Diez días con movimientos de vértigo. No cabrá en ellos ni la posibilidad de un error. Son los días que vienen, hasta el 30 de julio. Un mal final podría empeorar de manera brutal la última fase del poder de Cristina Kirchner. El riesgo de otro default es verdadero. Una falta de acuerdo con los fondos buitre podría colocar en cesación de pagos a toda la deuda argentina. Los eventuales impagos no sólo afectarían políticamente a la Presidenta; también condicionarían a la próxima administración, que debería, en tal caso, empezar de nuevo con la deuda pública argentina.
El peronismo se agita. ¿Otro presidente peronista declarando un default de la deuda? El primero fue Adolfo Rodríguez Saá en la Navidad de 2001. ¿Será Cristina Kirchner la segunda?
La política está en tensión. Ese potencial default podría cambiar todo: las condiciones de la economía, la posición de los candidatos y las perspectivas electorales. Daniel Scioli está preocupado. Un default podría acabar con sus ambiciones presidenciales, que cabalgan sobre la promesa de la continuidad y el cambio.
Los analistas económicos difieren, a veces vacilantes. Algunos se dejan llevar por la lógica histórica de los actuales gobernantes. Son los optimistas. Otros prefieren leer los discursos y mirar los actos concretos.Ellos son los escépticos. Los primeros resaltan que Cristina es una Kirchner. Puede dar vueltas, buscar la épica necesaria y el escenario adecuado, pero al final terminará acordando con los fondos especulativos. Ya no se trata de si le gusta o no, dicen, sino de la obligación de cumplir con una sentencia judicial.
Un grupo de bancos tiene, además, una salida terminada en sus preparativos. Se concentra en una oferta de 8500 millones de dólares para comprar el total de la deuda en juicio, unos 11.500 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa debería dictar un stay (una cautelar) durante 24 horas para que el gobierno argentino pueda pagar los vencimientos del 30 de julio. Luego habrá dos meses de plazo para posibles negociaciones, hasta el próximo vencimiento de la deuda ya acordada.
Ese esbozo tropieza con las palabras y los actos de los gobernantes. La Presidenta discute con los fondos buitre con interpretaciones históricas y con argumentos ideológicos. Esos fondos no tienen buena reputación, pero cuentan a su favor con una sentencia definitiva de la justicia norteamericana. Hace tres meses, Cristina Kirchner se comprometió formalmente ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a cumplir con las resoluciones de la justicia de ese país, cuya jurisdicción fue propuesta por la propia administración kirchnerista. Sin embargo, los últimos discursos presidenciales muestran un cambio notable en esa posición: dicen literalmente que la Argentina no pagará su deuda a los holdouts.
El juez Griesa ya resolvió que, en ese caso, embargará los fondos girados al Banco de Nueva York por el gobierno argentino para pagar la deuda de los bonistas que aceptaron los canjes. Éstos no cobrarían. Sería el default, con todas sus consecuencias.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, usó gran parte de su última reunión con el facilitador nombrado por Griesa, Daniel Pollack, para darle a éste una clase magistral sobre historia de la economía y sobre cómo debería ser el sistema financiero internacional. A ?Pollack le costó encontrar un hueco para aclararle al ministro que él no está para cambiar ningún sistema, sino para hacer cumplir una sentencia judicial firme y definitiva. En la siguiente reunión, el secretario de Finanzas, Pablo López, le reclamó a Pollack un stay de Griesa y la posibilidad de pagarles a los acreedores corrientes de la Argentina. Prometió a cambio una intensa gestión del Gobierno ante los bonistas que canjearon sus deudas del viejo default para que aceptaran que cayera de inmediato la cláusula RUFO. Esa cláusula estipula que cualquier mejoramiento parcial para los acreedores deberá extenderse a la totalidad de los bonistas. Pareció una promesa desmesurada, porque ese cambio necesitaría de mucho tiempo y de una mayoría especial. La cláusula vencerá naturalmente en diciembre próximo. Desde el 1º de enero no tendrá valor.
Los economistas y los abogados no ven del mismo modo a la cláusula RUFO. Los economistas le temen. Todos los acreedores de la Argentina, los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, podrían pedir el pago del 100 por ciento de la deuda original, que es lo que ordenó Griesa para el caso exclusivo de los fondos que están en juicio por 1330 millones de dólares. Esta posición es compartida hasta por algunos ex funcionarios que participaron de las negociaciones de los dos canjes.
