. Ahora el país se ha enterado de la verdad. Según las últimas cifras consolidadas de la oficina respectiva del gobierno, que recibe las denuncias para tramitar su restitución según la Ley de Víctimas, con cerca de 40.000 denuncias sobre el despojo de más de dos millones setecientas mil hectáreas, aproximadamente el 37 por ciento corresponde a la guerrilla, estando las Farc a la cabeza. Es decir, casi un millón de hectáreas. Aventajan a los paramilitares, responsables del despojo de poco más del 32 por ciento.

Cuando hace dos años publiqué un libro para desmentir otro mito de la guerrilla y de la izquierda, sobre el asesinato de sindicalistas en Colombia, estudié con cuidado el fenómeno de los homicidios en el país. Encontré evidencias reveladoras. Es bien sabido que la guerrilla nació antes que el paramilitarismo, que surge como respuesta –brutal sin duda- a los desafueros de la primera a comienzos de los años ochentas del siglo pasado, luego de quince o veinte años de acciones criminales de la primera y de la indiferencia del Estado. El mayor nivel de violencia homicida se vivió entre finales de los años ochenta y principios del presente siglo. Pues bien, en ese período, la guerrilla (con las Farc a la cabeza), tiene la primacía indiscutible en las muertes violentas. Cualquier interesado puede consultar para corroborarlo, por ejemplo, un buen estudio que recopila información del período, “Dinámica espacial de las muertes violentas en Colombia, 1990-2005” (Bogotá, marzo de 2008. p. 155. Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, http://www.acnur.org/pais/docs/2551.pdf?view=1).

Las Farc y sectores de la izquierda han magnificado el que han llamado “genocidio” de la Unión Patriótica, para tratar de enmascarar y encubrir la riada interminable de asesinatos de la guerrilla. Pero quieren tender un manto de silencio sobre el genocidio cometido por las Farc con el grupo político de reinsertados del EPL, Esperanza, Paz y Libertad, que cobró la vida de más de 800 militantes de esa agrupación. Y está a la espera de un investigador acucioso el estudio y la documentación de un genocidio mayor al de la UP: el de miles y miles de dirigentes y militantes del liberalismo y el conservatismo a lo largo del último medio siglo. El solo caso del Caquetá, con la familia Turbay Cote a la cabeza, es de espanto.

Para qué abundar sobre una lista interminable de delitos -sobre los cuales existen estudios e investigaciones profusas, como las que ha producido Alfredo Rangel a lo largo de más de una década- que describen y prueban la responsabilidad y primacía de las Farc en prácticamente todos. La extorsión tan ligada al secuestro, extendida a todas las actividades económicas, y ahora afincada en especial en la minería. Los atentados contra la infraestructura, como la voladura de oleoductos y torres de energía eléctrica. El ataque y destrucción de centenares de poblados. Las masacres como la de Bojayá. El reclutamiento de menores. El abuso sexual de mujeres. La colocación indiscriminada de minas antipersona y su efecto fatal sobre militares y civiles indefensos. Los atentados terroristas en las modalidades más atroces y degradadas, como utilizar cadáveres o personas vivas cual bombas, o la voladura de escuelas o entidades privadas como el club El Nogal. Etcétera. Etcétera.

He dejado para rematar dos singulares fenómenos. Uno, el narcotráfico. Se ha demostrado también que las Farc son el más grande cartel narcotraficante de Colombia. Empezaron por el “gramaje”, impuesto que cobraban a los cultivadores y traficantes, para pasar progresivamente a involucrarse en todas las fases del negocio, bajo la inspiración de Jacobo Arenas. No se trata de casos aislados, sino de una política vertebral y clara de la organización terrorista, que la compromete por completo desde los años ochenta del siglo anterior. Lo han denunciado viejos dirigentes del Partido Comunista como Álvaro Delgado o investigadores como Stephen Dudley en su libro “Armas y urnas”. Camino azaroso que las ha llevado alternativamente a alianzas y enfrentamientos con otros carteles criminales. Hoy, como está probado, mantiene estrechos vínculos con reconocidas Bandas Criminales, lo mismo que conexiones con carteles mexicanos y las redes que se mueven a través de Venezuela.

Y finalmente quiero aportar una observación sobre un tema que he estudiado a profundidad: el homicidio de sindicalistas. Amén del mito sobre la ordalía del sindicalismo colombiano, que desbaraté sistemáticamente en mi citado libro “El gran fraude”, probé que las Farc no están exentas de culpa. Son responsables, en primer término, porque con su política de “combinación de todas las formas de lucha”, arrastraron a no pocas organizaciones sindicales a esa “guerra sucia” que han promovido desde mediados de los años sesenta del siglo pasado. Y, en segundo término, porque son autoras directas del homicidio de centenares de trabajadores sindicalizados. El ejemplo de Urabá y del sindicato bananero Sintrainagro es elocuente: la vida de más de 400 de sus afiliados fue segada violentamente por la pandilla criminal de las Farc.

Ese bosquejo incompleto pero estremecedor del prontuario criminal de las Farc sería más que suficiente para que cualquier persona sensata se abstuviera de negociar con ellos cosa distinta a su desarme, desmovilización y sometimiento a la justicia. Ese no es el caso de nuestros actuales gobernantes que se empeñan en otorgar amnistía e indulto disfrazados de “justicia transicional”, conceder elegibilidad política, y permitir decidir asuntos vitales de nuestra nación, a los mayores criminales de la historia de Colombia.