Siempre “enemigo de la injerencia” de otros países, ahora el gobierno de Venezuela ve con mejores ojos un diálogo con mediación en Santo Domingo, que aceptar la activación de la Carta de la OEA.

En un país que día a día se ve más inviable, reventado de contener el aire al presenciar tanta escasez, inseguridad y falta de garantías constitucionales, el descontento ciudadano creciente está convertido en la sombra del presidente Nicolás Maduro. Una sombra que lo acosa y le pesa, mientras que la oposición trabaja sin tregua para que se apruebe un referendo revocatorio y al tiempo que desde el exterior se reclama activar la Carta Democrática Interamericana, para impedir que se disuelvan -quién sabe de qué manera y con qué consecuencias- el Estado y la democracia venezolanos.

Los malabares de la retórica nacionalista que sale desde el Palacio de Miraflores son cada vez más incapaces de cambiar la realidad. Mucho menos sirven las medidas de excepción para obligar la inactividad transitoria de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Por eso hace rato la oposición exige una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a lo que el secretario General del organismo, Luis Almagro, responde con la idea de invocar la Carta Democrática Interamericana, para examinar y buscar salidas a una situación política, social y económica cada vez más explosiva.

La ola de exiliados en medio de la depresión venezolana no se detiene. Hacen maletas para Estados Unidos, España, Colombia, Panamá y Ecuador. Y quienes se quedan para dar la pelea desde la orilla de una oposición reprimida, deben enfrentar toda clase de vulneraciones a los derechos constitucionales que ni el poder Judicial ni el Consejo Nacional Electoral ni mucho menos el Gobierno protegen.

Aunque la Carta de la OEA solo provocaría sanciones políticas, diferentes analistas coinciden en la pertinencia de que se le invoque porque en Venezuela la separación de poderes, su independencia, está perdida: el Legislativo no puede actuar limitado por los decretos de excepción, el Tribunal Superior de Justicia no oculta su parcialidad favorable al Gobierno, ajeno a cualquier controversia, y el Consejo Nacional Electoral dilata, por ejemplo, la revisión de los casi dos millones de firmas recogidas por la oposición para exigir el referendo revocatorio.

Lo observó esta semana el vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez: “las autoridades electorales que se pongan a tono con la historia, con el sufrimiento del pueblo y liberen las barreras que impiden que el referendo se realice este año”.

Mientras que descalifica las sugerencias desde la OEA, Maduro le responde con procacidad a su Secretario: (la carta) es “una entelequia”, un documento que se puede guardar “donde le quepa”.

Aunque el viernes pasado los acercamientos de las partes en Santo Domingo, con la mediación de expresidentes y figuras cercanas a la Unasur, terminó en una feria de recriminaciones, esta semana en la TV oficial Maduro planteó a la oposición retomar las rondas de República Dominicana. Los espacios para maniobrar y los tiempos para reinventarse son cada vez más estrechos.

El presidente venezolano intenta postergar cualquier factibilidad de referendo en 2017, con el ánimo de hallar fórmulas para reencaucharse. Pero la oposición, tanto por sus intereses políticos como por el desespero popular, apura para que desde la OEA, o desde las mismas alternativas constitucionales internas, Venezuela pueda desmontar un gobierno que lleva a la nación camino del desfiladero.