Los asesinatos colectivos, que por décadas se dieron en Colombia y que se esperaba desaparecieran con los avances ciertos en reconciliación, infortunadamente, después de cuatro años en franco descenso volvieron a tomar fuerza. Entre enero y noviembre de 2018 se dieron 16, que dejaron 78 víctimas, según el Ministerio de Defensa. En recuadros están las registradas por EL COLOMBIANO.

A pesar del Acuerdo con la guerrilla de las Farc, otras organizaciones armadas ilegales como el Epl, Eln, Clan del Golfo y las disidencias continúan en el escenario armado manteniendo la disputa del territorio. Esto ha desestabilizado la seguridad en muchas regiones, en consecuencia, los ciudadanos han llevado la peor parte.

Para el Ministerio de Defensa, se consideran masacres a partir de cuatro muertos. Sin embargo, en este artículo también incluimos los crímenes de los tres integrantes del diario El Comercio de Ecuador y los de los tres geólogos de la Continental Gold, asesinados en los departamentos de Nariño y Antioquia, respectivamente.

Las cifras que entrega el Gobierno confirman que 2018 se convirtió en el año más violento, en cuanto a masacres se refiere, de los últimos cuatro. En 2014 ocurrieron 8 que dejaron 37 víctimas, en 2015 fueron 11 casos con 46 asesinatos, en 2016 hubo 6 masacres con 26 muertos y 2017 terminó con 10 y 44 personas sin vida.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, cree que la mayoría de hechos en los que se registraron homicidios múltiples tienen que ver con el crimen organizado y lo que genera ese mundo delictivo.

“Esto es típico de un proceso de transformación de la violencia en el que las prácticas terminan siendo utilizadas por grupos organizados que no hacen parte del conflicto armado”, explica Restrepo, quien agrega que esos crímenes se asocian a disputas de estas organizaciones. “No son casos de venganzas, riñas familiares o disputas de tierras. Es una pelea por territorios”, añade.

Por su parte, Jerónimo Castillo, director del Área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, relaciona las masacres ocurridas con los movimientos civiles que hay en zonas donde se encuentran los grupos armados organizados ilegales.

“En regiones complejas, con presencia de grupos ilegales, hay unos movimientos de resistencia civil importantes y contra ellos se están dando ataques que han dejado personas muertas. Este es un fenómeno que pasa factura”, explica.

¿Cómo cambiar el rumbo?

Para los analistas, las soluciones que ha buscado el Estado, hasta ahora, para frenar el fenómeno no han sido suficientes.

Según Castillo, el aumento del pie de fuerza militar en zonas del país como el Catatumbo, Antioquia o Cauca, aunque es necesario e importante, no evitó que se presentaran ataques contra civiles, “por lo que es determinante una política del Gobierno para proteger a esas resistencias civiles. Ellos son la semilla de la civilización y de la paz en el país”.

Para Restrepo, las acciones contra el crimen organizado desde el fortalecimiento de la justicia serían claves para resolver el problema, “el ejemplo podría ser la ley de sometimiento”.

Una de las estrategias del Gobierno es la implementación del programa “Paz con Legalidad”, que tendrá como prioridad recuperar la confianza en los 170 municipios más golpeados por la violencia.

Esto plantea acciones específicas como: la intervención, fundamentada en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que benefician a 6,6 millones de personas. El tratamiento especial a víctimas en atención, reparación y apoyo de emprendimientos. Fortalecimiento del Fondo de Tierras que serán destinadas, precisamente, para los afectados en las regiones donde el conflicto arrecia, entre otros.

“Es una visión de largo plazo, con acciones concretas en los territorios y focalizada en los derechos de las víctimas, que articulará la presencia del Estado. El gobierno tiene claro el norte de la política de estabilidad: ya se hicieron los ajustes pertinentes y se definió su rumbo. Nos corresponde ahora a nosotros el trabajo de llevarla a cabo y convertirla en una realidad”, afirmó Emilio José Archila, Alto Consejero para la Paz.