MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ: DOCUMENTO PUTREFACTO

En las postrimerías del mandato de Álvaro Uribe Vélez, los colombianos nos  sentirnos orgullosos de entregarle la continuidad del gobierno de Seguridad Democrática a una persona en quien confiábamos plenamente, pero también, nunca hemos tenido una mayor decepción,  para sentirnos avergonzados de haber votado por Juan Manuel Santos.

El gran filósofo griego Sócrates, aconsejaba al ser humano: “Conócete a ti mismo”. Que buena advertencia para el administrador de la Casa de Nariño porque detrás de esa recomendación  hay obviamente, una alegación de incógnita o un ensordecedor de ansiedad, indispensable, porque el presidente Santos  cambió el proyecto que lo llevó a la primera magistratura, modificando y desconociendo una afirmación de responsabilidad indelegable, por su soberbia equivalente  a navegar sin brújula, confiar en el azar,  renunciando al rol de administrador  y entregando a Colombia en manos y cabeza de leninistas y stalinistas.

No podemos permitir ni confiar en el aciago presidente Juan Manuel, que al legislativo y al judicial lo arregla con mermelada, fondos de nuestros propios bolsillos, y con acuerdos en la Habana en donde los narcoterroristas se burlan del pueblo, razón por la cual jamás habrá paz en Colombia, pues la violencia desatada será peor, cuando entren al parlamento los narcoterroristas enfermos de odio y  envidia; tendremos que  tener los ojos abiertos y los oídos despiertos.

La  sociedad no puede permitir la política del avestruz, dejándose enterrar la cabeza en la arena de las playas de la Habana y permitir que se siga jugando con el destino de nuestro país, con el slogan de  que el que venga atrás que arree.

“El marco jurídico para la paz”, es un documento corrompido, una norma para legalizar el narcoterrorismo, un instrumento de impunidad para llevar a los narcoterroristas a los poderes públicos; y la espuria “ley de tierras”, un instrumento que esconde la legalización de las fincas arrebatadas por las farc a los campesinos en 50 años de vivir en contra del sistema, asesinando, secuestrando, desplazando, a sus legítimos propietarios, confabulados con funcionarios de notariado y registro, farcpoliticos con quienes  la justicia ha sido permisiva, y otras que han acumulado por compra con multimillonarios recursos que da ser el mas grande cartel de las drogas, comprando todas las hectáreas que han querido, y “la ley de tierras” les  legaliza  aberrantemente el botín adjudicándoles lo que exigen, nueve  millones de hectáreas disfrazadas como zonas de resguardo campesinas.

Es realmente triste y aterrador que después de la atrocidad que cometieron las farc contra nuestros soldados acá en el Caquetá y en Arauca, a quienes asesinaron con tiros de gracia, después de los secuestros del gringo, civiles y soldados, y la filtración de  terroristas en las marchas campesinas y  mineros que paralizaron la economía del país, y las voladuras de  oleoductos, reclutamiento de niños hijos de campesinos para engrosar sus filas, Juan Manuel Santos tenga la desfachatez de ir a la Corte Constitucional a defender “el marco jurídico” para la impunidad de estos asesinos.

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