Mafias en la contratación

Que el boom de la infraestructura sea una oportunidad para que al mercado de las obras públicas no solo entren los grandes empresarios del sector, sino también los medianos y pequeños.

Los ánimos están crispados y la indignación nacional ha alcanzado temperaturas de ebullición. Sin duda, un panorama atribuible, en buena medida, a los recientes escándalos de corrupción protagonizados por algunos personeros de la justicia en Colombia.

Si bien es cierto que los tentáculos de la corrupción parecen ensañarse por estos días con la Rama Judicial, sus alcances se perciben de igual manera al revisar la contratación de obra pública en las regiones. Para comprobarlo, solo hace falta dar un vistazo a las conclusiones del Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según las cuales un 65 por ciento de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país –durante el 2014– terminaron favoreciendo una única oferta.

La situación en los departamentos no fue muy distinta, pues en un 35 por ciento de los contratos celebrados allí ocurrió lo propio. Pero hay más. En Bogotá, el 58 por ciento de los procesos adelantados por las alcaldías locales terminaron dándole luz verde a una sola propuesta.

En términos pragmáticos, esto evidencia un sistemático proceder dentro de algunas entidades territoriales que se han dedicado a confeccionar –al mejor estilo de un sastre exclusivo– las condiciones habilitantes de los contratos, para que su diseño solo pueda lucirlo quien hace el encargo a la medida de sus intereses.

Sin rodeos, esto es una mafia que se enquistó en el territorio nacional. Pero ¿cuál es el modus operandi que rodea el fenómeno? Todo está resumido en una estratagema compuesta por tres modalidades: la primera es cuando el estructurador de un pliego de condiciones hace hasta lo imposible para que solo una firma pueda cumplir con las exigencias solicitadas.

La segunda modalidad –más elaborada– se da cuando un variopinto grupo de oferentes se presenta a determinado proceso a sabiendas de que solo uno de ellos puede cumplir; lo hacen ex profeso y con el fin de aparentar pluralidad. Y, finalmente, aparece el método restrictivo, que, como su nombre lo sugiere, restringe la participación y viola un principio básico de la contratación: la presencia de múltiples oferentes.

Más preocupante aún es saber que tras esta maraña se esconden diferentes actores, que a la larga son los encargados de echar a rodar el plan. Como en una saga policiaca, los protagonistas son un gamonal corrupto, que hace la intermediación entre una entidad contratante, y un contratista de igual calaña.

De frente a un escenario tan escabroso, las preguntas que surgen no son menores: ¿cómo ponerles coto a estas prácticas? Y ¿quiénes son los más perjudicados?

Para responder el primer interrogante, insistimos en que la única manera de ponerle la jáquima a este flagelo es implementando los pliegos ‘Tipo’, que no son nada distinto a un mecanismo encaminado a unificar las reglas del juego a la hora de contratar y acabar con la discrecionalidad del funcionario.

En relación con la segunda pregunta, los más perjudicados con el lastre de la corrupción son los propietarios de las pymes de ingeniería que –de cara a esta realidad– solo tienen la opción de ver impotentes cómo se cierran las puertas de la participación ante sus ojos.

Así las cosas, el llamado que hago desde esta tribuna es para que el boom de la infraestructura sea una oportunidad para que al mercado de las obras públicas no solo entren los grandes empresarios del sector, sino también los medianos y pequeños. Para que este anhelo pueda cristalizarse, no obstante, se hace necesaria una mano implacable que tenga los arrestos de enfrentar sin contemplación las prácticas corruptas.

Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

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