Domingo 22 de Octubre del 2017

Luis Alfredo Ramos (2)

Autor(a): José Obdulio Gaviria  | 

Fecha: 12/09/2013

Exclusivo para FCPPC

Un saludo solidario al parlamentario Oscar Arboleda Palacio, nueva víctima de de la conspiración judicial cuya denuncia hacemos en esta saga de artículos titulados “Luis Alfredo Ramos”.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dicen perseguir los pactos o alianzas entre políticos y paramilitares, sobre todo para los comicios de 2002 y 2006.

No entremos en las honduras de esos procesos. Valga sí recordar que el libro Paramilitarismo, verdades y mentiras, recoge nuestras críticas al sesgo político y prevaricador con el que se orientaron esas investigaciones.

Allí se trató el caso Luis Alfredo Ramos. Denunciamos cómo León Valencia fue quien, en últimas, señalaba a las víctimas de la persecución judicial para inhabilitarlos como conductores políticos. El Fiscal General de la época, Mario Iguarán, en un acto de rastrerismo y pusilanimidad sin antecedentes, asistió al lanzamiento del amenazante libro de Valencia y allí pronunció una frase que resume, como ninguna otra en la historia judicial de Colombia, el designio prevaricador. Dijo: “me inclino reverente ante esta investigación”. Ahora, años después, cuando la Sala Penal de la Corte dictó la orden de captura contra Ramos, Valencia publicó una columna en la revista Semana preciándose de haber inducido a los magistrados a actuar contra el precandidato presidencial.

Aduce Valencia en su columna que en el encuentro entre Ramos y Báez –celebrado en 2004- se realizó un pacto político con los paramilitares con efectos retroactivos, es decir,  para incidir en los resultados de las elecciones  de 2002, en las que Ramos fue el Senador más votado de Colombia.

En aras del debate, digamos que hay un error cronológico; que de lo que la Sala acusa a Ramos es de pactar con “Baez” su apoyo para la campaña de 2006. Tampoco casa. Ramos no presentó su nombre para las elecciones al Congreso de ese año. Su siguiente cita electoral fue en 2007, cuando se postuló como candidato a la Gobernación de Antioquia en 2007.

Y las cifras como candidato a la Gobernación son la mejor refutación de los infundios y mentiras de León Valencia. ¿O pretenderá que una expresión política tan contundente y masiva, como su votación para la gobernación, puede calificarse “alianza criminal”?

¿Pretenderá acaso que más de un millón de antioqueños obraron por miedo, chantaje o remuneración al depositar su voto?

Ramos nunca hizo pactos con terroristas u otro tipo de criminales para conseguir votos en sus más de 40 años como dirigente político. Pero cuando la justicia se politiza y se convierte en martillo de una corriente para destruir a otra, se vuelve “crédula” ente sus amigos y “escéptica” ante los enemigos. Será una justicia que le cree a los delincuentes mentirosos, que para rebajar sus penas o buscar comodidades en las cárceles, están dispuestos a declarar en contra de los miembros de la fracción política a la que esos jueces quieren perseguir; y hará oídos sordos a las declaraciones que hagan en contra de sus amigos políticos. ¿No está eso evidenciado en las decisiones de impunidad respecto a los “farcpolíticos” o en la decisión de declarar la nulidad de las pruebas encontradas en el computador de alias “Raúl Reyes”?

Ya en 2007 la propia Corte Suprema había compulsado copias para que la Fiscalía investigara supuestos vínculos de Ramos con paramilitares. ¿El motivo? Un enfermo mental llamado José Raúl Mira Vélez le dijo al alto tribunal que en 2000 hubo una reunión en Medellín con la participación de Ramos, el hoy general en retiro de la Policía Rubén Carrillo y un paramilitar apodado “Jota”, a fin, según Mira, de que él organizara a los paramilitares de Medellín y les diera entrenamiento militar porque, “se estaban portando mal”. Semejante locura fue archivada poco tiempo después por la Fiscalía que debió concluir que Mira era uno de esos testigos parecidos a un criminal llamado “Pitirri”, quien vive en Canadá inventando historias contra todo el mundo.

Vistos estos antecedentes, todo apunta a que el crimen cometido por Ramos fue haber anunciado públicamente su precandidatura a la Presidencia por el uribismo.

¿Es normal que un político como Ramos esté en prisión por una reunión legítima celebrada hace nueve años? ¿Es normal desempolvar una investigación cuando se está cerca de un año de elecciones? Desde luego que no.

A un amplio sector de la justicia colombiana le dio por hacer política con sus decisiones. O si no, ¿qué otra cosa mueve a los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín? Ellos, en una providencia inaudita, destilaron en una providencia del 2 de septiembre todo su izquierdismo y su bronca hacia el Expresidente Álvaro Uribe,  las Fuerzas Militares y varios políticos y empresarios antioqueños.

En uno de los apartes del documento firmado por Padilla Cogollo y Rincón, se dice que “no sólo el Ejército estuvo vinculado (a los paramilitares), sino que el Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a éstos desde 1983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento…”.

Y sobre Uribe, en unos términos que seguramente en la redacción de un pasquín comunista se evaluaría su publicación, el texto “judicial” dice que Uribe debe ser investigado porque su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, fue uno de los promotores de las Convivir en Antioquia, “que van a ser un germen del paramilitarismo”.

La participación en un acto político-social, público y legal, en las instalaciones de un hotel de Bogotá, el Tequendama se convierte en la providencia de Pinilla en un acto ilegal y clandestino. El exmandatario, dice, “está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho general (Rito Alejo Del Río), después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino exclusivamente desde el exterior y actuó como oferente y orador”.

Y para mayor asombroso aún, Pinilla y Rincón dicen que “no puede ser que (Uribe) ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos (de supuestas actividades paramilitares), o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.

¿Con qué autoridad estos dos magistrados se meten en temas que no son de su competencia investigativa? ¿Por qué semejantes juicios de valor?

Eso sí, en ninguna parte del documento se menciona a la guerrilla como generadora de gran parte de la violencia colombiana de los últimos 50 años.

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