Luis Alfredo Ramos (1)

Siempre Luis Alfredo Ramos se sometió con limpieza al rigor de las urnas: a sus 21 años, en 1970, fue elegido Concejal de Sonsón (Antioquia) por el Partido Conservador. A partir de ese momento su carrera política fue siempre ascendente: Diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante a la Cámara, Senador de la República, Ministro de Comercio Exterior, Embajador ante la OEA, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia. Siempre actuando con brillo, siempre reconocido como gran gestor y eficaz servidor público (unánimemente declarado mejor Alcalde y mejor Gobernador del país).

¿Cuarenta y tres años de servicios al país terminarán abruptamente por una decisión política -que no jurídica- de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala ordenó la captura de Luis Alfredo Ramos. Él se presentó ante las autoridades y en consecuencia se ha producido su retiro automático de la carrera por la Presidencia.

¿Cuál es el hecho real? ¿El hecho político o el hecho jurídico? ¿Luis Alfredo se retiró de la carrera porque ordenaron su captura u ordenaron su captura para que hacer que se retirara de la carrera por la Presidencia?

Insistamos para entender la desmesura jurídica, social y política de la expedición de una orden de captura contra Luis Alfredo: cuando se produjo, Ramos fungía como precandidato a la Presidencia de la República y,  al lado de Francisco Santos, era la carta fuerte del uribismo para derrotar en 2014 a Juan Manuel Santos como el inquilino de la Casa de Nariño.

¡"Son sus vínculos con la expansión paramilitar en Antioquia los que lo condenan y la prueba está en el expediente”, nos responderá, sentencioso y con pose de predicador,  León Valencia,  el desmovilizado comandante "Gonzalo del ELN"!

Bueno. Vayamos entonces al expediente.

¿Qué pone en prisión y fuera de la carrera por la Presidencia a Luis Alfredo Ramos?

En 2004, en una finca del municipio antioqueño de Bello, invitado por el entonces congresista Óscar Suárez Mira, Ramos asistió a una reunión con Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Baez”. Ese personaje es un criminal confeso y un grandísimo demagogo. Todo el mundo lo sabe y la sabía. Comencemos, entonces, por sentar la tesis jurídica de que una reunión con delincuentes, en sí y por sí, no es delito. Si así lo fuera, habría que construir nuevas cárceles para meter a todos los alcahuetas y simpatizantes que se han reunido con los terroristas de las Farc y del Eln. A Enrique Santos, hermano del presidente, por ejemplo, quien ha tenido numerosísimas reuniones con los terroristas de las Farc, pues, según su propio hermano Juan Manuel, Presidente de Colombia, Enrique es muy influyente entre esos “comandantes”.

Insistamos. Todo el mundo sabía ya en 2004 que “Baez” era un criminal. ¿Fue por ello una reunión ilegítima la que se sostuvo con él? ¡Pues no! ¡No fue ilegítima ni constituyó delito! Primero, por lo ya aducido sobre reuniones con delincuencia. Segundo, porque regía una ley que permitía y reglamentaba la negociación con grupos armados ilegales. Y, para el efecto, el gobierno nacional tenía la facultad de expedir credencial y salvoconducto a los representantes de la organización criminal que decidiese entrar en un proceso de paz.

En la fecha de la reunión, la organización de alias “Ernesto Baez”, las AUC, estaba en una negociación con el gobierno. Y, ¡sí!, “Baez” tenía una credencial oficial en su bolsillo que le permitía moverse por todo el país y reunirse con todo aquel que le pidiera cita o a quien él le pidiera cita.

En esa reunión celebrada en Bello, según la versión de todos los asistentes, se habló de una idea perfectamente legítima y necesaria para el buen desenlace del proceso de paz en marcha: la entrega definitiva de todos los “comandantes” de las autodefensas. ¿No era conveniente que culminara con éxito el proceso iniciado desde 2003, tendiente a su desmovilización? ¿Qué de malo tuvo que en esa reunión se oyeran ideas y propuestas perfectamente legítimas sobre el probable y mejor marco jurídico que regulara obligaciones y derechos de los desmovilizados?

¿Cuál es entonces el delito cometido por Ramos al asistir a una reunión en la que estuvo presente “Baez”, negociador de las AUC acreditado por el gobierno nacional? ¡Ninguno!

(Mañana: los nexos entre la captura de Luis Alfredo y el auto dictado por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo)

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