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Jueves 21 de Junio del 2018

Mano negra y terrorismo

En 1883 hubo un gran despliegue, particularmente en España, sobre la organización La Mano Negra, supuesta asociación anarco-terrorista secreta, sindicando de pertenecer a ella a los líderes de las organizaciones que  reivindicaban los derechos de los  trabajadores del campo,  las cuales tenían acercamiento con las tesis  que se difundían en Europa  a la luz de la teoría marxista, cuyo principal ideólogo fallecía en Londres,  en el mismo año.  

Los sonados casos, que   reconocían el hondo problema social que encubría el turbio asunto de La Mano Negra, terminaron en tribunales  de la época  con encarcelamientos y condenas a muerte de los líderes  acusados  de perpetrar crímenes a nombre de dicha organización,  razón por la cual la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE)  declaró en aquel entonces :

"Conste una vez más que nuestra Federación nunca ha sido partidaria del robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato, sepan también que no hemos sostenido ni sostenemos relaciones con lo que llaman Mano Negra”.

Queda claro  a quienes se puede llamar hoy La Mano Negra : a los que utilizan  el terror , desde cualquier flanco,   para imponer sus tesis  antidemocráticas,  y lo que recuerda la historia  reciente de nuestra democracia  es que a ningún Jefe de Estado se le ocurrió tildar con ese epíteto a quienes , ejerciendo la libertad de opinión, hacen críticas a sus obras de gobierno.

Muchos ,  haciendo uso de tan sagrado derecho, denostaron contra el anterior gobierno  sin que jamás se les hubiera endilgado tal  calificativo. Y lo más saludable,  para beneficio de la democracia,  sería que el gobierno  de los colombianos  denunciara  la existencia de dichas Manos Negras clandestinas, en cualquier esfera, incluyendo las oficiales, que puedan estar  al servicio del terrorismo  con el propósito de desestabilizar  la institucionalidad democrática que el país ha ganado en los últimos años.

Las divergencias constructivas frente a los actos o proyectos de gobierno, como sucede en cualquier democracia,  no pueden quedar incluidas en tal propósito , así  como nunca lo fueron las críticas que provinieran de la “izquierda, el centro o la derecha” al gobierno de la Seguridad Democrática,   a diferencia de las que, con saña  demencial, aún continúan haciendo los prosélitos  soterrados del terrorismo a nombre de la libertad de opinión.

Nosotros, desde el Observatorio Legislativo del CPPC,  continuaremos cumpliendo la misión  evaluativa de los proyectos y acuerdos legislativos como el de la Ley de Víctimas,  por lo cual  decíamos ayer que  “ha suscitado gran debate la identificación y calidad de las víctimas y victimarios; el ámbito de su aplicación en tiempo y espacio para sus beneficiarios; la integralidad y límites de la reparación; la  concreción de las acciones que implica  dicha  reparación; la correspondencia  del desarrollo de estas acciones con las demás políticas  sociales en marcha dentro del marco de una economía equitativa y competitiva que  demanda la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado en un  mundo global y convulsionado como el de hoy.

Así mismo sostuvimos que cuando entre en vigencia la Ley “obligará al  gobierno a asumir  responsabilidades,   que todavía están siendo dimensionadas” ,  ….. “para los colombianos que han sido y son sujetos  ciertos de la violencia de los grupos armados ilegales  que le  han “declarado la   guerra” a la sociedad”.

También hemos tenido en cuenta  la opinión de los que alertan que en su contenido puede estar abierto el camino para una nueva violencia, al no delimitarse claramente tanto las  pretensiones como las garantías de seguridad para la concreción de los derechos a las víctimas y  a los desheredados de la tierra”.

Concluyendo,  solidariamente en nuestras consideraciones , que toda “medida encaminada a reparar a las víctimas  por la acción violenta de los grupos al margen de la ley,  suscita el apoyo  de los colombianos que anhelan  caminos de  paz para enfrentar la tragedia del desplazamiento con acciones  gubernamentales  que,  de acuerdo al contenido de la ley que se apruebe , contribuya en términos reales y factibles  a  la reparación de las víctimas”….velando para que la aprobación  de este proyecto y la aplicación del mismo corresponda a la concreción de sueños que guarden correspondencia con la realidad  nacional a fin de que no se conviertan en nuevas frustraciones”.

Ojala la advocación presidencial del nombre de Mano Negra, que parece más bien encaminada a  crear temores en quienes le critican, no sirva para entusiasmar, aún más, a los terroristas que encontraron un portillo en la Ley de Víctimas  para exigir el carácter de insurgentes contra el Estado y se atreven a calificar, desde  la augusta majestad del  Congreso,  al ex – presidente Álvaro Uribe de criminal de lesa  humanidad, con la permisividad de la Comisión de Acusaciones, aduciendo  el  carácter  de  “víctimas".  

 

     Alfonso Lorza

     Dir Observatorio Legislativo CPPC

     Bogotá,  Junio  17  de 2011.

 




 


 


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