Los abogados disienten. "Es interpretación de economistas, no de abogados", dicen. Está claro, para ellos, que la mejora a los bonistas en juicio es una decisión del juez Griesa, no una oferta voluntaria del gobierno argentino. La cláusula RUFO no es procedente en tal caso. Ni siquiera se necesita que Griesa aclare nada. Ya lo dijo con su sentencia. Cualquier juez, hasta Griesa, lo interpretaría así. Es la posición de los abogados, obviamente.
En aquella reunión con Pablo López, la última con Pollack, Kicillof no asistió porque estaba cansado de tantos viajes. Es un pretexto casi despectivo para una reunión con el facilitador que nombró el único juez que puede resolver el conflicto. Pocos días después, en Brasil, la Presidenta comenzó con discursos cargados de furia contra los fondos buitre y con promesas de no aceptar la resolución de Griesa. Fue Cristina la que lo bajó del avión a Kicillof.
La decisión coincidió con la habitual actitud desafiante del ministro de Economía. Kicillof no repara en gastos cuando debe pagar sus propios errores. Hay que contrastar su acuerdo con el Club de París con el anterior acuerdo con ese organismo. Fue en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los negociadores argentinos fueron Mario Brodersohn y Daniel Marx. Consiguieron seis años de gracia (durante los que no se pagó nada), diez años posteriores de plazo para pagar y una quita importante de los punitorios. Dieciséis años en total. El reciente acuerdo de Kicillof aumentó en un 50 por ciento el pasivo por los punitorios, no existe ningún tiempo de gracia y el plazo de pago es de apenas seis años. Lo pagará totalmente el próximo gobierno.
En Brasil, en el último fin de semana, hubo palabras aisladas de otros presidentes en solidaridad con la Argentina, pero el grupo Brics no firmó un documento en apoyo al país, como esperaba la delegación argentina. Ni tampoco ese grupo evaluó un crédito a la Argentina, que nadie sabe si lo pidió. Dilma Rousseff fue didáctica: el banco que crearán los Brics será para sus miembros (la Argentina no lo es ni le abrieron ninguna puerta) y no será competitivo con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial. "Será complementario", aclaró Rousseff. Cristina no pudo declarar otra guerra, esta vez entre los Brics y el sistema financiero.
Griesa convocó para pasado mañana a una reunión sobre el caso argentino, pero no invitó al gobierno argentino. Sólo participarán los holdouts, el Banco de Nueva York y los bonistas que aceptaron el canje y cobran en euros, en Luxemburgo, o en libras, en Londres. Griesa congeló todos los pagos, pero acreedores en libras y euros creen que se excedió en sus facultades. Le pidieron que ordene a las sucursales del Banco de Nueva York en Londres y Luxemburgo que liberen el pago de los bonos en moneda europea o británica. La reunión girará sobre esa cuestión puntual. Nada más. Los abogados argentinos podrían asistir, si lo reclamaran, pero no participarán del encuentro.
La peor consecuencia del default será que todos los bonistas que aceptaron los canjes podrían exigir un dramático adelantamiento de los pagos y dar por cancelados los compromisos a largo plazo. Para hacer eso necesitarían contar sólo con el apoyo del 25 por ciento de los acreedores. El país no puede pagar eso, desde ya. La situación de la deuda volvería a 2002, a como quedó después de que Rodríguez Saá declarara alegremente el default. En el desorden del desmoronamiento, caerían también países como Venezuela y Brasil, que aceptaron bonos a cambio de dólares o de pagos por importaciones. El eventual default argentino significaría drama y tragedia para Venezuela, que carece de dólares tanto o más que la Argentina.
La Presidenta ordenó a sus representantes que ni siquiera se sienten a dialogar con los fondos especulativos. El diálogo no compromete a nadie. De hecho, durante las gestiones de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen ante los bonistas en default, aquellos hablaron siempre con los fondos que están ahora en juicio. Siempre se puede decir que no. Lavagna y Nielsen les dijeron que no. Por eso, están todavía pendientes los juicios. La renuencia al diálogo es una mala imagen para un país con mala imagen y ante un juez que esperó durante seis años que hubiera una solución entre las partes.
El default sería un regreso al peor pasado. Al default económico le seguirá el default político. Comprometería también la situación crediticia de las provincias. Ni siquiera el BID o el Banco Mundial liberarían nuevos créditos al país. Las expectativas internacionales sobre el país, que despertó la certeza de un final kirchnerista, se arruinarían en el acto. La Presidenta debería responder, además, por qué ordenó otro default, esta vez innecesario. Su futuro y el de su fracción se encogerían seguramente hasta encerrarse entre fronteras pequeñas e insoportables.
