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Viernes 21 de Septiembre del 2018

Los videos prohibidos

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 09/07/2015

 

Foto: que.es

Tras los atentados con explosivos perpetrados en Bogotá la semana pasada –por los cuales ayer miércoles fueron detenidos sospechosos, al parecer del Eln–, el fiscal Eduardo Montealegre decidió salir a amedrentar a la ciudadanía.

El jefe del ente investigador dijo que los ciudadanos “solo pueden entregar… material fílmico, de videos, de audio y de cámaras a las autoridades competentes, es decir, a la Fiscalía o a la Policía Judicial”. Y sostuvo, incluso, que “si los ciudadanos o las empresas entregan este tipo de material a personas distintas a las autoridades, pueden estar incurriendo en conductas punibles señaladas con pena de prisión en el Código Penal”. Tal parece, pues, que el fiscal no tiene claro que a quienes debe amenazar con cárcel es a los responsables de los atentados y no a los ciudadanos.

La Fundación para la Libertad de Prensa respondió a las desatinadas declaraciones del fiscal afirmando que estas palabras “son intimidatorias hacia la ciudadanía… El fiscal confunde las reservas de las investigaciones criminales con los límites constitucionales a la libertad de expresión” y que son “mensajes propios de regímenes autoritarios o sociedades de miedo que son contrarias al ideal de ciudadanías libres y deliberantes que protege la Constitución”. Clarito.

Es común esa gran falacia de la que echa mano el jefe del ente investigador para perseguir la libertad de prensa: creer que los responsables de esta barbarie son quienes informan sobre ella y no quienes la protagonizan. Pensar que el flujo libre de la información se debe controlar pisando los derechos por un supuesto bien mayor. No. El ente investigador no debe estar persiguiendo ciudadanos que, antes que todo, buscan informar y ser informados para que la ciudadanía actúe de la mejor manera en esos momentos difíciles.

Tampoco se puede salir a acusar a los ciudadanos y a los medios de obstrucción a la justicia. Y mucho menos echarle la culpa a la ciudadanía si es que las investigaciones no llegan a buen término. No es la intención de los ciudadanos ni de los medios de comunicación torpedear investigaciones y si bien se entiende la intención de que a la hora de difundir estos videos se tenga claro que estos no son un montaje o un intento atroz de causar mayor terror, no es con censura previa como ello se garantiza en un Estado de derecho. ¿O qué entonces? ¿Que la ciudadanía no se informe sino por la voz oficial? Este sería un gravísimo mensaje, sobre todo en momentos en los que se requiere información completa, imparcial y veraz.

Terminó teniendo mayor sensatez –créase o no– el procurador Alejandro Ordóñez, así resulte absurdo que pida al presidente que “corrija inmediatamente” lo dicho por el fiscal, como si fueran uno solo y no existiera división de poderes en este país. “Imagine –le escribe Ordóñez– que en Francia se procesara penalmente a los ciudadanos que con sus teléfonos grabaron el ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo o en Estados Unidos se castigara con cárcel a quienes grabaron videos del atentado en la maratón de Boston, que sirvieron para identificar a los terroristas y consolidar el rechazo ciudadano al terrorismo. Con todo respeto, ¿a quién le cabe en la cabeza?”.

Buenos ejemplos, toda la razón.

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